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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Si la ley (Especial de Inclusión de Personas con Discapacidad) , no se cumple o no respetan nuestros derechos y no tenemos respuesta, entonces, el Tribunal Sancionador estaría en la facultad de multar y hacer cumplir la normativa, de ahí su importancia”, explicó, Daniel Portillo, integrante de la Alianza Nacional por la Dignidad de las Personas con Discapacidad de El Salvador.
En el marco de la conmemoración de la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) , la Alianza Nacional por la Dignidad de las Personas con Discapacidad de El Salvador se pronunció públicamente en demanda de hacer efectivo el marco jurídico que protege sus derechos fundamentales.
Daniel Portillo agregó que según la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (PCD) del año 2015, que fue elaborado por el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD) y la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), que contó con el apoyo técnico del UNICEF, dan cuenta que existen 410 mil 798 personas que cuentan con “algún tipo de discapacidad” en El Salvador, y que esto representa un 6.4% de la población.
“A 15 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU) en El Salvador dimos un importante paso al aprobar la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual entró en vigencia el 1 de enero del año 2021”, reseñó.
“No obstante, a ésta fecha aún no se ha elaborado, por parte del órgano Ejecutivo, el Reglamento de la Ley que facilite y asegure su aplicación tal como lo establece el artículo 135 de la misma”, sentenció.
Igualmente, consideró preocupante que en materia presupuestaria, que en los años fiscales 2021, 2022 y 2023 aún no se habla de asignar “partidas presupuestarias”que serviría para la aplicación efectiva de dicha normativa legal de protección a las personas con discapacidades.
“Esto imposibilita el diseño e implementación de una Política Nacional de Inclusión, para que dignifique a las personas con discapacidad viabilizando el pleno ejercicio y goce de nuestros derechos que nos corresponden”, afirmó.
“La falta de funcionamiento del Tribunal Sancionador, establecido en el capítulo 18, de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, y las consiguientes prórrogas impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea Legislativa está retrasando el efectivo y eficiente cumplimiento de ley” , agregó Portillo.
Carolina Vásquez, integrante de la Alianza Nacional por la Dignidad de las Personas con Discapacidad de El Salvador, exhortó al órgano Ejecutivo no seguir retrasando la elaboración e implementación del Reglamento para aplicar la Ley Especial de Inclusión de Personas con Discapacidad.
“Queremos que la Asamblea Legislativa no siga aprobando prórrogas para implementar el Tribunal Sancionador, establecido en el capítulo XVIII de la LEIPCD, pues es de suma importancia que sea efectivo para garantizar los derechos de nuestra población”, expresó.
“Al ministro de Hacienda le pedimos que incluya en el Presupuesto General de la Nación, una asignación justa y coherente para la implementación de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad”, reiteró.
Sobre la ley que fue aprobada en agosto de 2020, y que cumpliendo el tiempo de divulgación que son 6 meses, por lógica consideró Vásquez, desde agosto 2020 el gobierno tuvo que prever una asignación presupuestaria para dicha ley.
La situación es que hasta el momento no se ha hecho ni se ha considerado en el Presupuesto General de la Nación, dijo.
“Además, experimentamos que de pronto algunos ministerios del Estado salvadoreño realizan acciones que son aisladas o desarticuladas y no responden a las necesidades específicas de la mayoría, opinó Vásquez.
Asimismo, hicieron un llamado a las instituciones del Estado salvadoreño a personas con discapacidad y sus familias y la sociedad en general a estar vigilantes de que se cumplan los derechos a favor de las personas con discapacidad.
Especialmente, le hicieron un llamado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la que entre sus atribuciones constitucionales y el artículo 97 de la Ley de Especial de Inclusión de Personas con Discapacidad, “le compete monitorear el cumplimiento de la Convención (ONU)” .
“A veces tenemos acciones cosméticas para nosotros y cuando exigimos lo que la Ley Especial de Inclusión manda nos presentan la primera barrera, y es que encontramos a las instituciones gubernamentales afirmando que no hay reglamento. Y su segundo argumento es que no hay presupuesto. Y es una ley vigente y exigible, pero nos vamos a seguir enfrentando con esas barreras hasta que se tomen seriamente cartas en el asunto”, concluyó Vásquez.
