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Por Leonel Herrera*
La narrativa bukelista intenta presentar como un acto de “limpiar la casa” el show montado alrededor del diputado oficialista Erick García y el “asesor de seguridad” Alejandro Muyshondt, que derivó en el desafuero del primero y la captura del segundo. El legislador está señalado de posible lavado de dinero (y narcotráfico) y el asesor es sospechoso ser un “doble agente”.
Está combatiendo la corrupción de adentro (del partido y del gobierno), ha dicho el propio Nayib Bukele, como parte de la campaña anti corrupción que comenzó el 1o. de junio con la intervención de propiedades del ex presidente arenero Alfredo Cristiani. Nada más alejado de la realidad.
En mi opinión, el espectáculo barato sobre García y Muyshondt tiene cualquier objetivo, menos combatir la corrupción. Quizás sea una distracción para la población o una advertencia para quienes denuncien irregularidades (pueden ser capturados como el asesor).
Si Bukele realmente quisiera combatir la corrupción de adentro permitiría el acceso a la información pública y transparentaría el uso de los fondos estatales, sobre todo los cuantiosos recursos de Casa Presidencial y los fondos del OIE, el FOPROMID y otros que se convirtieron en las “nuevas partidas secretas”.
Si el presidente de verdad quisiera combatir su corrupción (de su gobierno y su partido), le diría al país cómo ha utilizado los fondos del Bitcoin y permitiría investigar los 12 casos de corrupción en el uso de fondos públicos que investigaba la extinta CICIES y los otros 25 en los que dicha comisión asistía a la Fiscalía.
Si Bukele quisiera combatir en serio la corrupción gubernamental ya habría defenestrado a Osiris Luna, Carlos Marroquín y todos los que han llevado las negociaciones con las maras. Hablando de Osiris Luna, también ya habría investigado la corrupción en centros penales con los “paquetes” que pagan los familiares de los detenidos y los sobornos por visitar a reos pudientes.
Que el desafuero de García y la captura de Muyshondt es una acción anti corrupción interna es, pues, una farsa más de este gobierno que se caracteriza, entre otras cosas, por la opacidad y falta de transparencia. La corrupción en el gobierno de Bukele es, incluso, una práctica institucionalizada en normativas como la tristemente célebre “Ley Alabí” creada para no rendir cuentas por el uso de fondos públicos durante la emergencia por COVID-19.
En el proceso de construir una nueva legalidad legalizando lo ilegal, que mencioné en una columna anterior, la legalización de la corrupción también está presente mediante reformas al marco legal de las contrataciones, adquisiciones y compras gubernamentales.
Mientras tanto, las reformas y leyes verdaderamente necesarias seguirán durmiendo el sueño de los justos, sobre todo la reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más” que revierta el actual esquema tributario regresivo donde pagan más los que menos tienen.
Así que, volviendo al supuesto combate contra la corrupción interna, lo cierto es que con el show García-Muyshondt Bukele más bien esconde la corrupción y distrae a la población.
*Periodista y activista social.
