Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Los líderes comunitarios de Santa Marta cumplieron el 11 de mayo dieciséis meses en un proceso judicial injusto por un supuesto homicidio ocurrido durante el conflicto armado de El Salvador, suceso que la Fiscalía General de la República no ha logrado demostrar según la misma comunidad.
Desde el 11 de enero de 2023, los líderes comunitarios se encuentran privados de libertad, “por un Estado canalla que los persigue judicialmente, en vez de valorar y reconocer su aporte a la defensa del agua, el medioambiente y la continuidad de la vida en nuestro país”, dijo la comunidad Santa Marta, en un comunicado, al referirse que los líderes comunitarios fueron clave para que la Asamblea Legislativa aprobase una Ley que prohíbe la explotación minera en el país.
Es de recordar que Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes y ambientalistas de la Comunidad Santa Marta y directivos ADES-Santa Marta, fueron arrestados por un supuesto hecho ocurrido durante el conflicto armado salvadoreño.
La Fiscalía General de la República y el sistema judicial los están procesando sin que hasta la fecha se haya comprobado los hechos que alegan en sus argumentaciones de imputación, entre esto que no existe el cadáver de la supuesta víctima, lo que en la jerga judicial se conoce como el cuerpo del delito.
“Como es de sobra conocido, la acusación de la Fiscalía General de la República contra nuestros compañeros carece de pruebas y solo se explica desde el intento de manipular al sistema judicial para criminalizar el activismo ambiental. Y detrás de tan perversa manipulación de la justicia están las intenciones de reactivar la minería metálica, a pesar de estar prohibida por ley”, dijo la comunidad en un pronunciamiento.
La comunidad añadió que el proceso penal también constituye “un acto de revictimización” de la comunidad, porque la Fiscalía “persigue a nuestros compañeros, en lugar de investigar y enjuiciar a los responsables intelectuales y materiales de las crueles masacres cometidas contra Santa Marta durante el conflicto armado”.
Además, la acusación contra los líderes representa, según la comunidad, una criminalización de la lucha histórica por la justicia social “y un peligroso” precedente jurídico para perseguir a quienes participaron en organizaciones beligerantes del conflicto armado, lo cual violenta los Acuerdos de Paz.
“Consideramos que este proceso judicial busca silenciar e intimidar a las comunidades organizadas que mantenemos vivas las aspiraciones y sueños de vida digna, con verdad, memoria histórica, justicia, igualdad y vigencia plena de los derechos de todas y todos. Por eso rechazamos esta injusticia y seguiremos denunciando hasta lograr la libertad de nuestros compañeros”, concluyó la comunidad.
Lo comunidad internacional, entre ellas al menos dos embajadas, han dado seguimiento al caso y su respaldo a los cinco ambientalistas.
Los líderes ambientalistas se encuentran en detención domiciliaria.