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Renán Alcides Orellana
Apesar del mandato constitucional, order el incumplimiento de los plazos en la Asamblea Legislativa, here para elegir funcionarios de segundo grado, no es nada nuevo; por el contrario, desde hace ya varias décadas, incumplirlos se ha vuelto como una constante de fácil cumplimiento. Y aunque el mandato constitucional (Art. 131, inc.19) no define fecha puntual, por simple lógica se deduce que la elección debe realizarse, con la debida antelación, al inicio de cada período. Cumplirlo, es parte de la moral legislativa.
Pero, el problema va más allá del simple retraso o incumplimiento. Como experiencia desagradable para el pueblo, siempre las elecciones para Magistrados (CSJ) (TSE) (CdeC), Consejeros (CNJ), Procuradores (PDDH) (PGR), Fiscal General (FGR)… han sido -son- termómetro infalible para medir el calor de los arreglos que generan el reparto de cuotas partidarias. Y esto hay que decirlo, sin reticencias ni eufemismos, porque así es. Nadie ignora que han sido muchos los períodos, en los que este tipo de elecciones ha mostrado incumplimiento hasta de meses, con resultados -casi siempre- fatales. Por eso, ningún ciudadano honesto puede creer ya, que la tardanza se deba al interés de seleccionar al candidato más probo, capaz y honesto. Nada de eso.
Con las excepciones de siempre, los resultados han sido tan decepcionantes y hasta inconstitucionales que, muchas veces, se ha llegado hasta la rectificación/destitución de funcionarios, electos en mala hora. Su elección había sido para corresponder -con “fidelidad y solidaridad”- a la conveniencia y a las componendas partidarias, mediante el más burdo toma y daca político: “me das, te doy” ¿Y el perfil para una elección apropiada? Bien, gracias…
Independientemente de la fecha y de quienes esta vez resultaren electos magistrados de la CSJ -las otras elecciones de segundo grado serán posteriormente- nada justifica el incumplimiento del plazo constitucional, como ha ocurrido tantas veces; sobre todo, si al final, en vez de más de lo mismo, todo resulta peor de los mismo. No se vale ya creer que todavía se puede dar atol con el dedo a una población cada vez más de avanzada y, sobre todo, que ya no ignora los arreglos de algunos políticos; muy hábiles, por cierto, para recibir y otorgar prebendas y privilegios, a base de compadrazgo, compromiso político o deuda familiar. La experiencia salvadoreña es muy rica en esos anti testimonios.
Ahora el pueblo sabe que, si bien no a todos, para algunos este cargo será como vestir un traje muy holgado, en términos de capacidad y honestidad profesionales. Esto, desde luego, sería lamentable, precisamente ahora cuando son evidentes las múltiples tareas que hay que cumplir al interior de la CSJ; destacando, por ejemplo, la mora judicial y la depuración de los jueces. El problema es que la población poco o nada conoce a los que se han auto postulado para la CSJ; pero, el gremio sí los conoce y, por tanto, se espera que -con fuerte dosis de moral profesional- las designaciones contribuyan a consolidar el proceso democrático, descalificando con propiedad a candidatos que, por su trayectoria poco recomendable, pongan en riesgo el ya malherido estado de derecho.
El problema no es que El Salvador no cuente con profesionales dignos -honestidad y capacidad- el problema es que -como diría Salarrué- “pa´vos n´uay”, Y no hay, bien porque sus principios les inhiben para aceptar cargos que el mal ejercicio político los vuelve cuestionables; o bien, porque siendo de probidad reconocida, sencillamente no encajan en los planes de los partidos políticos, que son los que, al final, definen las cuotas partidarias en cada elección, según el derecho que les da el potencial de sus votos. ¡Dios guarde! Volverán los desafortunados plazos a enseñorearse, durante el resto del año, en la Asamblea Legislativa. Después de los más cercanos por la elección de Magistrados a la CSJ, seguirán los entrampes en la escogitación/elección de candidatos para CdeC, FGR, CNJ, PDDH, PGR… que, sin duda, serán también eventos “emocionantes”.
Desde luego, todo sería distinto si, por rara vez, el cumplimiento de los plazos fuera realidad y que, además, los resultados fueran consecuentes con lo estipulado en la Constitución de la República, sobre la exigencia de elegir a personas de “honradez e instrucción notorias”, como en realidad existen hoy algunos funcionarios. Aparte de que, para la ciudadanía consciente, sería lo deseado. Porque, volver a las andadas en este campo -como parece que seguirá ocurriendo- será, sin duda, seguir jugando con la dignidad e inteligencia de los salvadoreños…
