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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Han pasado dos años y diez meses desde que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía emitida el 20 de marzo de 1993; esa sentencia mandata a la Asamblea Legislativa a emitir disposiciones legales que permitan la aplicación de mecanismos para el conocimiento de la verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, ocurridos durante el conflicto armado que vivió nuestro país.
La Sala, dio seguimiento, desarrolló criterios y medidas que la legislación debe contener para responder a las víctimas y reconoció lo hecho por la Presidencia de la República, la Fiscalía y la PDDH.
Organizaciones de Derechos Humanos, presentaron propuestas de ley para que el Estado responda a las víctimas; nadie propuso iniciativas para la investigación y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, violatorios del derecho internacional humanitario.
La obligación de hacerlo recae en la Asamblea Legislativa, y resulta comprensible la dificultad que en este órgano de Estado exista, dadas las posturas políticas contrapuestas en muchos aspectos, relacionados con el conflicto armado interno que vivimos por doce años.
Una Comisión Ad hoc, llamó a su seno a diferentes abogados constitucionalistas, ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia y organizaciones de la sociedad civil; de esas comparecencias quedó claro que ya había sido declarada inconstitucional la amnistía en lo referente a los delitos que pudieron cometerse entre el 1 de junio de 1989 y el 16 de enero de 1992; se desconoce que amparados en ese fallo, se haya procesado ningún caso.
Cuando el diputado Rodolfo Parker presentó una propuesta, fue ampliamente criticada y dentro de la misma asamblea, por la fracción del FMLN se señaló que carecía de requisitos suficientes para responder a las víctimas; esto debió haber producido un esfuerzo respetable que por fin produjo un resultado convertido, ahora en la base que permita cumplir la sentencia.
Conocerla es un deber de quienes a lo largo de la vida hemos luchado por una sociedad salvadoreña libre de las dictaduras militares, que oprimieron a nuestro pueblo y promovieron las graves violaciones a los derechos humanos, por quienes hemos luchado para que se cumplan los Acuerdos de Paz y se logre una sociedad respetuosa de los derechos humanos.
La propuesta que puede convertirse en ley, debe ser analizada, criticada, pero se debe evitar el bloqueo a que exista una respuesta a las víctimas y una oportunidad a la investigación y juzgamiento.
De lo que ha trascendido de ese proyecto de ley, el mismo recoge como objeto fundamental el establecer mecanismos para establecer la verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición de ese tipo de crímenes, que se dieron en el pasado.
Se da a las víctimas la centralidad, desde la denuncia, en el proceso de investigación y juzgamiento, hasta las medidas de reparación individual y colectiva; a la Fiscalía, el rol constitucional de investigar y judicializar, al órgano de justicia, el de juzgar, y a los inculpados, su derecho de defensa y oportunidad de reconocer su participación en los hechos y ayudar a establecer la verdad.
La reparación y respuesta de justicia, es y debe ser, no solo a las víctimas directas de esas graves violaciones de derechos humanos, sino a la sociedad, para lo cual, según el documento que ha sido conocido, habrán de surgir una serie de mecanismos de reparación, algunos de los cuales ya existen por decreto ejecutivo, y se elevan a rango de ley, otros, se crean, todo ello constituye una respuesta necesaria a las víctimas y a la sociedad entera.
Se crearían dos comisiones de búsqueda de desaparecidos, en ambos casos se convertirán los existentes por decreto ejecutivo; se indemnizarán a víctimas, no solo a las que resulten de los procesos de investigación, sino que además se crearía una Dirección Nacional de Reparaciones y un Programa Nacional de Reparaciones.
Se crearía un Centro Especializado de Documentación, dentro del Archivo General de la Nación; se crearía un Museo de la Memoria Histórica, monumentos y declaración de lugares de memoria histórica, en sitios donde ocurrieron masacres, se mandata a revisar las nominaciones existentes en instituciones gubernamentales y municipios; se declara al Monumento del Parque Cuscatlán como “Monumento a la Memoria y la Verdad”.
Se asume el Registro de Víctimas, creado por decreto ejecutivo como base para su completamiento, y habrá pensión mensual, nunca inferior a la que reciben los veteranos de guerra y pudiendo llegar hasta $300.
Ojalá el debate se realice situando a las víctimas como centro, porque es esencialmente para ellas una respuesta necesaria que la Asamblea ha demorado y no debe demorar más.
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