Por Leticia Pineda/AFP
México/AFP
Un activista hondureño que emigró para pagar el tratamiento de cáncer de su hijo fue liberado en México después de pasar cinco años preso por un delito fabricado bajo tortura, salve informó el viernes Amnistía Internacional (AI).
Abogados de la organización, con sede en Londres, habían solicitado que la fiscalía general mexicana desistiese de la acusación de delincuencia organizada contra el hondureño Ángel Amílcar, quien hasta ahora estaba en prisión preventiva.
Se solicitó que «pudiera dársele de inmediato la libertad» y eso «es justamente lo que sucedió» el 15 de octubre en la noche, indicó Chasel Colorado Peña, coordinadora de Incidencia en Políticas Públicas de AI México, en una conferencia en la capital en la que Amílcar estuvo presente.
La activista aseguró que las violaciones a las garantías individuales de Amílcar estuvieron motivadas por su origen afroamericano.
Colorado Peña adelantó que la organización continuará trabajando para obtener la reparación del daño causado al migrante y a su familia, así como para que los responsables sean llevados ante la justicia y sancionados.
En los cinco años en los que el hondureño estuvo en una cárcel de la región de Nayarit (noroeste) supo de la muerte de su hijo, de su madre y de otros familiares, sin que se le permitiera siquiera hacer una llamada telefónica para compartir el duelo.
«Fue una experiencia única que ha marcado mi vida», reconoció Amílcar, quien era un luchador social en su país a favor de los afroamericanos.
El hondureño emigró en 2009 para ir a trabajar a Estados Unidos, pero a su paso clandestino por México fue secuestrado por traficantes de personas y retenido en una casa de la ciudad de Tijuana (noroeste), frontera con la estadounidense San Diego (California).
Posteriormente, las autoridades lo detuvieron en medio de un operativo contra los secuestradores.
«Lo tenían que haber tratado como una víctima y lo criminalizaron», dijo de su lado Marío Patrón, subdirector del Centro de derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que también llevó el caso.
El propio Amílcar narró que tras su detención fue retenido indebidamente 15 horas, sin recibir asistencia consular. Después fue presentado ante un ministerio público y éste lo entregó al ejército para ser interrogado.
Amílcar recuerda que en la instalación militar había cerca de 60 personas en la misma situación.
Las denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (Ombudsman) por tortura y tratos crueles e inhumanos crecieron 600% entre 2006 y 2013, cuando se registraron 1.505 casos.
Este práctica se agudizó desde 2006 con el inicio de una estrategia militarizada contra los cárteles del narcotráfico que, aunada a las pugnas de las organizaciones criminales y otros crímenes, ha causado en el país más de 80.000 muertos desde entonces.