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“El principal derecho afectado es la libertad de expresión, con un 72% de casos identificados, en segundo lugar, con 44 casos, la libertad de asociación, representado en un 31%, y 26 casos de la libertad de reunión pacífica”
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presentó los resultados del monitoreo al Espacio Cívico Salvadoreño 2024, donde se monitorearon principalmente tres derechos que son: asociación, expresión y reunión pacífica, salvaguardados en los artículos 6 y 7 de la Constitución de la República.
Ricardo Montoya, del equipo técnico de FESPAD, explicó que, de enero a diciembre de 2024, se registraron en el Espacio Cívico 142 casos, de estos, 72 significan una afectación a la libertad de expresión, siendo el equivalente al 50% de los registros identificados
En segundo lugar, son 44 casos de afectación a la libertad de asociación, que representa el 31% de los registros, y 26 casos de la libertad de reunión pacífica, es decir, 18.3% de la totalidad de los registros.
“La libertad de expresión en el año 2004 es uno de los principales derechos afectados de los que tenemos registro en el sistema, con respecto al perfil de las personas afectadas, de estos 142 casos, 46 de ellos fueron principalmente afectaciones a periodistas”, dijo Montoya.
Asimismo, indicó que 21 casos son contra personas defensoras de derechos humanos, 17 de otro tipo de personas afectadas, 17 a miembros y trabajadores de organizaciones de la sociedad civil, 15 manifestantes que se hicieron presentes en diferentes tipos de eventos en los que hacían valer sus derechos.
Destacó que se identificaron 12 casos de afectaciones directas al liderazgo sindical, 10 de liderazgos sociales, entre ellos tres casos de info activistas y un caso de familiares de empleados de medios de comunicación.
“La afectación a periodistas representa el principal rubro de afectaciones al espacio cívico con un 32.39%, seguido principalmente por afectaciones a personas, liderazgos, sociales, como miembros de sindicatos, de organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores, así como liderazgos de tipo organizativo comunal”, sostuvo.
De los 142 casos, 106 significan afectaciones directas a organismos colectivos, entre ellos, 41 corresponden a organizaciones de la sociedad civil, 37 a medios de comunicación, 15 casos de organizaciones sindicales o gremiales, 5 de asociaciones comunales.
Además, 4 de movimientos sociales u organizaciones sin personalidad jurídica y 2 de organizaciones religiosas, así como 2 casos de asociaciones de cooperativas, principalmente las organizaciones de la sociedad civil son las principales afectadas con un 38.68% de los eventos identificados en el sistema.
Externó que, en cuanto al perfil de las personas señaladas como responsables de estas afectaciones al espacio cívico, 47 de ellos han sido señalados como funcionarios públicos principalmente diputados de la Asamblea Legislativa, quienes han hecho uso de las redes sociales para tal efecto. Además, 34 casos han sido señalados como responsables de los servidores públicos.
La Policía Nacional Civil (PNC) fue señalada en 28 de los casos, en 9 fueron agentes estatales entre otros actores, en 7 de los registros fueron señalados o atribuidos a la Fiscalía General de la República (FGR); además, 4 de ellos al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, especialmente por el tema de registros de las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro.
También, 2 casos fueron atribuidos al Sistema de la Superintendencia del Sistema Financiero, un caso al Cuerpo de Agentes Metropolitano (CAM) y un caso al personal de instituciones públicas, así como uno a la Oficina de Inteligencia del Estado. En general, estos funcionarios públicos representan la agresión en un 33.1% de los eventos identificados.
“Entre esos 142 casos, 75 de los mismos se refieren a ataques directos a lo que podríamos considerar los derechos registrados por el sistema, en 32 se refieren a medidas violatorias, siempre contra este tipo de derechos registrados, mientras que, 16 casos se refieren a investigaciones y acusaciones indebidas contra las personas”, recalcó el técnico de FESPAD.
También, identificaron 13 casos de excesos regulatorios, 5 de manifestaciones pacíficas restringidas, dos de acoso y un caso de aplicaciones de normas restrictivas, las agresiones o ataques directamente a estos derechos representan la mayor afectación en el 50% de los casos registrados.
Susana Rodríguez, parte del equipo técnico de FESPAD, señaló que, dentro de los casos emblemáticos para el caso de la libertad de expresión, está el de la periodista Mónica Rodríguez y su pareja Estiv Magaña, quienes la noche del pasado 4 de diciembre personal de la PNC y la FGR allanaron su casa.
Reiteró que este caso se suma al creciente acoso e intimidación a medios de comunicación y periodistas, así como a sus familiares, ataques que ejecuta el Estado salvadoreño en contra de quienes denuncian corrupción y arbitrariedades del actual gobierno.
“Para que exista una efectiva labor periodística, debe de verse a los periodistas como observadores independientes y no como criminales o coautores de la información que ellos nos transmiten”, agregó.
Según Rodríguez, para el caso de la libertad de asociación destaca un patrón, que es la obstaculización de trámites e inscripción de ONGs e iglesias; dentro de los eventos monitoreados están dos casos en específico, el de la junta directiva de la APES y la personería jurídica de una iglesia.
En diciembre de 2024, la APES hizo pública su preocupación ante la actitud del Ministerio de Gobernación, específicamente por una resolución del Registro de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro, de obstaculizar la inscripción de la nueva junta directiva elegida en agosto de 2024, cuatro meses después, les informan el rechazo de su inscripción.
Para el caso de la libertad de reunión pacífica, dentro de los casos ejemplificantes y que mayormente destacan despidos, publicaciones en redes sociales por medio de funcionarios públicos quienes descalifican a manifestantes que participan en marchas pacíficas.
