Por Alessia Genoves
Colaborador
@DiarioCoLatino
Silverio Morales, líder indígena, presentó una demanda ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para exigir la libertad de su hijo Leví Morales, de 22 años, quien lleva un año detenido bajo el régimen de excepción implementado en marzo de 2022.
“A un año de su captura, simplemente el Tribunal de Sentencia de Santa Ana no ha acreditado el involucramiento del joven en los delitos de los que se le acusa, que forman parte del marco del régimen de excepción”, declaró Silverio Morales a Diario Co Latino. Morales catalogó la detención como “arbitraria” y pidió la intervención de la procuradora para defender la inocencia de su hijo. “No hemos considerado presentar una denuncia por las pérdidas económicas, ya que nuestro enfoque actual es destacar el daño psicológico, económico y cultural que esta detención arbitraria ha causado a nuestra familia”, afirmó.
La representante legal de Fespad, Ariela González, respaldó la demanda y denunció irregularidades en el proceso. “En un año de detención, no hemos tenido acceso a un proceso legal que respete la presunción de inocencia y el debido proceso, derechos que no han sido suspendidos por el régimen de excepción”, dijo González.
Régimen de excepción registra 6 mil denuncias
El régimen de excepción fue implementado en marzo de 2022 con el objetivo de contener la violencia de pandillas. En 20 meses, se han detenido 73 mil personas, de las cuales 7 mil fueron liberadas por falta de pruebas.
Según cifras oficiales, los homicidios se redujeron 73.3% en 2023 respecto al año previo. No obstante, InSight Crime reveló que las tres principales pandillas aún tienen presencia en zonas rurales. La aplicación de la medida ha estado rodeada de polémica. Organizaciones sociales han registrado 6,250 denuncias por violaciones a derechos humanos y 175 muertes en prisión de detenidos bajo el Régimen de Excepción.
Impacto económico y emocional en familia Morales
Silverio Morales declaró que, debido a la detención de su hijo, no pudieron cosechar sus cultivos de jícama en 2022, lo que les representó una pérdida de $8 mil dólares. Además, calcularon pérdidas en cría de animales por $7 mil, sumando $15 mil de pérdidas económicas.
“Es doloroso no poder ver ni hablar con él desde su captura. Por eso, pedimos a la procuradora que interceda y abogue por la inocencia de nuestro hijo”, dijo Morales. “En estos tiempos, ninguna institución gubernamental ha mostrado interés en abordar nuestra situación”, agregó.
El líder indígena confía en que la justicia prevalecerá y su hijo, acusado injustamente de pertenencia a pandillas, recuperará pronto su libertad.
La organizaciónHuman Rights Watch ha condenado, de forma reiterada, las “detenciones arbitrarias masivas” durante el Régimen; y, junto con otras 10 organizaciones sociales, instó a las autoridades a respetar el debido proceso y garantías constitucionales.