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La derecha empresarial, política y mediática siguen criticando al Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, por haber gestionado la aplicación del recargo de un centavo de dólar por kilowats hora, para invertir en producción de energía limpia, que en el futuro será más barata.
La ANEP, a través de sus abogados, incluso, ha acudido a la polémica y antigubernamental Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que impida, mediante una resolución de inconstitucionalidad, la aplicación del recargo del centavo de dólar, equivalente al 13%.
Lo que la ANEP no dice al país es que con el primer Gobierno de ARENA se redujo a los empresarios, de forma significativa los impuestos. Por ejemplo, en el Gobierno del Presidente Alfredo Cristiani les redujeron el impuesto sobre la renta.
En un artículo del Blog Hunnapuh-Comentarios, titulado “Los impuestos y las empresas salvadoreñas”, de forma categórica dice: “Las tasas impositivas en El Salvador son más bajas que en el resto de países de Centroamérica, así como los salarios mínimos.
El Salvador ha sido durante años, víctima de las políticas neoliberales de cuatro gobiernos consecutivos que buscaron debilitar la capacidad controladora del estado y privatizar la mayor parte de servicios públicos, como la telefonía, la distribución de la electricidad; acabaron con la calidad académica de las escuelas, hospitales y seguridad públicas para favorecer a empresas privadas que brindan servicios de educación, seguridad y salud, con la falsa premisa de la incompetencia estatal”.
La ANEP tampoco le dice a los salvadoreños que gracias al primer Gobierno de ARENA, les quitaron el impuesto predial, lo que podría contribuir a que el Gobierno cubra muchas de las necesidades ciudadanas como la salud, por ejemplo.
Muchas de las leyes que se hicieron en los gobiernos de ARENA han servido para la elusión fiscal, sobre la base que en la medida que los empresarios dejan de pagar algunos impuestos, estos se volverán en generadores de empleo. Por supuesto, hasta el día de hoy, esto ha resultado en una falacia.
Lo ideal sería que desde la empresa privada saliera una propuesta para estudiar el tema fiscal del país, pero no en la lógica de continuar disminuyendo contribuciones fiscales al sector privado, sino, de qué impuestos deberían pagarse para sacar el país de la deuda pública, y para que no siga en la línea de buscar empréstitos para sufragar obligaciones estatales con la ciudadanía. Recordemos que 160 familias se llevan casi el 70% del Producto Interno Bruto, el cual se calcula en 24 mil millones de dólares.
