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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
En una carta pública dirigida a la jueza de instrucción, María Elizabeth Amaya Rivera, la comunidad Santa Marta y directivos de ADES reiteraron que sus líderes comunitarios “no son delincuentes”, previo a la reanudación de la Audiencia Preliminar de los cinco ambientalistas, este miércoles.
“Ellos son defensores del agua, del medio ambiente y de la vida. Detrás de la acusación sin pruebas contra ellos está el interés de reactivar proyectos mineros que causarían graves e irreversibles daños en Cabañas y en otros lugares del país”, reiteran en su comunicado.
La jueza de instrucción de Sensuntepeque, María Elizabeth Amaya Rivera, reanudaría la Audiencia Preliminar, este día, luego del receso decretado el pasado 3 de abril, luego de una jornada maratónica en que la Fiscalía General de la República y el equipo de la defensa presentaron sus alegatos en torno al caso.
Los ambientalistas y líderes comunitarios Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, de Santa Marta – ADES, estarán este 10 de abril, a punto de conocer si serán sobreseídos definitivamente o tendrán que continuar bajo investigación sobre un hecho que les imputa el ente fiscal sin que tenga pruebas.
“Ahora estamos en receso, no ha terminado la audiencia, lo que falta es el fallo y el razonamiento de la jueza, que será la decisión que tomará en función de todo lo discutido este día”, dijo en esa noche del 3 de abril de Denis Muñoz, representante de los cinco ambientalistas, al salir del Centro Judicial Integrado de la Corte Suprema de Justicia, en San Salvador.
“Como jueza, sabe que no es legal elevar a juicio un caso donde no está probada la existencia de los delitos ni la participación de los detenidos”, dice el comunicado.
“Usted ha constatado la debilidad jurídica de este caso y como la Fiscalía, pretende subsanar la ausencia del cuerpo del delito con el relato contradictorio de un dudoso testigo protegido, con un acta de defunción irregular y otros elementos que no constituyen pruebas reales”, enfatiza. De tal forma, que la Comunidad Santa Marta y ADES apela a la jueza de instrucción, que “actúe con base a la ley” , por tanto, que que no avale lo que consideran una “instrumentalización del sistema judicial orquestada por la Fiscalía General de la República, que intenta “criminalizar y perseguir” al activismo ambiental.
“Durante el conflicto armado nuestros compañeros lucharon por la democracia, la paz y la justicia social; ahora protegen el agua, los ecosistemas y la continuidad de la vida gravemente amenazadas por tenebrosos proyectos extractivos. Por eso el país y la comunidad internacional están atentos”, reitera.
“Por lo tanto, de manera más respetuosa le pedimos que, por legalidad y por justicia, conceda el sobreseimiento definitivo y cierre el caso”, concluye la petición de la Comunidad de Santa Marta y ADES.
La Audiencia Preliminar se reanudará a las 10 de la mañana de este miércoles 10 de abril, en el Centro Judicial Integrado de la Corte Suprema de Justicia, donde la comunidad Santa Marta, y organizaciones homólogas se darán cita para esperar este fallo emblemático para el movimiento social salvadoreño.
