Buenos Aires/Prensa Latina
La líder indígena argentina Milagro Sala pidió el cese de la violencia contra las protestas en la provincia de San Salvador de Jujuy, donde las autoridades locales allanaron la víspera su hogar.
La también dirigente política y social exigió al gobernador de esa región noroccidental, Gerardo Morales, gestor de la reforma a la Constitución que originó las movilizaciones, respetar las leyes y cesar la persecución que la condujo a su actual estado de prisión domiciliaria, añade la emisora nacional AM750.
“No me quiebro, en nombre de mi hijo”, expresó la líder de la agrupación barrial Tupac Amaru para sintetizar la valentía con que enfrenta hace ocho años las medidas judiciales y políticas implementadas por el gobernante contra ella, sus allegados y su organización.
“Que de una vez por todas termine con esta persecución a mí y a mi familia, que se dedique al pueblo, que se reinstaure la democracia en Jujuy”, subrayó en diálogo con la AM750 la dirigente indígena, horas después del allanamiento a la vivienda donde cumple una sanción carcelaria
El allanamiento, como otras veces –explicó- fue a causa de una denuncia respecto a que yo era una de las organizadoras de las movilizaciones emprendidas por mejoras salariales del sector educacional y luego contra la reforma salarial y con la movilización de los demás gremios.
Según Sala, “este no es el primer operativo en mi casa. Cuando pasa algo en Jujuy lo primero que hace (Morales) es culparme a mí. Cree que tengo muchísimo poder y que la gente me hace caso, pero no estoy en la calle. Estoy presa hace ocho años”.
Medios locales afirman que la actuación judicial contra el hogar de Sala forma parte de la estrategia en general de represalias de las autoridades locales aplicada en los últimos días contra muchos de los participantes en las masivas movilizaciones.
Los mismos equipos policiales que reprimieron durante las últimas semanas las protestas de docentes, comunidades indígenas, personal médico y otros gremios opuestos a la cuestionada reforma constitucional en esa provincia irrumpen ahora contra los domicilios de esas personas movilizadas.
Las nuevas acciones castrenses incluyen la destrucción de partes de las propiedades como puertas, rejas y muebles, así como golpes, ofensas y calumnias a las personas.
Los actos de protesta iniciados a principios de junio abarcaron luego rutas nacionales y otras ciudades de la región, como El Carmen, Monterrico, Tilcara, Humahuaca, Perico, La Quiaca, Libertador San Martín, en lo que Página 12 califica de “un reclamo unánime”.