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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Amalia López, integrante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, manifestó que la reciente Ley General de Recursos Hídricos, aprobada por la bancada oficial de Nuevas Ideas, y sus partidos satélite, no cuenta con un enfoque de derechos humanos, por lo que la convierte en un marco jurídico inviable a la realidad que viven miles de personas sin acceso al agua.
“Es garantía para el extractivismo, instrumento para la mercantilización de la vida de la población y la agudización de la crisis hídrica”, señaló López, al considerar que deja vacíos jurídicos y ambigüedades que pasarán factura a la población mayormente vulnerable económicamente.
Sobre sus rasgos “privatizadores”, López señaló que la nueva normativa, surgida en Casa Presencial, y aprobada en diciembre del año pasado, por el partido oficial, contiene mecanismos de exclusión social y contradicciones, que son preocupantes por el impacto frente a la crisis del agua y su saneamiento.
“Queremos aclarar que aunque participamos de la consulta que los diputados de la Comisión Ad Hoc, promovieron, nuestras propuestas no fueron tomadas en cuenta, pese a que los diputados dijeron que las tomaron -literal- pero estamos conscientes de que eso no fue así”, reseñó.
Sobre el texto de la ley, López mencionó el artículo 1, que en su inciso final señala “que el agua no podrá ser privatizada bajo ninguna circunstancia, que en su artículo 5 detalla que es bien nacional y de uso público. Y en el artículo 6 define el dominio público hidráulico, pero al compararlo con el artículo 71, este permite el desarrollo de autorizaciones, que riñen con el concepto de bien público.
“No hemos escuchado -tampoco- de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, nada en relación a la formulación del Reglamento de la Ley General de Recursos Hídricos, que debe estar listo antes de junio cuando entre en vigencia la ley”, afirmó.
“Es preocupante que muchas cosas se mandaron al Reglamento, y que no se diga nada, es más, la manera en que fue publicada la ley, parece que no tiene un carácter especial, como es un bien estratégico los bienes hídricos y el saneamiento que han quedado desfortalecidos, como lo señalaron los relatores especiales de Naciones Unidas (ONU), al derecho humano al agua”, sostuvo López.
Rodolfo Calles, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, expresó que hay artículos puntuales dentro de la nueva ley hídrica, que rayan en una “componenda bajo la mesa”, en donde el partido oficial sorprendió a la población, al aprobarla en fiestas de fin de año, cuando la gente dedicó su atención a las reuniones familiares. Lo que consideró la utilización de las prácticas del pasado cuando se aprobaba una ley con contenido sensible a los derechos ciudadanos.
“La ley publicada en el Diario Oficial, a principios de enero, y como acostumbra el presidente (Nayib Bukele) no se publicitó, y creo que pocos saben que es ley de la república, estos elementos tienen algo que ver en el contenido de esta ley”, afirmó.
“Hay cosas importantes que se pasan al Reglamento y nos interesa que ustedes como medios de comunicación pongan en punto de agenda la redacción de ese Reglamento, para tener conciencia de qué va a pasar con ese documento”, sugirió Calles.
Sobre los puntos importantes de la normativa que pasará al Reglamento, mencionó, Calles, en donde queda a discreción del presidente de la república, estar cambiando contenidos sin pasar por la Asamblea Legislativa.
“Cuando no les funcionen algunas cosas que ellos quieren o han establecido, entonces lo cambiará en el momento que para ellos sea conveniente; esto nos preocupa, porque es un elemento que no se tiene control o participación ciudadana y eso complica los temas de interés que están dentro de esa ley”, manifestó.
“A pesar de que los legisladores saben que no solo las personas que se abastecen de fuentes directas de agua hacen uso doméstico, plantean en el artículo 41, que las Juntas de Agua deban garantizar el tratamiento de las aguas residuales (saneamiento), lo cual, sin el apoyo técnico y financiero necesario puede generar la quiebra de las Juntas de Agua y la afectación al derecho humano”, explicó Calles.
En cuanto a la Gestión Pública, consideró que es el garante de que la población goce plenamente de sus derechos humanos, al crear cuerpos legales y políticas públicas que armonicen con el derecho internacional, pero que el texto la Ley General de Recursos Hídricos, se delimita a una gestión pública pero sin participación de la población.
“La actual ley (Recursos Hídricos) que tenemos, no es la que comunidades y organizaciones sociales quieren, luchamos por 15 años, esta es la ley que quiere el presidente de la república (Nayib Bukele)”, manifestó.
“Es una ley que de alguna manera los diputados no discutieron, sino que solo montaron un show mediático donde llamaron a participar a diferentes sectores, pero al final aprobaron lo que ellos querían, aunque buscaron que en el imaginario de la población quedara la participación”, indicó.
Sobre la gestión sustentable de cuencas hidrográficas, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua señaló, que ese enfoque convierte en mercancía este recurso natural en donde se garantiza que quien pueda pagar la factura, puede tener acceso a esta sin garantizar el bien común.
Asimismo, señalan sobre el régimen financiero, que calificaron de “injusto” al mencionar que el artículo 105 desarrolla un cobro de cánones por el uso del agua; el artículo 11 para el canon del vertido y el artículo 109 para establecer el cobro de abastecimiento de agua. Todos estos artículos no hacen distinción si estas redes son sin fines de lucro como las Juntas de Agua Rurales, lo que afectaría a la población vulnerable, sostuvo.
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