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Rigoberto Palma
Los gobiernos de ARENA no quisieron aprobar una ley de transparencia del sector público. Tampoco la querían los gremios de la empresa privada ni las ONG vinculadas a ARENA, viagra como FUSADES y otras que nunca se pronunciaron sobre la corrupción de los gobiernos de ese partido. Pero desde que la ley se aprobó en el gobierno de Funes y el FMLN, esos sectores de derecha se la pasan pidiendo información para ver si encuentran alguna falla en el manejo de los recursos públicos.
Algunas ONG de derecha hasta cuentan con financiamiento de organismos internacionales para averiguar el más mínimo uso de los recursos del Estado, o sea, se están haciendo “expertas” en transparencia para tratar de afectar al gobierno y seguir viviendo de la cooperación. Sin embargo, no pueden demostrar ningún caso de corrupción en los gobiernos del FMLN.
Recientemente el Secretario de Transparencia del Gobierno, Marcos Rodríguez, se refirió a la necesidad de la transparencia privada, un tema que no les agrada a los gremios de la gran empresa ni a las ONG “expertas en transparencia” y que trabajan para ARENA. Marcos dijo lo siguiente: “no alcanza con un gobierno abierto, necesitamos una sociedad participativa, transparente, medios de comunicación más transparentes, empresa privada y mercados más transparentes, fundaciones más transparentes”.
Lo dicho por Marcos Rodríguez provocó la inmediata reacción de la señora Lilian Arrieta, funcionaria de FUSADES, quien considera que “hay que distinguir entre la transparencia gubernamental, que es una obligación por ese vínculo entre el representante y el representado, de la transparencia de otros sectores (…) personal, empresarial, gremial, eso ya puede ser algo que sume a un ambiente de transparencia en el país pero que no es una obligación”. En otras palabras, para la señora Arrieta los empresarios no están obligados a ser transparentes. ¿Por qué? ¿A qué le temen los directivos de FUSADES?
Es obvio que el pueblo debe conocer información del gobierno, pues éste se sostiene con el dinero de los impuestos, pero también debe conocer algunas acciones de las empresas privadas, que tienen compromisos legales con el Estado y con sus trabajadores y trabajadoras.
El 60% del dinero que recauda el gobierno proviene de los impuestos que paga la población, como el IVA, los aranceles y otros. Del 40% restante, el 20% proviene de la renta sobre los salarios. De manera que el pueblo le da al gobierno 80 dólares de cada 100 que éste recauda. El otro 20% del dinero lo pagan las empresas principalmente del impuesto a sus ganancias. Pero el pueblo no le da el dinero de los impuestos directamente al gobierno, sino a las empresas, para que éstas se lo pasen al gobierno. Por ejemplo, cuando alguien compra en un supermercado paga IVA, pero quien agarra el dinero de ese impuesto es la empresa, la cual debe mandárselo al gobierno. Lo mismo sucede cuando una empresa le descuenta a un trabajador o a una trabajadora el impuesto sobre su salario, dinero que le debe mandar al gobierno.
De lo anterior se infiere que si una parte del dinero que el pueblo paga por los impuestos no le llega al gobierno se queda en manos de las empresas. Eso se llama evasión de impuestos. Quien evade no es el pueblo, sino las empresas que le cobran los impuestos al pueblo. Los datos oficiales muestran una evasión de 28%, es decir, de 1,530 millones en 2013,
Muchas grandes empresas también alteran precios, venden productos vencidos, violan las leyes laborales y cometen otros delitos. Abundan las denuncias sobre esas prácticas ilegales.
Esas y otras violaciones al marco legal muestran la doble moral de muchos oligarcas, quienes se pronuncian por la transparencia, critican todos los días al gobierno y al mismo tiempo evaden impuestos y comenten otros delitos. La mayoría de ellos pertenecen a ARENA.
La Defensoría del Consumidor y la oficina de Transparencia de la Presidencia le dan un buen servicio al pueblo cuando divulgan información sobre las empresas que cometen delitos. Pero la población tendría más información si se aprobara una ley que obligara a las empresas a hacer públicos sus estados financieros, los impuestos que pagan, los salarios por plazas, los nombres de sus dueños y otras informaciones relevantes. Quien se oponga a una ley que permita conocer esa información no cree en la transparencia y posiblemente trate de ocultar algún delito.
