Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Ante la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, el presidente de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Gustavo López Davidson presentó este martes una denuncia en contra del presidente de la República Nayib Bukele, por supuesta difamación y calumnia. El dirigente político exige el pago de 8 millones de dólares de parte del mandatario.
López Davidson aseguró que Bukele está valiéndose de su cargo para emprender persecuciones de carácter político. “Él ha hablado y escrito a través de Twitter un montón de cosas, que lo que esperamos es que sean comprobadas en un tribunal”, dijo el dirigente arenero, minutos antes de ingresar a la Cámara.
Asimismo, sostuvo que Bukele está utilizando todo el aparato de Estado para dañar la imagen y el honor de una o varias personas, y adelantó que este miércoles en un hotel capitalino aclarará los hechos que fundamentan la denuncia ante la Cámara.
En redes sociales, el presidente Nayib Bukele ha calificado al dirigente político como “ladrón” y “mercader de la muerte”, luego de que el 8 de noviembre pasado el Ministerio de la Defensa Nacional presentara un aviso en la Fiscalía General de la República por una supuesta irregularidad en una permuta de armas entre la cartera de Defensa y la empresa Centrum, de la que López es el representante legal.
Supuestamente, el Ministerio de Defensa Nacional entregó a Centrum armamento de artillería por valor de dos millones de dólares, y a cambio habría recibido armamento “defectuoso”. Más denuncias fueron interpuestas en la FGR, el 20 de noviembre por presunta estafa agravada, cohecho, falsedad material, tráfico ilícito de armas y evasión de impuestos.
Abel Chavarría, apoderado legal de López Davidson explicó que la denuncia será remitida por la Cámara Segunda de lo Penal a la Asamblea Legislativa, para que los diputados determinen si existe lugar a la formación de causa en contra del presidente.
El presidente de la República goza de fuero constitucional mientras se encuentre en el ejercicio de su cargo; es decir, no podrá ser enjuiciado de forma particular por instancias comunes, mientras ocupe el cargo de mandatario.
Chavarría indicó que tras el pronunciamiento de los parlamentarios acerca del caso, la Cámara comenzará a tener competencia y aseveró que cuentan con pruebas documentales, testimoniales y periciales para fundamentar la denuncia.
Además, detalló que de acuerdo al Código Procesal Penal, los delitos menos graves, en este caso la calumnia y la difamación, podrán ser acusadores particulares los que promuevan una acción penal.