Liberados del Régimen de Excepción no son reconocidos como víctimas del Estado

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

El informe “Vidas interrumpidas: El régimen de excepción y la ruptura de los proyectos de vida” presentado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), revela que las 8 mil personas liberadas tras ser capturadas por el Régimen de Excepción, y según las autoridades como parte del margen de error, continúan como procesadas, sin ser sobreseídas o declaradas inocentes.

Gabriela Santos, directora del IDHCA, expresó que estas personas no son reconocidas como víctimas por el Estado, lo cual complejiza todo lo relacionado con resarcir daños tanto físicos como morales, causadas a ellas y a sus familias. “Es necesario reconocer a las víctimas de detenciones arbitrarias y emprender medidas para su reparación integral, las familias de personas detenidas y liberadas han dedicado tiempo y recursos para atender a sus familiares y estos esfuerzos les han representado grandes pérdidas, no sólo materiales, sino también emocionales”, sostuvo.

Muchas de las familias entrevistadas para elaborar el informe, mostraron agotamiento y expresaron una incapacidad de poder retornar a su situación previa al inicio del Régimen de Excepción, teniendo en cuenta que muchas de estas familias también han sido perjudicadas por la violencia estructural que ha afectado el país a lo largo de la historia.

Santos dijo que el régimen ha causado una serie de violaciones a los derechos humanos, impactando en la libertad, dignidad, bienestar y salud de las personas detenidas y sus familias, representando un obstáculo significativo para la reintegración social de las personas liberadas.

“Los hallazgos no sólo ofrecen una mirada crítica a las implicaciones de estas políticas, sino que también invitan a reflexionar sobre la justicia, la dignidad humana y los derechos fundamentales que deben prevalecer en cualquier sociedad”, externó.

El coordinador del OUDH, Roberto López, explicó que el informe es el resultado de un proceso de investigación basado sobre los testimonios de personas detenidas bajo el Régimen de Excepción, y quienes luego pudieron salir bajo medidas sustitutivas, así también los testimonios de familiares que han pasado por esta experiencia.

“Sobresale la idea de que sólo puede haber seguridad si se procede arbitrariamente, autoritariamente y si se restringen los derechos. El Régimen de Excepción, en términos de políticas públicas, se ha tergiversado en cuanto al criterio de justificación y evaluación de su efectividad. Su recurrente prolongación es en realidad señal de fracaso, pero se le quiere mostrar como una política exitosa, y que por eso es necesario mantenerla activa”, enfatizó.

Según el informe, los testimonios de quienes estuvieron en los centros penitenciarios detallan que el agua no es apta para el consumo humano, lo cual representa una tremenda violación a los derechos humanos; además, la alimentación dada es carente de nutrientes y además en mal estado.

También, la manipulación de paquetes proveídos por familiares se entrega de manera incompleta a los detenidos, aunque resuelve parcialmente las carencias en los centros penales, y a pesar de la manipulación amañada su entrega sirve al menos como señal de comunicación indirecta entre las personas privadas de libertad y sus familiares.

“Se observan fallecimientos por negligencia del Estado, lo cual es una experiencia sumamente traumatizante, se experimentan diferentes tipos de violencia física, psicológica, sexual, y una incomunicación total y prolongada que también tiene efectos traumatizantes muy fuertes”, manifestó López.

En cuanto a afectaciones psicosociales de personas en libertad con medidas sustitutivas, los testimonios señalan mucho miedo, tristeza y angustia en las personas cuando narran su experiencia, e incluso hay tendencias suicidas, cuadro de depresión y ansiedad y una sensación de fracaso por tener que iniciar la vida desde cero.

Además, hay una percepción de ser una carga para el grupo familiar, e impotencia al no poder aportar económica y materialmente en el hogar, eso ha llevado a que en algunos casos las personas tiendan al aislamiento social.

Hay también testimonios que hablan de discriminación y estigma, en otros casos existe desplazamiento forzado interno, por no poder soportar esta estigmatización.

“A partir de los testimonios se documenta una falta de garantías procesales básicas, ausencia de órdenes de detención, insuficiente fundamentación adecuada en las capturas y un acceso limitado o nulo a defensa técnica en detrimento del derecho a la garantía judiciales de las personas detenidas; estas prácticas no sólo transgreden la normativa nacional e internacional, sino que también perpetúan un sistema que no ofrece respuestas adecuadas a las víctimas”, indicó.