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Redacción Nacionales
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La expresidenta de la Asamblea Legislativa y ex dirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Lorena Peña, y su hija Ana Virginia Guardado Peña, fueron declaradas culpables de enriquecimiento ilícito y deberán reintegrar al Estado $150,762.86 dólares. Sin embargo, la exfuncionaria dijo que la cámara se apegó a un aspecto político, ya que los fondos cuestionados no son públicos, pues pertenecían a la Secretaría de Cultura del FMLN la cual presidió durante diez años.
La Cámara Primero de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador declaró culpables por supuestamente no justificar el aumento de su patrimonio y el origen legal del dinero. La sentencia también inhabilita a Peña para ejercer cualquier cargo público en los próximos 10 años.
La demanda inicial presentada por el Ministerio Público señalaba que Peña tenía un total de 15 supuestas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales; se le acusaba de enriquecimiento ilícito por un monto de $277,482.54. La Cámara encontró culpable a Peña por enriquecimiento ilícito por $133,746.60; y a la hija, por $17,016.26, lo cual hace un total de $150,762.86. Esa cantidad deberán reintegrar al Estado.
Lorena Peña, a través de una declaración compartida a este medio dijo que el fallo de los jueces “no es apegada a derecho”, pues consideró que es una sentencia “eminentemente política”.
“Desde el inicio del juicio, nuestra defensa demostró que la demanda era improponible dado que los fondos cuestionados no son públicos, sino de origen privado, además que durante todo el proceso la Fiscalía fracasó en demostrar aumento de patrimonio, su mismo perito reconoció en la audiencia que en mi caso los fondos provienen de la Secretaría de Cultura del FMLN, partido legalmente inscrito, la cual dirigí durante años y en el de mi hija, aceptó verbalmente que su empleador respaldó haberlo otorgado los fondos señalados”, comentó Peña.
“Habiéndose demostrado el origen lícito de los ingresos de ambas, la Cámara se apegó a un criterio político para emitir este fallo, que muestra que la justicia está comprometida y su independencia sometida a los intereses de un Gobierno”, concluyó.
