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@GloriaCoLatino
Maythe Recinos, no rx represen-tante del Instituto de Investigación y Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU), view reiteró un llamado a los legisladores para que agilicen la discusión de la “Ley de Seguridad Alimentaria Y Soberanía Alimentaria”, sovaldi cuya normativa, de 101 artículos, solo 9 han sido aprobados.
“Estamos haciendo un llamado también a la población y otras redes de organizaciones para unirnos para exigir a los legisladores y legisladoras aprobar esa ley que garantice la seguridad alimentaria en el país”, afirmó.
Las organizaciones HOPAC, ANADES, IMU, ASPS y la RUM, también lanzaron la “Alianza Ciudadana por la Soberanía Alimentaria en El Salvador”, en el marco de su proyecto “Generando Incidencia para promover el Enfoque de Derechos Humanos en el Ámbito Social”, que cuenta con el financiamiento del Individuell Människohjälp Central América-IM.
La nueva Alianza Ciudadana promoverá que la legislación y políticas públicas que garanticen la soberanía alimentaria en el país debe enfocarse en el derecho amplio a contar con agua, salud, medio ambiente y adaptabnilidad frente al cambio climático.
“Manifestamos nuestra preocupación ante los efectos causados por la sequía en nuestro país, que agrava el acceso a los principales productos de la Canasta Básica, frente al impacto de las familias productoras que perderán sus cosechas por las inundaciones de las últimas semanas”, dijo.
Recinos explicó que solo en el departamento de La Unión, el más afectado por la sequía, sus producciones destinan regularmente 72.9% para su autoconsumo; el 18% para venta y el 8.7% para el consumo animal y un 0.40% para semilla, situación que eleva las probabilidades de carestía e incremento de la desnutrición infantil en la zona rural y en especial en el Oriente del territorio nacional.
“La producción de gases invernadero que elevaron el porcentaje del calentamiento global y el impacto de los cambios en el medio ambiente están afectando directamente a los habitantes de las zonas vulnerables”, consideró Recinos.
Mientras, Eva Sánchez, de la RUM, hizo una serie de propuestas relacionadas con el respeto al medio ambiente, equidad de género y de solidaridad sin discriminación.
“La Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria debe garantizar el derecho a toda persona a su alimentación, el acceso a productos sanos y nutritivos que pueden canalizarse a través de la producción agroecológicas”, expresó.
Asimismo, demandaron del Estado un trabajo de forma sostenible para evitar la especulación de algunos comerciantes de los precios de los productos de origen agrícola y que se reconozca a los pueblos originarios y su cultura, y el respeto a sus prácticas ancestrales.
“Se deben incluir medidas de gestión de riesgo, prevención de desastres, reducción de la vulnerabilidad y el aumento de la capacidad que tienen las comunidades para recurperarse de los desastres. Y en la COP 21, que el Estado salvadoreño declare el reconocimiento de la región centroamericana como una de zona de interés estratégico y altamente vulnerable frente al Cambio Climático”, puntualizó.
