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Yanuario Gómez
DiarioCoLatino
Nueve meses pasaron desde el inicio de la legislatura 2018-2021 y uno de los temas más añejos e importantes que se discuten en ese órgano de Estado es la Ley General de Aguas, que sigue sin resolución y mucho menos avances significativos.
En referencia al tema, en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático se encuentran cuatro propuestas, la más antigua presentada por organizaciones sociales y ambientalistas en 2006, posteriormente, el gobierno, iglesia y academia y hasta la empresa privada presentaron iniciativas que representaban su postura en relación al vital líquido.
Durante la legislatura 2012-2015, el anteproyecto de ley tuvo su avance más significativo con la aprobación de 92 artículos, mismos que en la siguiente legislatura no se ratificaron por presiones de los partidos de derecha que insistieron en avanzar en los apartados restantes de la legislación, los cuales al inicio del período 2018-2021 en marzo pasado y con la anuencia de ARENA, PCN, PDC y GANA fueron eliminados.
Uno de los resquemores de los partidos de derecha respecto a la propuesta presentada por las organizaciones sociales y respaldada por el Ejecutivo, iglesia católica y centros de estudios superiores como la Universidad de El Salvador (UES) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) es que la misma prohíbe la participación privada en la gestión del vital líquido, la cual delega a instancias públicas.
Los legisladores que presentan una mayor oposición a que se deje
fuera de la Administración Nacional de Aguas a los empresarios son miembros de ARENA, quienes consideran que eliminar la participación de los mismos es bloquear el desarrollo del país.
Cabe mencionar que la decisión de los proponentes de la iniciativa de legislación, en este caso las organizaciones sociales y medioambientales, responde a que el agua debe considerarse como un derecho humano y la entidad encargada de gestionarlo debe privilegiar el consumo humano sobre la comercialización.
Para las organizaciones, incluir a la empresa privada y darle mayoría de integrantes en un ente donde se tomarán todas las decisiones respecto al recurso es sinónimo de privatización, ya que los empresarios funcionarían como juez y parte, por lo que priorizarían sus intereses de enriquecimiento sobre la necesidad de abastecimiento de la población.
Durante el desarrollo de la presente legislatura y consientes del desgaste que decisiones tomadas en el congreso para avanzar en una posible privatización del agua provocarían a su intención de regresar al Ejecutivo mediante una posible victoria en las próximas elecciones presidenciales, la derecha legislativa tomó como estrategia suspender las sesiones de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático por temas personales de presidenta o provocar falta de quorum al no presentarse el día designado para la reunión.
Otro tema retrasado en la agenda legislativa que vincula al recurso hídrico y su protección de manos privadas es la solicitud de modificación al artículo 69 de la Constitución de la República para considerarlo un derecho humano que data desde 2009.
En la actualidad el tema se ventila en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, instancia en la que antes de finalizar 2018 se llevaron a cabo acaloradas discusiones entre diputados de los partidos ARENA y PDC, quienes proponen que se permita a los privados participar en proyectos de distribución de agua, y el FMLN que junto a GANA proponen que todo lo referente al vital líquido sea de carácter
público.
Ambos temas quedaron pendientes y por la naturaleza enfrentada de las posturas partidarias parece difícil un acuerdo a corto plazo, todo dependerá del rumbo que la población decida para el país en los comicios presidenciales del próximo 3 de febrero.
