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El Gobierno de México investigará a exfuncionarios y jueces involucrados en la liberación de al menos 53 presuntos delincuentes implicados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Tras la liberación de Gildardo López, alias ‘El Gil’, jefe de plaza del cártel de Guerreros Unidos implicado en el caso, la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un informe con la situación legal de los detenidos y las medidas que se tomarán para evitar que otros 50 presuntos responsables sean liberados.
«Este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada. Y lamentablemente no es el único», dijo el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, encargado de supervisar el caso, durante la conferencia de prensa matutina del miércoles.
Del 26 de septiembre de 2014 al pasado 30 de agosto, 142 personas fueron detenidas por el caso Ayotzinapa; de ellas, 70 fueron procesadas por el delito de secuestro a los normalistas.
Sin embargo, a lo largo de estos años, se han producido una serie de violaciones al debido proceso de los detenidos, incluyendo 29 casos de tortura, lo cual ha permitido la liberación de varios presuntos implicados en la desaparición de los 43 estudiantes.
«A la fecha han sido liberados 53 presuntos delincuentes de los 142 detenidos y, ahora con el precedente de la libertad absolutoria de Gildardo López, existen los elementos para que el Poder Judicial pueda liberar a otros 50 detenidos en este proceso», afirmó Encinas.
En este sentido, el funcionario señaló que la mal llamada ‘verdad histórica’ del caso Ayotzinapa, enunciada por el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, se construyó con base en la simulación, fabricación de pruebas, en la tortura, «en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas».
«Habiendo elementos claros y suficientes para fincar y deslindar responsabilidades por los delitos cometidos, laactuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley se puedan retirar los cargos que se imputaron a los detenidos», apuntó Encinas.
El Gobierno de México señaló que las indagatorias alcanzarán a todos los funcionarios implicados, incluidos el extitular de la entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, y el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien fuera señalado de sembrar pruebas en el río San Juan, donde fue hallado un hueso de uno de los estudiantes desaparecidos.
Además, el presidente López Obrador también giró instrucciones para indagar a los jueces responsables de la liberación de los presuntos delincuentes.
Tras la liberación del ‘Gil’, familiares y defensores de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa emitieron un pronunciamiento en el que señalaron al Gobierno de López Obrador de no tomar «ninguna medida para corregir las deficiencias en las acusaciones».
El próximo 26 de septiembre se cumplirán cinco años de la llamada ‘Noche de Iguala’, en la que un grupo de policías entregó presuntamente a los estudiantes al crimen organizado para luego ser desaparecidos. Un caso de violación grave a los derechos humanos que marcó la Administración del expresidente Peña Nieto.
