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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Ante la discusión sobre una Ley del Servicio Público, miembros de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) se manifestaron afuera del Ministerio de Trabajo y Previsión Social mientras se desarrollaba una reunión entre representantes sindicales, autoridades ministeriales y el Grupo Impulsor de la Ley.
Según manifestaron los sindicalistas, la Ley del Servicio Público atenta contra derechos y libertades de los trabajadores públicos, puesto que supuestamente suprimiría derechos básicos como la organización sindical y gremial, el derecho a huelga, la contratación colectiva, los escalafones salariales y la estabilidad laboral.
Además, sostuvieron que la ley que rechazan es un mandato que organismos financieros internacionales han ordenado establecer al Gobierno salvadoreño.
“La normativa tiene indicios de ser inconstitucional, dice que cada funcionario puede colocar hasta quince empleados de confianza, eso es legalizar el nepotismo; además dice que puede trasladar a un empleado a de departamento a departamento, puede despedir de forma directa sin seguir el debido proceso”, puntualizó Roberto Gómez Arias, secretario general de la CNTS.
Los trabajadores sugieren que en lugar de la promulgación de la Ley de Servicio Público, se apueste por reformar la Ley del Servicio Civil, la cual, al carecer de reglamento también carece de aplicabilidad, por lo que dicen que deben promoverse una serie de reformas a esta legislación para que comience a ser aplicada.
“Desde la Ley del Servicio Civil se puede hacer todo lo que ellos plantean en la ley que ellos impulsan, contrarrestar el nepotismo, fomentar la meritocracia, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son los únicos que han pedido al país que se apruebe esta ley”, manifestó Luis Ortega, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL).
Miembros del colectivo de trabajadores públicos también afirmaron que el Grupo Impulsor de la Ley no tiene competencia en el asunto, puesto que está constituido por organizaciones no gubernamentales que, supuestamente, estarían al servicio de grupos hegemónicos interesados en que la ley sea una realidad.
