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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Al cumplirse seis meses de la legislatura dominada por una mayoría de diputados bukelistas, queda claro que las leyes y decisiones aprobadas son de un contenido contrario al estado de derecho.
Además, de violaciones a la Constitución y afectación a derechos e intereses económicos de la mayoría del pueblo.
Se favorece la impunidad y la corrupción y los presupuestos modificados y el presupuesto que tienen pendiente de aprobar para el año 2022, también son negativos para la mayoría salvadoreña.
La característica principal de la legislación emitida por la Asamblea Legislativa con votos de diputados de Nuevas Ideas (NI) y sus aliados, es la de concentrar poder en la figura del Presidente. Esa característica acarrea la inseguridad jurídica para todos los habitantes de la República.
El propio 1 de mayo, para evitar el enjuiciamiento de inconstitucionalidades de sus leyes, o de otros decretos de rango presidencial, destituyeron ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y completaron el control del máximo órgano de justicia (CSJ) con la elección de los cinco magistrados y sus suplentes que sustituirían a quienes terminaron su mandato.
Pero, además, al reformar la ley de la carrera judicial, permitiendo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), destituir a un tercio de jueces y sustituirlos por otros que proponga el nuevo Consejo Nacional de la Judicatura, electo por esta legislatura mayoritariamente oficialista.
El mayor signo de esa concentración de poder, beneficiosa para Bukele, es la “autorización de postularse a la presidencia en 2024”, totalmente contraria a la Constitución.
Los diputados concentraron el dominio del señor Bukele y su grupo sobre el órgano de justicia. Así se acaba la justicia, no funciona el derecho y con ello, todos los salvadoreños, incluso los allegados al régimen bukelista, quedamos expuestos a la arbitrariedad del poder dominante.
Otro signo concentrador de la legislación de esta Asamblea, se expresa en todas las modificaciones a instituciones, la integración de órganos de gobierno de entidades autónomas y descentralizadas, que existieron por décadas.
Los más recientes decretos en lo referente a energía, electricidad, telecomunicaciones, hidrocarburos, son una evidente concentración de poder en el ejecutivo, con libertades para hacer negocios que favorezcan a grupos económicos sin velar por el pueblo.
Lo mismo ocurre con la ley de recursos hídricos.
Hacer negocios privados de su grupo con fondos públicos, como ocurre con la imposición del bitcoin.
Una característica en estas modificaciones de las instituciones para favorecer la concentración de poder de decidir sobre la mayoría de cuestiones y recursos, es la eliminación del FODES, con lo que se causa un grave daño a toda la población. Reducir del 10 al 1.5% y no pagar lo del año anterior, afecta la economía local de todos los municipios.
Los presupuestos modificados con reformas de cada semana, suprimen inversiones para incrementar fondos al ramo de defensa, castigando la educación y la salud.
De este giro brutal de orientación de los gastos, modificación de instituciones, supresión de derechos y aprobación de leyes que les permite mantenerse por siete años, sin que se permita informar de lo que gastan y como lo gastan, se retrata la mayoría legislativa y el gobierno como expresión concreta de ser la derecha más retrograda, antidemocrática y dictatorial.
El signo dictatorial es evidenciado en que todos los hilos se mueven desde la presidencia de la República.
Nada para el pueblo como no sean elevación de multas de tránsito, más y nuevos motivos para encarcelar gente, perseguir opositores y prohibir derechos a manifestación y expresión.
Si estos cambios que perfilan todos, el más grande autoritarismo, se consolidan con una nueva Constitución, se consolidaría la dictadura.
La legislatura, además, con dos comisiones especiales para mantener alimentado el odio entre sus seguidores, pasa inadvertida la caída de simpatías que inmerecidamente había logrado, entre la elección y el inicio de su mandato.
El presupuesto pendiente de aprobar para el año 2022, nada nuevo trae como no sea la obligación de pagar deuda con mayores intereses, por el desprestigio en que ha caído el país, por lo engañoso de los ingresos estimados y por las disminuciones en segmentos importantes, como la atención primaria en salud, en el presupuesto a la Universidad de El Salvador, lo incierto del escalafón docente y de salud.
Si a todo ello unimos los miles de despidos, el aumento de desapariciones, el incremento de cementerios clandestinos y el aumento de la migración de compatriotas, nos damos cuenta que de las nuevas ideas anunciadas, ninguna es buena para el pueblo.
Que no extrañe entonces que se convierta en protesta y desaprobación lo que antes fue aplauso.
Al pueblo le queda luchar por recuperar derechos arrebatados.
