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Bogotá/dpa
El máximo jefe de la ex guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, envió hoy una carta a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, expresando sus preocupaciones por los ajustes hechos en Colombia a la justicia transicional y le solicitó una entrevista.
A través de una carta dirigida a esa instancia, Londoño, también conocido por su alias «Timochenko», expresó sus preocupaciones por las modificaciones que realizó la Corte Constitucional de Colombia a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ya que «abre las puertas a la impunidad» y son una «clara burla a los derechos de las víctimas».
El documento firmado por Londoño solicita que la fiscal Bensouda tenga una entrevista con delegados del partido político FARC y sus asesores jurídicos.
«La Corte Constitucional colombiana declara inconstitucionales varias disposiciones del capítulo de la Jurisdicción Especial para la Paz, creando una serie de situaciones realmente preocupantes», explica la carta.
Londoño ha insistido en que la JEP tenía como objeto el juzgamiento de los crímenes más graves cometidos por todos los involucrados directa o indirectamente en el conflicto, pero que, con los cambios introducidos ahora, juzgaría exclusivamente a los ex guerrilleros de las FARC.
Esta es la tercera carta que Londoño escribe manifestando su inconformidad con los cambios realizados por la Corte Constitucional. El pasado 17 de noviembre envió un documento al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.
Así mismo, Londoño le escribió al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, destacando «la osadía con que distintas instituciones vienen actuando en contradicción abierta con el acuerdo inicial, hasta el punto de modificarlo en aspectos esenciales».
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es una justicia transicional que fue acordada durante las negociaciones de paz entre el Gobierno y la ex guerrilla, y concede penas alternativas para quienes serán juzgados, más leves que las otorgadas por la justicia regular.
Según el acuerdo de paz, a través de esta justicia se juzgará a los ex miembros de las FARC, militares y personas que financiaron grupos armados ilegales, por lo que hicieron parte del conflicto.
El acuerdo de paz fue firmado por el Gobierno del presidente Santos y las FARC en noviembre del año pasado, luego de cuatro años de negociaciones en Cuba, que dieron fin a más de 50 años de conflicto armado.
