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José M. Tojeira
Los juicios colectivos, en los que se acusa a un grupo amplio del mismo crimen, son propios de estados autoritarios. Las cosas se complican todavía más cuando las capturas carecen de una investigación previa adecuada y las pruebas que se presentan son circunstanciales y las mismas para muchas personas. El estado de derecho, como se conoce internacionalmente, queda seriamente limitado con este tipo de enjuiciamientos orientados a conseguir sentencias condenatorias rápidas que no cumplen con los parámetros de un juicio justo.
Enjuiciar a grupos de 900 personas simultáneamente y por el mismo delito, como se pretende en El Salvador, es la mejor manera de ser injustos. El modo de llevar estos casos nos hace retroceder en el tiempo o viajar en el espacio a lugares distantes, aunque con frecuencia los países que han juzgado masivamente a personas hayan abusado de los acusados con mucha mayor violencia que en El Salvador.
En las farsas de juicio soviéticas, aunque terminaran con frecuencia con la pena de muerte, rarísima vez se llegó a enjuiciamientos de un número tan grande como el que se pretende en el país. El secretario del partido comunista, Josef Stalin, durante la llamada gran purga que eliminó a millones de seres humanos, realizaba juicios grupales en contra de, más o menos, veinte personas. Recientemente, ya en este siglo, en Emiratos Árabes Unidos, en particular en Abu Dabi, se tuvo un juicio colectivo contra 94 personas. Al igual que en la Unión Soviética, las confesiones forzadas con tortura fueron la fuente de la condena.
La diferencia con nosotros, a parte de las condenas y la tortura previa, es que si aquellos forzaban las confesiones para considerarlas posteriormente pruebas, nuestros inventores de leyes prefieren prescindir de las pruebas. Aunque ciertamente la brutalidad de los ejemplos mencionados no existe en El Salvador, el número de personas de las que se abusa crea un precedente muy peligroso para la convivencia ciudadana. Decir que más abusaban de la gente las maras no justifica que el Estado abuse. Hay medios de control de la delincuencia más eficaces que los utilizados entre nosotros que no necesitan violar derechos humanos. Otra cosa es que los anteriores gobiernos hayan sido incapaces de controlar la violencia. Pero la incapacidad de otros para resolver problemas delictivos, no justifica que se opte por un sistema que elimina garantías judiciales básicas.
Al final no se tocan las causas de la violencia. La pobreza, la desigualdad, las debilidades del sistema escolar y de los sistemas de protección social, la larga tradición de no dar importancia a la vida de los pobres son siempre causas de violencia. La violencia se puede vencer con violencia, generalmente causando daño y dolor. Pero si no se superan las causas, la violencia surge de nuevo. En un país como el nuestro, con una larga tradición autoritaria, el autoritarismo puede prolongarse durante un tiempo largo. Pero al final acumula más enemigos que amigos, y eso le lleva a la ruina. Lo mejor es siempre emprender el camino del fortalecimiento democrático de las instituciones y de la justicia social. Otros caminos terminan siempre en el lado oscuro de la historia.
“El prolongado estado de excepción, junto con la legislación que permite una mayor vigilancia, un enjuiciamiento más amplio y una determinación más rápida de la culpabilidad y de la sentencia, conllevan el riesgo de violaciones masivas del derecho a un juicio justo”, advirtieron los expertos.
Asimismo, recalcaron que las personas aprehendidas en “esta red de arrastre del Gobierno” salvadoreño deben tener garantizado el goce de sus derechos el respaldo que el gobierno presta al concepto de “delito flagrante permanente” para favorecer los arrestos sin orden judicial de personas sospechosas de pertenecer a pandillas, abogaron por el respeto a las garantías fundamentales estipuladas en las leyes internacionales de derechos humanos relativas al debido proceso de todos los detenidos.
