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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Los sindicatos de Salud denunciaron que luego de la conferencia del pasado 8 de agosto, afuera del MINSAL pidiendo el pago de nocturnidad y vacaciones atrasadas, el ministro Alabi utilizando el artículo 58 de la Ley de Servicio Civil, giró órdenes de suspensión previa a un total de 22 trabajadores, entre ellos líderes sindicales y miembros de juntas directivas.
“Es una clara violación a nuestros derechos, le pido a las autoridades del Ministerio de Salud que reflexiones y reviertan la medida de atropello cometida contra la clase trabajadora y seamos restituidos a nuestro trabajo, nosotros como dirigentes sindicales lo que estamos haciendo es exigiéndole a las autoridades que cumplieran con los derechos y prestaciones laborales”, expresó Arístides Pérez, secretario general de SIGPTEES.
Dijo que fue notificado de la suspensión como enfermero del Hospital Rosales este 21 de agosto, bajo el argumento que la actividad tuvo un claro matiz político, sin embargo, están los videos y material informativo de los medios de comunicación donde en ningún momento se mencionaron partidos, o existieron elementos distintivos de institutos políticos.
Pérez sostuvo que la conferencia del 8 de agosto se llevó a cabo haciendo uso del derecho a la libre expresión y sindicalización, al pedir que las autoridades cumplieran con la ley y cancelaran los 8 meses adeudados de nocturnidad, y vacaciones a los trabajadores del sector salud.
“La razón de ser de las organizaciones y como dirigentes sindicales es denunciar y exigir que se cumplan los derechos y prestaciones laborales de la clase trabajadora, por lo tanto no existe ninguna falta, la Constitución de la República dice que los dirigentes sindicales no pueden ser despedidos, ni suspendidos disciplinariamente”, reiteró el secretario general del SIGPTEES.
Silvia Navarrete, secretaria general de SITRASALUD, señaló que en su caso tiene una suspensión de trabajo, por participar en la concentración del pasado 8 de agosto frente al Ministerio de Salud, donde se pidió el pago de nocturnidad, ya que en junio sostuvieron una reunión en Casa Presidencial, donde les prometieron que se iban a cancelar de manera retroactiva.
“Fueron suspendidos laboralmente la mayoría de trabajadores que participaron de la conferencia de prensa, en la que reclamaban al Ministerio de Salud pago de nocturnidad y vacaciones pendientes. La suspensión nuestra es una medida arbitraria, porque estamos protegidos por el fuero sindical”, externó.
Manifestó que los acusan de abandono de trabajo, lo cual no procede porque de acuerdo a la Ley del Servicio Civil, el abandono se puede catalogar después de 8 días que un trabajador no se presente a sus labores, pero quienes asistieron a la conferencia se encontraban en su día libre, otros ya habían finalizado su jornada laboral y algunos contaban con permiso sindical.
“Cómo es eso que de héroes pasamos a villanos, pero esto es parte de una campaña de desprestigio para que la población nos vea mal, en el momento que defendamos nuestros intereses como trabajadores; como dirigentes sindicales tenemos derecho a defender los intereses de los trabajadores agremiados a nuestras organizaciones y la ley nos protege”, enfatizó Navarrete.
A criterio de los sindicatos de Salud, esta medida es un acto del abuso de poder, ninguno de los suspendidos en todos los años de laborar para el Ministerio han ocasionado ningún daño o perjuicio en contra de compañeros, las instalaciones o equipos de la institución, sino por el contrario han colaborado para el buen funcionamiento del MINSAL.
Representante del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (SITMSPAS) aseguraron que por hacer uso del derecho de expresión legalmente establecido en la Constitución de la República, se les violenta y castiga con quitarles el trabajo, como una muestra clara que el Estado de Derecho ha pasado a ser letra muerta.
“Hay jefaturas de niveles hospitalarios y SIBASIS como en Usulután, que han colaborado con la creación de pruebas falsas, haciendo coacción a algunas jefaturas para que firmen documentos, donde expresen que los empleados hicieron abandono de trabajo, cuando contamos con evidencia como nuestros permisos y listas de asistencias, crear pruebas falsas es un delito”, reiteró el SITMSPAS.
El secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO), Daniel Rodríguez, condenó la actitud del ministro Francisco Alabi, en contra de los trabajadores de Salud, pidió respeto a los convenios internacionales de la OIT y leyes internacionales que obligan al gobierno a cumplir la libre sindicalización.
Como sector educación denunció los atropellos que están recibiendo los maestros y las amenazas constantes a directores si hacen gestiones de donaciones para las escuelas, le recordó al presidente de la República, Nayib Bukele que el 9 de septiembre de 2022 prometió reconstruir a diario dos centros escolares, pero a la fecha no ha cumplido.
“Los presupuestos escolares no llegan a las escuelas, ha dado una parte mínima, cerca de $500 a las escuelas que reciben $3,000 estamos llegando al noveno mes del año y las escuelas no tienen presupuesto. Hacemos un llamado al magisterio nacional a unirnos el 29 de septiembre en una marcha hacia el Ministerio de Educación y la Asamblea, para que incluyan en el presupuesto general de 2024 el aumento de los maestros”, afirmó Rodríguez.
Despedidos del MOP
El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) denunció que Jorge Calixto, Ulises Perla y Caleb Arteaga, secretarios generales de los sindicatos SIETMOP, SITMOP y SIPROMOP fueron suspendidos y notificados del proceso de despido; esto luego de haber desarrollado la “Tribuna Informativa” el pasado 28 de agosto, donde expresaron su solidaridad por el despido de la secretaria general de SITRASALUD, Silvia Navarrete.
“Esta acción es arbitraria e ilegal contra la coalición sindical, pretenden intimidar a la clase trabajadora, callar su voz, e intentan neutralizar cualquier acción de protesta, llamamos a los trabajadores a unirnos, solidarizarnos y emprender las acciones de hecho que sean necesarias, para revertir los despidos ilegales y frenar los atropellos y violaciones”, señaló el MTD.
El 30 de agosto, en acto de matonería de los funcionarios, las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) amanecieron militarizadas, revisando a los trabajadores como si fueran delincuentes, el despacho ministerial tiene los portones cerrados y hay presencia policial al interior.
