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Durante tres días, el Gobierno del presidente Nayib Bukele vio expuesto al fracaso su millonario y propagandizado Plan Control Territorial, pues en ese periodo murieron más de 80 salvadoreños. Hasta hoy no se sabe quiénes de los muertos eran de pandillas o maras, y quiénes gente ajena a esas estructuras criminales. Ese dato debería darlo alguna entidad de gobierno, dado que en El Salvador prácticamente hay control estricto de la información desde la oficialidad, y por lo tanto imposible para el periodismo, mucho menos para la población.
Aunque una víctima mortal, independientemente de la ubicación en estructuras o condiciones económicas a la que pertenezcan estas no es lo importante, sino el fracaso de las políticas para garantizar la vida de las personas.
Hasta hoy no se sabe a ciencia cierta qué pasó entre el viernes 25 y domingo 27 de marzo, cuando las pandillas decidieron acabar con la vida de más de 80 personas, y se encargaron de decir a los salvadoreños que quienes controlan los territorios son las estructuras delictivas y no la autoridad como debería de ser. Al respecto hay muchas presunciones.
Una de esas presunciones es que el gobierno le falló al pacto logrado con las pandillas para mantener los homicidios a cuatro diarios, y la otra es que se rompió el diálogo entre esas estructuras y el gobierno.
Lo anterior no lo sabremos hasta que los voceros de las estructuras criminales lo digan, o si alguna de las fuentes del gobierno filtra alguna información.
Lo que sí sabemos es que las estructuras criminales pueden actuar y matar cuando se les ocurra, y, que por tanto, el famoso y millonario Plan Control Territorial es un espejismo más, que solo sirve para la propaganda y sacar dinero del erario público, del cual por cierto no se da cuenta, pues toda la información tiene el carácter de reserva.
Lo que sí quedó claro también es que ese periodo sangriento le sirvió al gobierno para seguir reorientando fondos millonarios para la seguridad con cláusulas especiales, como la ley para la “recompensa”, y, lo más grave, mantener al país en estado de excepción, es decir, sin la protección constitucional para cada ciudadano y poblador de este país.
Sí, gracias a los 62 muertos del sábado 26 de marzo y los 14 del viernes 25, le sirvieron al gobierno para obtener para la seguridad 80 millones de dólares, de los cuales 60 son para el Ministerio de Seguridad, y 20 para la Fuerza Armada. Además, la ley para el pago de recompensa para informadores, es un mecanismo legal para no dar ningún tipo de información del dinero que se ocupa para inteligencia.
El pueblo debe saber que fondos para el pago de informantes siempre ha estado presupuestado, y lo manejan el Organismo de Inteligencia del Estado, la inteligencia policial y la inteligencia militar. Es decir, no es ninguna novedad, solo que hoy aparece como ley, y sobre todo, con la orden estricta de no dar cuentas generales de esos fondos. Es mas, con este gobierno no se sabrá nunca el monto total para ese rubro.
Lo otro que ha logrado este gobierno es el régimen de excepciones con lo que le quita a los salvadoreños o residentes en el territorio nacional cuatro derechos constitucionales, a saber: el derecho a la organización y libre circulación, el derecho a tener un abogado, el derecho a las 72 horas de detención administrativa, hoy pueden ser 15 días o más, periodo en el que los capturados pasan a un estado de “desaparecido”, pues los familiares no reciben información, además de que todo salvadoreño se vuelve sospechoso de ser delincuente, contrario a lo que dice la constitución, donde prevalece la presunción de inocencia.
Y los sospechosos son hasta los niños de kínder, claro, si pertenecen a los sectores populares, pues a los de los colegios de alta alcurnia que se mueven en lujosas camionetas jamás les van a revisar los bolsones como lo hemos visto en las redes sociales.
Y es que como dice un poema de Roque Dalton, los pobres siempre serán “los sospechosos de todo”, o como diría Monseñor Oscar Arnulfo Romero, “la serpiente siempre le muerde los pies a los descalzos”.
Entonces, quién ha aprovechados esas 72 horas sangrientas en El Salvador, el gobierno. Porque obtuvo 80 millones de dólares y una nefasta ley que suspende garantías constitucionales. Y quien ha perdido, pues el pueblo pobre y trabajador, pues, está en la mira de la autoridad en su calidad de sospechoso.
Los aplaudidores del “bukelismo” dirán que los perdedores de lo logrado por el gobierno no son los delincuentes porque mueren en enfrentamientos o por los cuatro mil capturados o porque les han quitado las colchonetas en las cárceles y les reducido los alimentos. Pues, no, los delincuentes sobre todo esas estructuras criminales tienen claro dos cosas: la muerte o la cárcel.
El Cardenal Gregorio Rosa Chávez es muy sabio al decir que “la represión nunca será la solución a la violencia” y “desde que comenzó este tipo de enfoque (los regímenes de excepción) fue un fracaso y lo mismo pasará en esta ocasión. Esta gente tiene derecho a rehabilitarse…”. Quien tenga oídos…
