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Tomado de Carta Económica
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5. Reforma al sistema de pensiones
Frente al desbalance financiero del Estado y sus fuertes implicaciones sociales, sales la clase trabajadora y los sectores económicos expoliados por el gran capital, capsule deben estar organizadas y firmes para defender sus derechos. Esto implica que, como se ha discutido en columnas anteriores, se debe asegurar una política fiscal que elimine los privilegios a los grandes capitales y sea firme contra la corrupción fiscal. De modo que permita lanzar una fuerte política social y productiva que siente las bases para una reorganización de la economía nacional.
En este proceso debe estar incluido el derecho de los trabajadores a una pensión para un retiro digno. Las pensiones son un salario diferido que se devengará luego de la vida laboral del trabajador. Es decir que las pensiones son parte del valor de la fuerza de trabajo, y la lucha sobre la determinación de un sistema de pensiones está, entonces, inmersa en la lucha social sobre la determinación del valor de la fuerza de trabajo.
Actualmente tenemos un sistema de pensiones que fue utilizado para ampliar la órbita de acumulación del capital y despojar a los trabajadores de un gran valor de su fuerza de trabajo. El salario diferido pasa a manos privadas, y por tanto, una porción del valor de la fuerza del trabajo además de la exportación común del capitalismo se vuelve ahora en un fondo de acumulación de rentabilidad, pero sobre todo, un fondo de apalancamiento para la especulación financiera.
Si las políticas de incentivos fiscales y el consecuente gasto tributario han constituido un subsidio a las empresas para la sobre explotación del trabajo, el actual sistema previsional está siendo un subsidio para la valorización financiera, sobretodo de las Administradoras de Fondos de Pensiones y las Aseguradoras, a partir del endeudamiento público.
El monto de las utilidades obtenidas en el período 2000/2014 les permitió a las AFP recuperar el capital social invertido 8.8 veces, lo cual equivale a una rentabilidad anual promedio de 59%; indicador que no se repite en ninguna otra actividad económica.
En total, la contribución de los trabajadores a las utilidades del sistema financiero fue de US$486 millones de dólares, monto que está compuesto por las utilidades de las AFP más las utilidades brutas de las compañías de seguros (ingresos por primas menos siniestros ocurridos). Esto, bajo un esquema jurídico donde las utilidades de las AFP se encuentran garantizadas. Pero a los trabajadores este sistema privado de pensiones les ha costado $1,358.3 millones, lo que ha significado restarle una rentabilidad del 16% al Fondo de Pensiones existente al año 2015, que totaliza $8,512.7 millones.
De aquí que es necesario distinguir una concepción de las pensiones como derecho o una mercancía. Una propuesta socialmente sostenible debe reconocer que un retiro digno es un derecho de todos los salvadoreños y, por tanto, asegurarlo es un deber del Estado. Esta premisa no riñe con el derecho privado de ahorrar para prever un determinado estilo de vida en el retiro. Sin embargo, como órbita de la decisión privada, el Estado no está en la obligación de asegurar tal mercancía, sino bajo las supervisiones y regulaciones de cualquier otro servicio financiero.
Bajo esta diferenciación, la propuesta de ADESES en cuanto a pensiones para una reforma fiscal integral, plantea un sistema público de pensiones de capitalización colectiva, que permita asegurar una vejez digna. Mientras, el actual esquema de ahorro privado, sea reconocido y cubierto según su naturaleza, como un servicio financiero, contratado entre privados, prestado por las AFP, una decisión libre y voluntaria bajo la acción del mercado y, por tanto, sin intervención estatal que asegure sostenibilidad o rentabilidad.
Un esquema así planteado es capaz de alcanzar eficiencia. La comparación de los últimos cuatro años de operación del INPEP, antes de que entrara en vigencia el nuevo sistema de pensiones en abril de 1998; respecto de cuatro años de operación de las AFP (2009, 2010, 2011 y 2012) muestran claramente una inflada estructura de gastos de parte de las administradoras privadas frente a los gastos operativos, ajustados por inflación acumulada, en los que incurría la administración pública de pensiones.
Para construir este nuevo esquema previsional se debería, en primera instancia, trasladar a todos los pensionados que actualmente reciben pensiones en el SPP y el SAP. Además, las AFP deben trasladar las cotizaciones de los trabajadores a la nueva entidad de los trabajadores, de los pensionados y del Estado, que administrará el sistema de capitalización colectiva.
Quienes sean pensionados actualmente obtendrían una pensión equivalente a las que otorga el sistema de capitalización colectiva, pero en todo caso no podría ser menor que la que se obtuvo en el sistema privado. De los pensionados mencionados los que tengan pensiones superiores al valor de dos canastas de mercado, y quieren seguir con el actual sistema de pensión programada, pueden hacerlo, pero cuando ésta se les termine no tendrán derecho a pensión mínima del Estado; pero si éstos deciden adecuarse a la pensión máxima del nuevo Sistema Público de Pensiones tendrían la opción de tener una pensión vitalicia. Todo nuevo pensionado a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley de Pensiones del Sistema Público que proponemos tendrá una pensión máxima equivalente al costo de dos canastas ampliadas de mercado y de carácter vitalicio.
Dada la alta incidencia de la informalidad en el empleo, es necesario contar con un subsidio que sustituya la cotización del empleador. Por tanto, es necesario un aporte fiscal en este sentido, particularmente a trabajadores independientes de bajos ingresos, dependientes domésticos y agrícolas. Es necesario extender el programa de Pensión Básica Universal a la totalidad de adultos mayores en pobreza extrema, con un monto que sea capaz de cubrir la canasta básica alimentaria urbana y rural.
Conforme a cifras recientes existen más de 240,575 personas registradas como contribuyentes al Impuesto sobre la Renta, pero evasores al SAP, con un salario mínimo cotizable. La incorporación al nuevo Sistema Público de este número de personas, o más, generaría un incremento importante en la recaudación de cotizaciones.
La viabilidad de esta propuesta se muestra en el siguiente gráfico, donde se presenta el escenario que resume la propuesta óptima desde el punto de vista financiero para el Fondo de Pensiones, en este esquema las pensiones se pagan con las cotizaciones totales sin pago a las AFP Y Aseguradoras.
Con rendimientos de 6% anual sobre el saldo final de cada año y los aportes del Estado, que hemos propuesto ($200 millones de dólares); cómo podemos ver al año 2030 el Fondo de Pensiones termina con un monto de $8,296.7 millones de dólares; esto implica que el Estado frena la máquina de endeudamiento de CIP, se implementa una política fiscal correcta que permite financiar de la caja central el aporte al Sistema de Pensiones Público, esto consideramos atacando la evasión y la elusión fiscal. En cuanto a la deuda heredada del sistema actual, ésta se puede reprogramar dando una moratoria de principal de 10 años y sólo seguir pagando los impuestos, los cuales igual podrían tener una moratoria de 5 años, mientras el Estado recupera liquidez con la reforma fiscal, que es determinante para que este sistema de pensiones funcione, favoreciendo a los cotizantes y pensionados.
6. Impuesto a la propiedad
Es indiscutible que el país necesita una reforma fiscal integral para generar mayor recaudación que le permita hacer frente a las diversas necesidades de la población. Para ello deben buscarse otros mecanismos para que el Estado cuente con más recursos. Una medida que podría considerarse es la aplicación de nuevos impuestos que no afecten el bolsillo de los salvadoreños.
Es importante que estos nuevos tributos no recaigan sobre los más pobres, y deben ir orientados a buscar una política tributaria progresiva donde los que tienen más paguen más, en esta lógica es fundamental considerar la aplicación del impuesto a la propiedad, ya que El Salvador es uno de los pocos países de América Latina que no cuenta con este impuesto.
El impuesto a la propiedad es aplicado a muchos tipos de bienes pero principalmente es aplicable sobre el valor de los bienes inmuebles y generalmente es manejado por los gobiernos municipales.
En algunos países los impuestos a la propiedad se utilizan para ayudar a financiar los servicios de los gobiernos municipales. Estos incluyen carreteras, parques, calles, tratamiento de aguas, recolección de basura, mantenimiento de alumbrado eléctrico y muchos otros servicios locales.
En nuestro país de acuerdo a lo establecido en la ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades de El Salvador (FODES), el Estado transfiere a las municipalidades el 8% del Presupuesto General de la Nación y son éstas las encargadas del manejo de dichos fondos. Para el año 2015 el Estado transferirá a las municipalidades 347.8 millones de dólares, los cuales han sido distribuidos de acuerdo a los criterios plasmados en la Ley FODES.
Este tipo de impuesto le permitiría a las alcaldías contar con más recursos para desarrollar los proyectos en beneficio de sus municipios y al mismo tiempo el Estado podría reducir ese porcentaje o eliminar dicho fondo que brindan a las alcaldías, y destinar estos recursos a las enormes necesidades que tiene el pueblo salvadoreño como salud, educación o seguridad.
En el caso de Costa Rica este tipo impuestos son administrados y recaudados por gobiernos locales correspondientes al cantón (o municipio) donde la propiedad está situada, los que se denominan municipalidades, y esos recursos son directamente utilizados en beneficio del cantón en concreto. Estos impuestos son pagados a una tasa del 0.25% del valor de la propiedad, según lo declarado por el contribuyente y lo aceptado por la municipalidad.
Si el propietario del inmueble incumple con los pagos de sus impuestos, y aunque nunca haya recibido un comunicado requiriendo el pago, su propiedad se encuentra sujeta a procesos de cobro judicial por parte de la alcaldía.
Asimismo, la ley establece para el caso de Costa Rica que las propiedades deben ser revaloradas cada cierto tiempo para lo cual el propietario de la propiedad debe realizar una declaración jurada ante la municipalidad para esos fines. Después que la declaración jurada se ha hecho, el valor de la propiedad es calculado y determinado por la municipalidad, de acuerdo con distintas variables. Esto requeriría la aprobación de una ley nacional sobre el impuesto al patrimonio que determine las reglas y procedimientos para la determinación de este tributo sobre la propiedad de manera uniforme en todos los municipios del país, de manera que no vaya a existir discrecionalidades en su aplicación que permita la corrupción.
Este tributo debe establecerse en un esquema de progresividad, es decir, que el impuesto debe ser más entre mayor sean los valores de los bienes inmuebles. Igualmente debe existir un piso para no agravar con este tributo a las personas de bajos ingresos, así por ejemplo no deberían pagar impuesto a la propiedad aquellas personas que tengan un bien inmueble cuyo valor sea el equivalente al valor de 50 canastas ampliadas de mercado, actualmente esto significaría que una propiedad con un valor de $38,700 dólares estaría exenta de este tributo.
Asimismo, por ejemplo, una propiedad que tenga un valor equivalente a 100 canastas de mercado, es decir, $77,400 debería pagar un tributo equivalente al 0.025%, es decir, $1,935 anuales. Una propiedad que presente un valor equivalente a 200 salarios mínimos, o sea, $154,800 pagaría un impuesto equivalente a $3,870 dólares al año.
Por otro lado, una propiedad con un valor equivalente de entre 645 canastas básicas y mil, deberían de pagar 0.025% de impuesto sobre el valor del bien inmueble, por lo que el impuesto en este rango estaría entre los $12,500 para un inmueble que tenga un valor de $500,000 y $19,350 para una propiedad cuyo valor sea de $774,000.
Para las propiedades con un valor mayor a los 1000 salarios mínimos la tasa debería de ser de 0.03% así una propiedad que tenga un valor equivalente a 1,500 canastas de mercado, es decir, $1.161,000, pagaría un tributo de $34,830 al año. Este impuesto debe aplicarse a todo bien inmueble, regulándose los montos máximos que cada comunidad debería recibir de este tributo, a partir de lograr una redistribución equitativa del mismo entre las comunidades en relación al número de personas que residen en dicha comunidad y los niveles de pobreza que en ella existen por falta de empleo o bajo valor de los bienes inmuebles por ser zonas marginales en el desarrollo de sus fuerzas productivas. Para dar un ejemplo, el Municipio de Antiguo Cuscatlán alberga una gran concentración del ingreso y de bienes inmuebles de alto valor y la densidad de su población es muy inferior a la de Soyapango, por lo tanto, el parámetro en la distribución del tributo recolectado deberá ser distribuido a partir de las medidas mencionadas. Para lograr esto, aunque las alcaldías cobren este tributo, éste debe ser centralizado en cuanto a su captación en una caja especial del Ministerio de Hacienda, quien procedería a distribuirlo según lo que se establezca. Igualmente el Ministerio de Hacienda debería hacer un ajuste a nivel nacional en el caso que una persona jurídica o natural posea diferentes bienes en diferentes municipalidades, el tributo debe ser aplicado al valor acumulado de los bienes muebles a nivel nacional. Esto terminaría de dar un carácter progresivo justo al tributo predial. Es importante que el Estado proceda a implementar este tributo como una gran prioridad y deje de seguir poniendo impuestos indirectos de carácter regresivo a los hogares, es más, muchos de los impuestos regresivos actuales como el IVA a los alimentos y las medicinas debería de ser eliminado y establecer un IVA que grave los bienes suntuarios.
7. Otras medidas complementarias
Anteriormente se han analizado algunas políticas que pueden ayudar a solucionar el problema fiscal del Estado y que podrían aplicarse para lograr una política fiscal integral donde sea el gran capital el que aporte lo que le corresponde en términos tributarios y deje de castigarse al pueblo salvadoreño, y de esta manera pueda revertirse el hecho de que por año han sido los trabajadores los que han tenido y siguen teniendo una mayor tasa de fiscalidad. Pero aunado a las políticas deben aplicarse otras medidas que le proporcionarían al Estado contar con más recursos.
Una medida urgente que debe realizarse en devolverle la política crediticia al Banco Central de Reserva (BCR), de esta forma el BCR podría proporcionar servicios financieros al gobierno tal y como lo hacen países como los Estados Unidos, Inglaterra, Japón, etc.
Para ello debe existir un política monetaria determinada por el Estado salvadoreño y; dicha política debe tener el propósito de promover y mantener las condiciones más favorables para el desarrollo de la economía nacional. Dentro de los cuales está la política crediticia.
Otra de las medidas es revisar el presupuesto general de la nación en especial el presupuesto que se le asigna a algunas carteras de Estado. Por ejemplo, para el 2014 al ramo de la defensa nacional se le asignó un presupuesto de 154.7 millones de dólares. Por lo que las autoridades deben hacer una revisión de los recursos asignados a la defensa del Estado, ya que tiene asignaciones aún por encima del presupuesto que se le otorgó al ramo de agricultura y ganadería el cual fue de 81.6 millones de dólares lo que significa que dicho ministerio recibió $73.1 millones más.
Del total de presupuesto asignado a este ministerio el 78% ($121.3 millones) es para el pago de salarios eso lleva a considerar que deben quitársele los privilegios a los que durante años han gozados de grandes salarios. Las fuerzas armadas del país deben ser atendidas en relación a las funciones que establece la Constitución de la República y la realidad social y política que vive nuestro país en el contexto internacional, donde las amenazas a nuestra soberanía son marginales, y dar más prioridad a la seguridad interna, a los ciudadanos, la cual actualmente vive condiciones críticas por la delincuencia organizada en las maras y el narcotráfico. Es más, toda la infraestructura que poseen las fuerzas armadas deben evaluarse y solo dejarles lo mínimo necesario y el resto trasladárselo al Ministerio de Educación para ampliar la infraestructura del Sistema Educativo Nacional (que es precario). Igual a todo militar con formación profesional y técnica, se le debe suspender su dependencia salarial del presupuesto de la nación y que pase a ejercer sus capacidades profesionales en el mercado laboral como cualquier profesional, ya que han sido becados por el Estado.
En este sentido es importante reajustar el presupuesto de dicha cartera de Estado ya que por años han gozado de muchos privilegios, además existen muchos profesionales y técnicos que se han formado dentro de éste que deberían incorporarse al mercado laboral.
También se debe revisar el gasto en infraestructura que año tras año se realiza. Dichas acciones permitirían lograr reducir de alguna forma el gasto excesivo sin que se retribuya a la sociedad, recursos que bien pueden ser utilizados para el desarrollo de la agricultura o gasto social.
A lo largo de estos artículos se han planteado una serie de medidas que podrían ser parte de una reforma fiscal, lo cual implica cambiar las bases del modelo de acumulación actual, ya que el Estado se encuentra sujeto a las leyes del modelo de acumulación capitalista.
Dichas medidas como se ha planteado van orientadas a dar progresividad a la política tributaria, atacar la evasión y elusión fiscal, renegociar la deuda, reformar el sistema de pensiones, entre otras, que buscan revertir la estructura tributaria actual donde la tasa de fiscalidad de los trabajadores, que es el porcentaje de ingresos que se aporta al Estado por medio de los impuestos, es superior a la tasa de fiscalidad que paga el capital, así como racionalizar el gasto suntuario dentro del cual cae el presupuesto del ejército nacional y otros relacionados con gastos suntuosos como vehículos, racionalizar los gastos de viaje, pero sin que el Estado caiga en el inmovilismo internacional que sería totalmente negativo, es más, revisar los niveles de salarios de todo el Estado y establecer una escala salarial basada en una carrera administrativa que incorpore la formación, el desempeño y las necesidades de la familia; igualmente debe corregirse el mandato constitucional del presupuesto asignado al Sistema Judicial de tal forma que éste tenga una racionalidad con sus necesidades y la austeridad y no por un mandato que parece llevar a una irracionalidad abusiva presupuestaria.
Por último es fundamental revisar toda la política del gasto en una visión de corto y mediano plazo, para lo cual se requiere definir el rumbo económico y social que se le debe dar a la economía salvadoreña en función de buscar resolver las incapacidades estructurales para generar riqueza en el país, y así resolver los lastres sociales del subdesarrollo, es decir, la pobreza, el desempleo, la deficiente educación de la población, la inexistencia de un sistema de ciencia y tecnología, todo esto requiere definir cuál debe ser la ruta para los próximos 25 años de la economía nacional, y adecuar la técnica presupuestaria a este horizonte, dejando atrás la técnica presupuestaria anual y pasar a definir presupuestos multianuales, que dejen de estar enmarcados en la sobrevivencia anual, abriendo y cerrando hoyos presupuestarios, e igual dejemos de ser administradores de políticas presupuestarias y fiscales que nos determinan los organismos financieros internacionales, que no le dan ningún rumbo a la economía y la tiene sometida en una quiebra financiera del Estado, una trampa de una deuda impagable, además en una lógica absurda que el modelo económico existente es exportador neto de capitales, lo cual de continuar, jamás permitirá que en El Salvador se den los niveles de inversión necesarios para salir del capitalismo precario que vivimos, con una concentración del ingreso y del capital perverso y ofensivo a los derechos humanos del pueblo salvadoreño.
