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Tomado de UNIVISIÓN
La noche del 27 de marzo, el venezolano Eduard de Jesús Caraballo López estaba entre los detenidos en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Recuerda que durante la tarde, un grupo de migrantes guatemaltecos exigía a los guardias que les dieran agua potable. La tensión en la celda empeoraba por la falta de respuesta a esa petición y por la amenaza de que, posiblemente, serían enviados a Ciudad de México. Sus compañeros, cuenta, decidieron llamar la atención de los funcionarios.
“Vamos a prender una colchoneta y vamos a lanzarla para afuera”, amenazaban los guatemaltecos a los guardias,dijo Caraballo a Univision Noticias. «Tenían entre 18 y 20 días encerrados. Me estaban contando el día que entré (…) Me decían que les pasaban agua de vez en cuando».
«Como a las 9:00 pm arranca el incendio. Ellos tenían rato conversando de eso. Yo les decía: ‘Hermano, yo voy a salir ahorita, no se pongan con esa locura’. Pero no me hicieron caso. Traté de quitarles el yesquero (encendedor) y se me revelaron».
Caraballo asegura que un guardia del centro de detención le vendió a uno de los guatemaltecos el encendedor con el que se generó el fuego. Los funcionarios, dice, también vendían cigarros y marihuana.
“Yo empecé a gritarle a mi familia, llamaba a los guardias, no me importa que quedara delante de todos como el chismoso. Les decía (a los guardias): ‘Hermano, van a prender esto, van a prender esto’. No me hicieron caso», narra.
Uno de los guatemaltecos, dice este migrante venezolano de 26 años, concretó la amenaza. Prendió una colchoneta.
Caraballo había sido detenido la tarde del 27 de marzo en la misma redada migratoria que se repite en el testimonio de otros migrantes que estaban en la celda. Lo montaron en la misma patrulla que a Jeison Catari Rivas, el venezolano imputado por presuntamente iniciar el incendio.
Afuera, a Caraballo lo esperaba su esposa, Biangly Infante, quien había llegado al centro de detención poco después de las 2:00 pm para entregar a las autoridades los documentos que demostraban que su esposo y su familia entera tenían permiso para estar en México.
El fuego en Ciudad Juárez
La Fiscalía de México vinculó a Catari Rivas como uno de los que generó el fuego en el que murieron 40 personas y otras 28 resultaron heridas. Esta semana, él se convirtió en el único migrante imputado por homicidio doloso y lesiones.
«Lo metieron preso y él no estaba en eso», dice Caraballo, quien asegura que todos los autores materiales del incendio fallecieron.
Univision Noticias solicitó una entrevista con la Fiscalía General de México para conocer más detalles sobre las pruebas que inculpan a Catari. No se obtuvo respuesta hasta la publicación de esta historia.
Según Caraballo, en medio de la tensión que generó la amenaza de los guatemaltecos para iniciar el incendio, Catari movió algunas colchonetas hasta la reja de la celda para evitar que los guardias de seguridad vieran por la cámara de vigilancia la discusión que se generaba
«El guatemalteco, cuando la colchoneta le prendió, le prendió de verdad, y la lanzó. Cuando la lanza, todas las colchonetas agarraron burda de humo, candela, rapidito. Jeison en ningún momento agarró el yesquero, nada (…) Él nunca dijo que quería prender fuego», dice Caraballo.
Cuando el fuego arreció, muchos corrieron al baño. La secretaria de seguridad y protección de México, Rosa Icela Rodríguez, ha condenado en ruedas de prensa la inacción de los guardias de seguridad en el recinto, que no abrieron la puerta de la celda para liberar a los migrantes. Ha repetido que se trata de «un delito grave» y que se hará una investigación a todos los niveles.
Caraballo asegura que metía la cabeza en el retrete para mantenerla húmeda y así evitar asfixiarse. En un punto, como cuentan otros migrantes entrevistados por Univision Noticias, perdió la conciencia. Cuando despertó, ya estaba afuera.
Fue trasladado al hospital general de zona 35 IMSS, igual que Catari, con afección en los pulmones por la inhalación del humo. Catari y Caraballo fueron internados y atendidos en camillas una al lado de la otra, vigilados 24 horas por un funcionario del Instituto Nacional de Migración (INM).
El registro nacional de detenciones del Gobierno de México muestra en una planilla que el jueves 30 de marzo, a las 5:30 am, la Policía Federal Ministerial efectuó la captura de Jeison Daniel Catari Rivas en el hospital.
«A Jeison se lo lleva Fiscalía. Yo vi cuando se lo llevaron, en la madrugada, le metieron esposas y se lo llevaron», cuenta. Ocurrió mientras dormían y entraron dos funcionarios. «Él estaba acostado, llegó Fiscalía, le enseñó un papel, le dijo que estaba arrestado. Jeison estaba acostado en la cama durmiendo y yo empecé a escuchar las cosas y me dije: ¿Qué está pasando aquí?».
Caraballo escuchó que le advertían que todo podía ser usado en su contra: «Él dijo: ‘No me esposen, que yo no estoy preso’. Le dijeron que tenían que esposarlo por medidas de seguridad. De ahí se lo llevaron. Él salió de la misma habitación».
Distintas organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de México han exigido que el gobierno federal investigue lo ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez. El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió que se lleve a cabo una indagación «exhaustiva» sobre lo sucedido.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una organización civil local, denunció un día después del incendio que el fuego tras la protesta «no es un hecho aislado», sino consecuencia de «una serie de violaciones de los derechos humanos de las personas detenidas».
Reclamó que la política migratoria del país priorice «la contención, detención y expulsión» de migrantes sin que se consideren las realidades individuales. Condenaron que las estaciones de detención temporal sean «entornos torturantes», donde las personas están bajo hacinamiento, sin acceso a agua o alimentos de calidad, sin servicios de salud o espacios adecuados de descanso o para la higiene personal.
La Comisión concluyó que esas medidas «son el reflejo de una política migratoria que criminaliza y deshumaniza a las personas en movilidad».
Junto a Jeison Catari, cuatro personas más fueron imputadas. Tres son agentes de migración y uno guardia de seguridad. Serán juzgados como autores materiales bajo los delitos de homicidio y lesiones por no abrir las puertas de la celda que ardía en llamas para liberar a los migrantes. Sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad de rango superior del Instituto Nacional de Migración ha sido detenida o imputada.
