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Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
En el «Día Mundial de la Justicia Internacional», la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, la Comisión Pro Memoria Histórica y Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) reiteraron que el Estado salvadoreño “mantiene una realidad histórica marcada por la impunidad”. Asimismo, exigieron que se protejan los derechos, la dignidad humana, la construcción de la paz y la reparación integral de los crímenes de guerra.
«En este país, ya con 28 meses de régimen de excepción (…) todo lo que aquí se hace es planificado desde la Casa Presidencial. El presidente sabe de todas las violaciones a los derechos humanos, de capturas arbitrarias, de muertos en cárceles y no hace nada”, afirmó Samuel Ramírez, vocero de MOVIR.
Las organizaciones hicieron un llamado a los Estados Unidos de América, a la Unión Europea y a todos los países democráticos a reafirmar el compromiso con la protección de los derechos humanos, la dignidad humana, la construcción de la paz y a cesar el apoyo político y financiero a “regímenes violadores de derechos humanos”.
En este sentido, afirmaron que el régimen de excepción ha propiciado “prácticas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos”. Entre estas se encuentran la tortura, desaparición forzada, violencia sexual y detenciones arbitrarias, todas llevadas a cabo por agentes del Estado salvadoreño.
“El señor comisionado presidencial negó rotundamente que acá se violaran los derechos y que no hay muertes por capturas. Si hay torturas dentro de los penales y no solo una tortura dentro de un penal, sino los familiares que tienen sus cartas de libertad y no son liberados por desacato de Centros Penales, es una tortura saber que tienen uno o dos años de tener carta de libertad y que no le den cumplimiento”, enfatizó Alfredo Mejía, miembro de MOVIR.
De acuerdo con las organizaciones, la realidad histórica en el país ha sido la impunidad, y las graves violaciones ocurridas en el contexto armado seguirán sin ser investigadas ni sancionadas de forma ejemplarizante.
Esto se lo atribuye a una decisión política de todos los grupos gobernantes que administran al Estado desde el fin de la guerra, lo que permitió afirmar que “la impunidad del presente tiene su fundamento en la impunidad del pasado”.
“Hacemos un llamado al Estado sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Desde hace varios años hay denuncias de actuaciones arbitrarias y también violentas de autoridades como la Policía Nacional Civil o la Fuerza Armada, que repiten hechos del pasado. También hay una deuda histórica de justicia y estos casos deberían ser vistos por instancias imparciales”, dijo Alejandro Díaz, de Tutela Legal.
De la misma manera, denunciaron que la Fiscalía General de la República “sometida al Ejecutivo”, la Sala de lo Constitucional con “magistraturas usurpadas”, la Policía Nacional Civil “con prácticas violatorias de derechos humanos” y la Fuerza Armada “al servicio del poder de turno” son las principales responsables de la captura total del Estado por intereses particulares, lo que ha limitado el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos durante estos últimos años.
“El Estado de El Salvador, a pesar de los reiterados llamados de instancias regionales y universales de derechos humanos, no ha adoptado medidas de justicia, reparación integral y para el acceso a la información pública relacionada con el cometimiento de graves violaciones a derechos humanos”, concluyeron las organizaciones.
