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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Era el año de 1982, el batallón Atlacatl y combinados militares ya habían cometido una serie de “masacres” de población civil durante el conflicto armado que llevaba dos años de haber comenzado. Teresa de Jesús Abarca era una pequeña niña, y recuerda el testimonio de su madre, que le contó que sus tías murieron en la Masacre de El Calabozo el 22 de agosto de 1982.
Testimonios de los sobrevivientes de esa masacre han señalado que la noche del 21 de agosto un grupo de civiles entre ellos mujeres, niños y niñas, llegaron al río Amatitán, que estaba crecido por las lluvias y decidieron pernoctar en ese lugar para que los menores descansaran. Sin imaginar que ya había un combinado militar que les había tendido un cerco y luego de una orden fueron masacrados.
“Yo soy de la Comunidad Amatitán Arriba, para mí es importante venir año con año y conmemorar a las víctimas de esta masacre, de nuestros hermanos que murieron aquí, porque fueron más de 200 personas que fallecieron sólo en este lugar (río), pero alrededor también murieron muchos más, y eso no debemos de olvidar”, expresó Abarca.
Como una tradición oral que pasó de su madre a Teresa de Jesús, el asesinato de niños, niñas, mujeres y hombres adultos mayores no puede ser olvidado y mucho menos, no puede pasar sin aplicarse justicia y reparación a las víctimas y los sobrevivientes.
“No debemos olvidar esta conmemoración de nuestros hermanos y hermanas, porque ellos murieron sin defensa, murieron sólo porque vivíamos en estas comunidades sin deber nada ni tener nada”, indicó.
“Eran personas inocentes que murieron y eso no lo podemos olvidar, aquí murieron unas tías mías – me contó mi mamá- yo era de las últimas de la familia y ella siempre me contaba que sus hermanas murieron en El Calabozo. Ese recuerdo no lo podemos olvidar, y queremos que los jóvenes retomen esta conmemoración, porque realmente lo que no queremos, es que esto se vuelva a repetir”, expresó Abarca. La retardación de justicia en la Masacre de El Calabozo explicó Irene Gómez, abogada de Justicia Transicional de CRISTOSAL, ha sido la constante desde que se encuentra en el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, del departamento de San Vicente.
“Hasta este momento sigue en instrucción (investigación). Nosotros, como acusación particular, el año pasado presentamos a seis testigos y dos que ya habían declarado. Han sido 20 testigos que han declarado desde 1992, año en que se interpuso la denuncia en el juzgado”, informó.
“Como acusación particular, también presentamos diferentes solicitudes como la incorporación de la prueba documental desde noviembre del año pasado hasta abril de 2023. Son diferentes escritos y sin ninguna resolución por parte del Juzgado de Instrucción. Hasta que presentamos un recurso de dilatación de justicia ante la Cámara de San Vicente, hasta ese momento reaccionó el juzgado”, señaló Gómez.
De las seis peticiones acumuladas, la abogada comentó que de las más importantes que hicieron fue sobre la detención de José Guillermo García, exministro de la Defensa, en ese momento, y fue uno de los que ordenó esta masacre de El Calabozo, en donde murieron más de 200 civiles, asesinadas el 22 de agosto de 1982.
“Hasta este momento no se ha definido que va a pasar con el general, también pedimos la detención de los otros altos mandos que estaban en El Calabozo. Hemos presentado solicitudes para que se realicen dos peritajes: el primero, son documentos desclasificados de los Estados Unidos, y el otro un peritaje militar, pero hasta momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta y han pasado ya dos meses”, dijo.
“Lo que vemos es un patrón que está siguiendo el órgano Judicial con respecto a este tipo de casos, como la masacre de El Mozote que no avanza, lo tienen dilatado con trámites, pese que en este caso hay suficientes pruebas para elevar el caso a la última etapa (Vista Pública). Y en el caso de la Masacre San Andrés suspendieron la audiencia y la dejaron para enero de 2024, entonces, hay un patrón de retardación de justicia para estos casos”, indicó Gómez.
Mientras, David Morales, jefe de Justicia Transicional de CRISTOSAL, reiteró el acompañamiento a las comunidades de San Esteban Catarina y sitios aledaños en la conmemoración del 41 aniversario de la Masacre de El Calabozo, que exterminó a más de 200 personas por el Batallón Atlacatl y tropas combinadas en 1982.
“Son comunidades que sufrieron los peores atropellos durante el conflicto interno, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y por más de cuatro décadas han luchado por la verdad, justicia y reparación. Es una larga y lucha ejemplar que sigue vigente”, afirmó.
“Y, justamente están enfrentando estructuras estatales de impunidad que guardan silencio, que ocultan información de estos crímenes de Estado, y que protegen a los criminales de guerra. Tratando definitivamente de soslayar reiteradamente de incumplir sus obligaciones para con las víctimas”, reiteró Morales.
Asimismo, consideró que estas “estructuras de impunidad y olvido”se han venido reproduciendo históricamente y se mantienen como “prácticas estatales”, que también se vienen aplicando a nuevas víctimas de las diferentes violencias que sufren las víctimas.
“Todas estas víctimas van sufriendo el mismo destino de abandono, las nuevas víctimas de la criminalidad, las miles de víctimas de capturas arbitrarias y torturas del régimen de excepción están sufriendo atropellos que enfrentan a la impunidad de funcionarios públicos que ocultan estas violaciones a los derechos humanos, se debe seguir luchando para que el Estado asuma, respete y garanticen los derechos de la población”, puntualizó.
