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Lima/AFP
Francisco Jara
La ‘luna de miel’ entre el nuevo presidente peruano Martín Vizcarra y la oposición liderada por Keiko Fujimori llegó abruptamente a su fin, con la aprobación por parte del Congreso de la llamada «ley mordaza».
Controlado por el partido de Keiko, el todopoderoso Congreso peruano aprobó el jueves una ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios privados, algo que Vizcarra prometió de inmediato que apelará ante el Tribunal Constitucional.
«Interpondremos una acción de inconstitucionalidad contra la #LeyMordaza», anunció en Twitter el mandatario, quien lleva menos de tres meses en el poder, tras remplazar al renunciado Pedro Pablo Kuczysnki, de quien era vicepresidente y embajador en Canadá.
«Esto significa el enfrentamiento con Fuerza Popular (el partido de Keiko) y el fin de la primavera para Vizcarra», dijo a la AFP el analista Luis Benavente, director de la consultora Vox Pupuli, quien recordó que el actual mandatario «entró con un apoyo fuertísimo del Congreso».
Al asumir el mando, Vizcarra tendió puentes hacia la oposición, lo que hizo que se evaporara la tempestad que había sobre Kuczynski, quien gobernó desde julio de 2016 arrinconado por el Congreso, dominado por Fuerza Popular.
Vizcarra se dedicó entonces a recorrer las provincias, donde vestido con trajes tradicionales de la respectiva zona, prometía atender sus problemas. Parecía más candidato que gobernante.
Keiko, a su vez, se dedicó a ajustar cuentas con su hermano y rival Kenji.
Mientras el presidente recorría el país y los herederos del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) sellaban el cisma de Fuerza Popular -principal fuerza política de Perú-, el proyecto para prohibir la publicidad estatal avanzaba tranquilamente en el Congreso.
Si bien la prensa informaba sobre este proyecto de ley, el tema jamás captó la atención de los peruanos, más interesados en los preparativos de su selección para el Mundial de Rusia-2018, tras una ausencia de 36 años.
«Se puso en modo presidente»
«Tras lograr la salida de Kuczynski, a Fuerza Popular le quedaba el otro socio, la prensa», a quien culpaba también por la derrota de Keiko en 2016, dijo Benavente.
La ley fue aprobada por 70 votos contra 30, con el apoyo del partido de Keiko, del socialdemócrata APRA y dos grupos minoritarios, acabando con la tregua que mantenían la oposición y Vizcarra, a quien le restan tres años de mandato.
«Para un presidente que ha tenido una actitud timorata frente al Congreso, sus posiciones recientes significan un giro valioso», escribió el analista Augusto Álvarez Rodrich en su columna en el diario La República.
El proyecto de ley había sido objetado en marzo por el entonces presidente Kuczynski, quien se negó a promulgarlo y la devolvió al Congreso. Sin embargo, éste insistió por segunda vez, superando así la facultad de veto del mandatario, y se convirtió automáticamente en ley.
Los medios peruanos afirman que esta norma «no existe en ninguna parte del mundo», que socava la libertad de información y asesta un duro golpe a este sector, en momentos en que la prensa de todo el planeta encara dificultades por la revolución de internet.
Derecho a pedir y recibir información
Según legisladores fujimoristas, la norma impedirá excesos en el gasto del gobierno en publicidad que en ocasiones servía de «subsidio» a medios afines.
«Cuando los medios de comunicación dicen que ‘La ley que prohíbe la publicidad estatal’ atenta contra la libertad de prensa, ¿están reconociendo que no podrán mantenerse en el mercado sin esos millones de subsidio encubierto que les da el estado con la plata de todos los peruanos?», dijo el legislador fujimorista Héctor Becerril en Twitter.
«Se ha querido disfrazar el tema», alegó el promotor de la ley, el parlamentario del APRA Mauricio Mulder, quien propuso que el Estado emplee las redes sociales e internet para difundir sus informaciones.
La ley impide la contratación de publicidad estatal y establece que el Estado sólo podrá contratar publicidad en medios privados en caso de emergencias causadas por desastres naturales, o para informar sobre procesos electorales.
Ahora las miradas apuntan al Tribunal Constitucional, que deberá dirimir -una vez que Vizcarra presente su recurso- si la ley infringe las «libertades de información, opinión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, escrita o la imagen», y el derecho a pedir y recibir información «de cualquier entidad pública».
