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México / AFP
Jennifer González Covarrubias
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió ante los padres de 43 estudiantes desaparecidos en 2014 a esclarecer «el lamentable y triste» caso, en el cuarto aniversario de un crimen que cimbró al país y a la comunidad internacional.
El izquierdista prometió trabajar desde el primer día de su mandato -el 1 de diciembre- para hacer justicia en un caso que representa una mancha indeleble para el gobierno del presidente saliente Enrique Peña Nieto.
«El 1 de diciembre vamos a emitir un decreto para crear, si no se ha hecho, la comisión de investigación, y definir todo el procedimiento que vamos a llevar a cabo hasta llegar a la verdad y a la justicia», dijo López Obrador, tras una reunión con los desesperados padres.
También «se acordó abrir las puertas del próximo gobierno de nuestro país a los organismos internacionales de defensa de derechos humanos que hayan ayudado, contra viento y marea, a que este asunto no fuese cerrado, y nos permitió llegar hasta este momento en que se retoma» el caso, añadió el presidente electo, conocido comoAMLO por sus iniciales.
En la reunión también participaron el representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y el ombudsman federal, Luis Raúl González, entre otros.
– «Luz de esperanza» –
Para los padres de los estudiantes, la reunión con el próximo presidente representó «una luz de esperanza», aseguró María Elena Guerrero, madre de Giovanni Galindes, que tenía 20 años cuando desapareció.
«Cuatro años hemos luchado abriendo puertas y hoy para nosotros es un honor que ésta puerta se haya abierto sola», añadió parada a un lado de AMLO y portando una enorme fotografía de su hijo.
Con la voz quebrada, Epifanio Álvarez, mostró también una renovada confianza.
El futuro gobierno «sí nos transmite la esperanza de poder llegar al paradero de nuestros hijos», dijo enfático el padre de Jorge Álvarez, con 19 años en septiembre de 2014.
«Estamos esperando con ansia poder besarlos y abrazarlos y decir ‘¡Te quiero hijo!’, eso estamos esperando», concluyó sollozando.
Un tribunal del norteño estado de Tamaulipas ordenó la creación de una comisión de investigación para el caso de Iguala, pero fue apelada por la fiscalía y actualmente se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia.
López Obrador dijo que pedirá «con todo respeto» al máximo tribunal que atienda la resolución, pero si para el 1 de diciembre no hay una sentencia favorable, entonces la creará por decreto.
Dicha comisión estará integrada por «los padres de las víctimas, los organismos de derechos humanos que los han acompañado, los organismos internacionales y todas las áreas del gobierno federal», declaró Alejandro Encinas, futuro coordinador de esas pesquisas.
«Han pasado cuatro años donde ha habido no solo una actitud omisa, sino dolo en la investigación. Pero creo que todo puede reconstruirse (…) Se abrirán nuevas líneas de investigación», acotó Encinas.
– Cuestionada «verdad histórica» –
Según la hipótesis oficial, denominada como la «verdad histórica» por Peña Nieto, los estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero, sur) estaban en la cercana Iguala apoderándose de autobuses para sus movilizaciones políticas cuando fueron detenidos por policías locales.
Los uniformados corruptos los habrían entregado a narcotraficantes, quienes los habrían asesinado para luego incinerar sus cuerpos y arrojar las cenizas a un río.
Sin embargo, Naciones Unidas, y los expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como el Equipo Argentino de Antropología Forense y equipos extranjeros de investigación independiente han rechazado tajantemente esta hipótesis.
En un último pronunciamiento, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamentó el miércoles que el gobierno «se haya enfocado en reiterar lo insostenible e intentar acallar o desprestigiar las voces de quienes han cuestionado la versión oficial».
Hasta ahora hay 119 personas procesadas por el caso, 69 por secuestro y 50 por delincuencia organizada o portación de armas.
La ONU ha denunciado que algunos testimonios de los detenidos fueron obtenidos bajo tortura.
Solo el cadáver de un estudiante ha sido identificado plenamente.
Afuera del Museo Memoria y Tolerancia, donde se llevó a cabo la reunión, unos 300 estudiantes corearon una y otra vez el lema de sus marchas: «¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!».
