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César Ramírez
@caralvasalvador
El pasado 26 de febrero 2020 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Reconciliación Nacional, con cuarenta y cuatro votos de los partidos de derecha, el presidente de la República vetó la ley, ese evento marcó un recorrido histórico que se inicia en 1993 con los Acuerdo de Paz, ahora se repitió una serie de artículos constitucionales comprendidos del 133 hasta el 143.
Es conocido el tortuoso camino desde julio de 2016 cuando la Sala Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, con intervenciones de diversas organizaciones de Derechos Humanos, comunidad jurídica, con partidos políticos pronunciándose sobre el contenido de la ley, lo cual implica conocer la verdad, justicia y reparación a víctimas de la guerra civil.
La Asamblea Legislativa no logró superar el veto presidencial de esa forma entramos en un limbo jurídico definido en art. 143 Cn. “Cuando un proyecto de ley fuere desechado o no fuere ratificado, no podrá ser propuesto dentro de los próximos seis meses” hablamos entonces de revisar el proyecto en agosto de 2020 y si de nuevo ocurre el episodio conocido, podríamos llegar a febrero de 2021, con una extraña coincidencia electoral.
Las generaciones que vivimos la guerra civil y muchos años de autoritarismo militar, cuando los derechos humanos eran una ficción, la división de poderes del Estado eran utópicos o los Golpes de Estado eran simplemente cuestión de tiempo político, conocemos el dolor de aquellas circunstancias de perder seres queridos, comprendemos la angustia de las familias que tienen desaparecidos aún sin referencia alguna, el exilio, la muerte, la persecución incomprensible de religiosos, demócratas, en general todo adversario político etc. Sabemos que una Ley de Reconciliación debe al menos informar el destino de los desaparecidos, el sitio de su tumba, reconstruir su memoria en sus años de ausencia.
A los autores aplicarles la justicia ¿de qué otra manera se puede reparar ese evento? Así como en todo proceso de guerra civil, la ley es para ambos bandos, sin olvidar los crímenes de lesa humanidad.
La Corte Suprema entonces debe continuar insistiendo en este suceso, de otra forma la guerra continuará hasta el infinito.
Si existen monumentos de criminales, si no se juzgan a los culpables de muchas atrocidades, los eventos serán retomados por otras generaciones con el mismo precio: la sangre de inocentes.
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