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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“A mi hermano Tomás lo mató la Guardia Nacional (GN) el 8 de octubre de 1980, a él le quitaron la nariz, las orejas, los dedos de las manos y el pelo, tenía 24 años, él quedó en el punto conocido como Agua Rica, de Santiago Texacuangos, y no pudimos recuperarlo porque la Guardia se quedaba ahí, para ver quién llegaba, ahora solo quiero sus restos para darle cristiana sepultura, eso será para mí la justicia”, expresó Alberta Mármol.
Alberta integra desde hace tres décadas el Comité de Familiares de Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos “Marianella García Villas”, que junto a otra veintena de organizaciones de derechos humanos marcharon hacia la Asamblea Legislativa para presentar el anteproyecto de Ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado.
El anteproyecto reconoce como víctimas del conflicto armado a aquellas personas que sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos, al padecer torturas y ejecuciones extrajudiciales, que pudieron ser colectivas o individuales; violencia sexual y desaparición forzada de niñez y adultos. Entre enero de 1970 hasta el 15 de enero de 1992.
Reivindicar el honor, la dignidad y la moral de las víctimas, sobrevivientes o familiares es la meta que pretenden lograr afirmó, Eduardo García, director de Pro-Búsqueda, a través de un fondo de reparación psicológica, salud, educación y económica.
“Esperaríamos que las tres fracciones parlamentarias GANA, FMLN y ARENA, cumplan su palabra y reciban esa propuesta. Queremos entregar esta ley de reparación que es el camino a la reconciliación”, explicó.
El documento consta de nueve capítulos con 69 artículos que cubren las medidas de reparación en materia psicosocial, memoria histórica y económica, que tuvo un amplio consenso de del Grupo Gestor por la aprobación de la Ley de Reparación Integral a las víctimas del Conflicto Armado.
“Nosotros queremos que los partidos sean serios, que no partidaricen esta propuesta que es de la sociedad civil, es una propuesta diseñada por las propias víctimas y es a satisfacción de las propias víctimas. Yo creo, que es un buen punto de partida para complementarlo con la Ley de Reconciliación que quieren fabricar en la Asamblea Legislativa”, manifestó García.
Graciela Colunga, sobreviviente de la Masacre del río Gualcinga, señaló que ese 27 de agosto de 1984, en el municipio de San José Las Flores, Chalatenango, recordó como los aviones pequeños de guerra que llamaban “avispitas”, que eran el preludio del operativo militar, lanzaron dos bombas de 500 toneladas contra el hospitalito que tenían en el lugar.
“La madrugada del 28 de agosto el río Gualcinga estaba muy crecido y bravo comenzamos a pasarlo cuando nos avisan que del otro lado del río estaban los soldados y nos empezaron a morterear; un soldado me aventó al suelo, caí de bruces, se me montó en la espalda y disparaba sin piedad a las niñas y niños que corrían desesperados y es por esa sangre de toda esa gente que estamos comprometidos por la verdad y la justicia”, reafirmó.
