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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
En el contexto de la más profunda crisis financiera internacional que estallara en el año 2007 y 2008, thumb las finanzas públicas de muchos países fueron seriamente afectadas, sickness nuestro país no escapó del cisma y la finalización del mandato del último gobierno de Arena, requirió de una operación crediticia cercana a los 3 mil millones de dólares, lo cual supuso reconocer la deuda del fideicomiso de pensiones, del fideicomiso de seguridad y educación, convertir deuda de corto plazo en deuda de mediano plazo y reponer con bonos los fondos que el gobierno de Arena había de utilizar para pagos de proveedores. Ahora aquéllas decisiones que se convirtieron en deuda aprobada por la Asamblea Legislativa en los últimos días de abril de 2009, de manera mal intencionada son señaladas por los mismos usufructuarios como deuda en beneficio del gobierno del Presidente Funes.
La secuela de una crisis tiene sus afectaciones sociales, económicas y financieras pero además se las aprovecha políticamente. Así los que endeudaron al país, se olvidan de la crisis, de desvíos de créditos esfumados como los créditos que pagamos ahora por un Hospital de Maternidad y un Bulevar; por equipamiento y reparación de hospitales que nunca ocurrieron y que la Fiscalía tiene pendiente investigar. Son los mismos personajes y entidades que hoy señalan el endeudamiento del país, lo critican y saben perfectamente que ese endeudamiento heredado se ha pagado en miles de millones de dólares en los últimos seis años.
Aquí y en otros países se impuso apareció la idea de leyes de “la responsabilidad fiscal”, algo que debió existir antes, en el presente y en el futuro, pero al referirse a ella no todos pensamos igual, aquellos que endeudaron al país, que privatizaron sus bienes, que impusieron compromisos futuros al Estado como las pensiones, son abanderados del recorte del gasto. Olvidan que el marco para el manejo fiscal está en nuestra Constitución que marca la potestad de imponer y cobrar tributos, elaborar y ejecutar el presupuesto, de establecer normas para el endeudamiento y define los servicios fundamentales que deben asegurarse para procurar el bien común.
Es en armonía con la constitución que cobran sentido las leyes para asegurar a sectores menos favorecidos, programas sociales en beneficio de la niñez, las mujeres, los campesinos y productores agropecuarios, la juventud y otros. Al legislar, la Asamblea Legislativa está obligada a ser coherente y asegurar la capacidad del Estado para la gestión del desarrollo, de regular los desajustes del mercado y redistribuir la riqueza; cualquier regulación de las finanzas en el corto y mediano plazo debe contemplar la sostenibilidad del desarrollo social de nuestro país, promover que los desequilibrios del sistema acumulados a lo largo del tiempo, puedan disminuir por la vía del crecimiento de la economía. Históricamente la crisis ha sido de ingresos.
Es fácil decir que el gasto de educación debe alcanzar el 6% del PIB, que el de salud debe llegar al 5%, para ello se requiere de un incremento de la presión fiscal; pero cuando se habla de lo último se niegan a que quienes tienen más capacidad aporten a una mayor tributación, anularon incluso la declaración patrimonial que podía servir de parámetro para un análisis serio de la justicia tributaria. Esos mismos acuden a la Sala de lo Constitucional para que les ayuden a no pagar impuestos correctamente, desangran al fisco con sus demandas y su influencia en el sistema de justicia.
Si el país ha de entrar al campo de regulaciones de responsabilidad fiscal es necesario que esta sea vista en doble vía, el ingreso y el gasto, las obligaciones de prestar servicio a la sociedad para procurar su sobrevivencia y desarrollo, y el deber de realizar cualquier gasto con racionalidad, probidad y sentido de justicia.
FUSADES y otros analistas con frecuencia señalan como irracional la existencia de los subsidios; pero jamás hacen lo mismo con el gasto tributario (perdón de tributar a empresas y organismos no gubernamentales); uno se pregunta, ¿Sí es racional mantener estos privilegios de manera indefinida?, una ley de responsabilidad fiscal impondrá deberes nuevos al gobierno, más no le quita las obligaciones viejas e incumplidas con el desarrollo humano y social de la gente.
El FMLN está en favor de una ley de responsabilidad fiscal que vea el tema en esta doble dimensión, el derecho de la gente y el deber del Estado de procurar en conjunto el desarrollo del país. Más que una atadura a la inversión pública, se requieren acuerdos para aumentar ingresos por la vía del crecimiento, de una presión fiscal apropiada y justa que obligue a contribuir más a quienes más pueden.
