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Alberto Romero de Urbiztondo
Twitter: @aromero0568
La República de Costa Rica es el único Estado Confesional de América Latina. Sorprendentemente, una sociedad con una democracia bien consolidada y que presume de su conciencia ciudadana, mantiene esta reminiscencia del pasado colonial. En el artículo 75 de su Constitución ha mantenido a lo largo de la historia su carácter confesional: “La Religión Católica, apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres”. Redacción muy similar a la de la Constitución salvadoreña de 1824, que en su artículo 5 decía “La Religión del Estado es la misma que la de la Republica, a saber: la Católica Apostólica Romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra”, pero a partir de la Constitución de 1880, ya desaparece de nuestras Constituciones la declaración de confesionalidad del Estado.
En Costa Rica a pesar de los cambios alcanzados en su consolidación como Estado democrático, el carácter confesional ha permanecido como una herencia cultural del periodo colonial español, que impuso una lengua, el español y una cosmovisión y sistema de creencias, el catolicismo, además, de la forma de Gobierno colonial que pretendía eliminar las formas de organización social de los pueblos originarios.
En mayo de 2019 dos diputados presentaron a la Asamblea Legislativa de Costa Rica una propuesta de “Ley de Estado Laico”, para la modificación del ya mencionado Art. 75 de la Constitución, en el que se reconocería la libertad de creencias, así como la regulación del juramento que deben de hacer, al tomar posesión de su cargo, las personas que se les asigne el ejercicio de una función pública.
A pesar de la dificultad de avanzar en la reforma constitucional necesaria, la sociedad y el Estado costarricense, recientemente han dado muestras del respeto implícito, al carácter laico del Estado, al acatar su Sala Constitucional, lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva solicitada por Costa Rica, para la legalización del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo.
