Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Francisco Américo Mejía
El 16 de enero de 1992 se culminaba el proceso negociador para poner fin a la guerra que se desarrollaba en El Salvador entre las fuerzas revolucionarias del FMLN y el gobierno representante de la dictadura oligárquica-militar. El proceso de negociación fue largo y complejo, pero finalmente se llegaron a los acuerdos, que se enumeran a continuación:
Acuerdo de cese al fuego. A partir del 1 de febrero la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y el FMLN no realizarán ataques por mar, tierra o aire, no realizarán patrullajes o maniobras ofensivas, ocupar nuevas posiciones, colocar minas, interferir las comunicaciones militares, operaciones de reconocimiento de cualquier tipo, actos de sabotaje. Este acuerdo fue cumplido totalmente por ambas partes.
Acuerdo de separación de fuerzas. La separación de fuerzas consistió en la concentración de las fuerzas del FMLN y la FAES en diferentes lugares para evitar que se dieran enfrentamientos armados y facilitar la verificación por parte de ONUSAL. En una primera etapa las fuerzas del FMLN se concentraron en 50 lugares y la FAES en 100. En la segunda etapa el FMLN se concentró en 15 lugares y la FAES en 62. En una tercera etapa, el FMLN fue desmovilizando fuerzas poco a poco y la FAES se fue reduciendo. Los comandos urbanos no se concentraron pero entregaron sus armas en los 15 lugares de concentración. Acuerdo cumplido.
Acuerdo de fin de la estructura militar del FMLN y su incorporación a la vida civil y política del país El FMLN desmovilizó aproximadamente a 11 mil combatientes en el nivel militar y posteriormente a 6 mil en el nivel político. El FMLN concentró todas las armas (menos la de uso personal de los mandos) y entre el 15 y 31 de octubre de ese año fueron destruidas bajo supervisión de ONUSAL. Con los restos se construyeron monumentos y otras armas fueron montadas como suvenir (ya inutilizadas, por ejemplo AK-47 cortados por la mitad). Todas las organizaciones componentes del FMLN desarrollaron congresos. Acuerdo cumplido.
Acuerdo de restauración de la administración pública en las zonas conflictivas. Habilitar las alcaldías, reparar caminos, la energía eléctrica, escuelas, oficinas de administración de justicia, etc. Las emisoras radiales del FMLN podrán transmitir sin interferencia, el GOES realizará campañas publicitarias a favor de la paz. Acuerdo cumplido, aunque por ejemplo, alguna infraestructura escolar no fue modernizada entre otras deficiencias.
Acuerdo de reducción de la FAES y ajuste de su doctrina a la paz. La FAES fue depurada tomando en cuenta los antecedentes de los oficiales respecto a los derechos humanos, su preparación profesional y su capacidad para vivir y actuar en una sociedad democrática. Las tropas se redujeron al desmontar a los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI´s: Belloso, Atonal, Atlacatl, Bracamonte y Arce), en total fueron aproximadamente 30 mil, considerados los únicos desmovilizados de la FAES. Se creó un nuevo sistema educativo con nueva doctrina (Escuela Militar) que estaría dirigida por un consejo académico integrado por civiles y militares. El cuerpo docente no debería ser dominado por una tendencia política. Para cumplir este acuerdo se formó una Comisión Ad Hoc. Se suprimieron los grupos paramilitares y se suspendió el reclutamiento forzoso. Se suprime la Dirección Nacional de Inteligencia y en su lugar se creó el Organismo de Inteligencia del Estado que está subordinado al poder civil. Acuerdo cumplido.
Acuerdo de superación de la impunidad. Para crear confianza en los Acuerdos de Paz y estimular la reconciliación se investigarán todos los hechos graves de violencia cometidos durante la guerra. En abril de 1991, en México, se acordó formar la Comisión de la Verdad (C.V.) integrada por tres personalidades extranjeras: Belisario Betancourt (ex presidente de Colombia), Reinaldo Figueredo (venezolano) y Thomas Buergenthal (juez de la Corte Internacional de Justicia y profesor de Derecho de la Universidad George Washington). La Dirección Ejecutiva de la Comisión recayó en Patricia Tappatá de Valdez, reconocida activista de derechos humanos argentina. En cumplimiento de lo establecido en los Acuerdos de Chapultepec, la Asamblea Legislativa (A.L.) aprobó el 23 de enero de 1992 la “Ley de Reconciliación Nacional”, la cual establece lo siguiente:
Se concede amnistía a favor de todas las personas que hayan participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices en la comisión de delitos políticos comunes conexos con éstos y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte, antes del 1º de enero de 1992, exceptuándose, en todo caso, el delito común de secuestro, contemplado en el Art. 220 del Código Penal (Art. 1 de la Ley de Reconciliación Nacional). Pero también esta normativa señala la siguiente exclusión:
No gozarán de esta gracia las personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos desde el 1º de enero de 1980, cuya huella sobre la sociedad, reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad, independientemente del sector a que pertenecieren en su caso.
Así mismo, no se aplicará esta gracia a los que hubieren sido condenados por el Tribunal del Jurado por cualquiera de los delitos cubiertos por esta amnistía.
La Asamblea Legislativa, 6 meses después de conocer el informe final de la Comisión de la Verdad, podrá tomar las resoluciones que estime convenientes en estos casos (Art. 6 de la Ley de Reconciliación Nacional).
El informe de la C.V. denominado “De la Locura a la Esperanza: la guerra de los doce años en El Salvador” se dio a conocer el 15 de marzo de 1993. En el país únicamente el Diario Co Latino lo publicó. La Comisión elaboró una lista de 13,569 casos de los que la Comisión seleccionó 32 considerados ejemplarizantes de los patrones de violencia de las partes contendientes, entre los cuales estaba el asesinato de Monseñor Romero, el asesinato de los jesuitas, la masacre del Calabozo, etc. por parte de la FAES y las ejecuciones extrajudiciales de alcaldes y funcionarios del gobierno y el caso de la Zona Rosa, por parte del FMLN entre otros. Cinco días después de que la Comisión presentó su informe, la Asamblea Legislativa, aprobó la “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz”, la cual regula lo siguiente:
Se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos políticos, comunes conexos con éstos y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte antes del primero de enero de mil novecientos noventa y dos, ya sea que contra dichas personas se hubiere dictado sentencia, se haya iniciado o no procedimiento por los mismos delitos, concediéndose esta gracia a todas las personas que hayan participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices en los hechos delictivos antes referidos. La gracia de la amnistía se extiende a las personas a las que se refiere el artículo 6 de la Ley de Reconciliación Nacional, contenida en el Decreto Legislativo Número 147, de fecha veintitrés de enero de mil novecientos noventa y dos y publicado en el Diario Oficial Número 14 Tomo 314 de la misma fecha (Art. 1 de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz).
Al mismo tiempo esta nueva ley establece la siguiente disposición final:
Deróguense todas las disposiciones que contraríen la presente ley, especialmente el Art. 6 y el último inciso del Art. 7, ambos de la Ley de Reconciliación Nacional, así como la interpretación auténtica de la primera de las disposiciones citadas que están contenidas respectivamente, en el Decreto Nº 147 de 23 de enero de 1992, publicado en el Diario Oficial Nº 14, Tomo 314 de la misma fecha y Decreto Nº 164 de fecha 6 de febrero del mismo año, publicado en el Diario Oficial Nº 26, Tomo 314 del 10 de febrero de 1992 (Art. 6 de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz).
La Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, al abarcar todos los hechos violentos ocurridos en la guerra civil, constituyó una violación a lo pactado en los Acuerdos de Chapultepec, ya que en ellos se reconoció que los casos de graves violaciones a los derechos humanos debían ser sancionados de conformidad con la ley. Acuerdo NO cumplido.
Acuerdo sobre los cuerpos de seguridad pública. Se suprimieron la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional por violaciones graves a los derechos humanos. Se creó la Policía Nacional Civil (PNC) que será independiente de la FAES y dependerá del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y bajo la dirección de autoridades civiles. Se crea la Academia de Seguridad Pública, donde se formarán los miembros de la PNC: Agentes y mandos superiores. En sus orígenes la PNC estuvo formada por un tercio de ex policías, un tercio de ex guerrilleros y un tercio de civiles que pasaron la evaluación de no ser violadores de los derechos humanos y además que egresaran de la Academia de Policía. Acuerdo cumplido.
Acuerdos sobre el Sistema Judicial. La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia será por voto calificado de la A.L. Acuerdo cumplido.
El presupuesto del poder judicial será del 6% del presupuesto de la nación. Acuerdo cumplido.
Los cargos de Fiscal General de la República, Procurador de la República y Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos será por voto calificado de A.L. Acuerdo cumplido.
Se crea el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) quien propondrá candidatos para la CSJ, a Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, jueces de Primera Instancia y jueces de paz. Además será el encargado de la organización y funcionamiento de la Escuela de Capacitación Judicial. Acuerdo cumplido.
Se crea la Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos. Acuerdo cumplido.
Se crea el Tribunal Supremo Electoral (TSE) formado por un representante de cada uno de los tres partidos que obtengan el mayor número de votos en las elecciones presidenciales. Dos más a propuesta de la CSJ. Acuerdo cumplido, pero en la actualidad bajo la posibilidad de cambiar este Acuerdo de Paz por sentencia de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
El tema económico y social.
El problema agrario. La segunda Junta Revolucionaria de Gobierno (coordinada por Napoleón Duarte) planteó una Reforma Agraria que involucraba tres fases. La primera fase fue la expropiación de propiedades mayores de 500 ha. La segunda fase expropiación de tierras con extensiones entre 100 y menos de 500 ha. Tercera fase, reclamo, con promesa de compra, de propiedades que estuvieron bajo arrendamiento los dos años anteriores al inicio de la reforma agraria. Solamente se implementó la primera y tercera fase. La segunda fase quedó en suspenso y la Asamblea Legislativa, dominada por las fuerzas oligárquicas redujo la condición de la segunda fase a extensiones entre 245 y menos de 500 ha. Extensiones que prácticamente ya no existían para 1999. Según la publicación “De la esperanza a la realidad” publicado por la Fundación 16 de Enero (F-16) en 1995, se le dio tierras a 15 mil desmovilizados de la FAES, a 7500 excombatientes del FMLN y a cerca de 28 mil tenedores que ocupaban las zonas de control. Existió además créditos de avío para la primera cosecha, pero lastimosamente, la situación climática echó a perder ese esfuerzo para la mayoría de agricultores. Se les ofrecía otro crédito en condiciones muy desfavorables por lo que no fue aceptado. Las tierras fueron dadas bajo la figura de pro-indiviso, para preservar las unidades productivas, por lo que los beneficiarios no podían vender sus parcelas. Para finales de la década, la A.L. emitió ley para que se pudiera fraccionar la tierra y poder ser enajenada. El gobierno norteamericano facilitó tecnología para medir la tierra y parcelarla; se descubrió que había existido estafa en muchas propiedades (menos tierra que la estipulada en los títulos).
Los que optaron por la reinserción urbana se les otorgaron créditos para montar una pequeña empresa (Programa de Industria y Servicios) y fueron muy pocos los que lograron éxito. El resto optó por becas, pero lastimosamente el Fondo de Inversión Social (FIS), que administraba el programa, cortó las becas a los estudiantes que no obtenían 7 o más de promedio, aplicando erróneamente criterios de “becas de excelencia”, por lo que, más de la mitad de los becarios se vieron frustrados en su proyecto de vida.
Acuerdo de la formación de la Ley de Defensa del Consumidor, con lo que se creó la respectiva Defensoría. Acuerdo cumplido.
Acuerdo de formación del Foro para la Concertación Económica y Social (FCES). Se juntarían los trabajadores, los empresarios y el Gobierno para ponerse de acuerdo en las medidas económicas para beneficiar a la población y disminuir los efectos negativos del programa económico del gobierno de Cristiani. La idea del Foro, fue una alternativa de los negociadores ante la falta de acuerdos en materia económica y social. Fue poner en manos de los empresarios y trabajadores, como sector productivo de la economía, la continuidad de la negociación. La Concertación será un esfuerzo sostenido, por fases, teniendo en cuenta que se trata de lograr acuerdos a ser aplicados de inmediato para lograr la estabilización, otros para atacar los problemas económicos y sociales que se habrán de derivar de la finalización del conflicto y otros propios de la reconstrucción. El foro fue una experiencia de Concertación de corta duración, su instalación, aun con la presión de ONUSAL y otros actores de la comunidad internacional, fue retardada y la incorporación de los representantes de la Empresa Privada, dilató nueve meses, las excusas fueron diversas. Los resultados del Foro pueden considerarse modestos, debido principalmente a la actitud empresarial y a la complicidad gubernamental, de negarse a reconocer calidad de contraparte y sujeto de negociación a los sindicatos y sus representantes. El FCES, se desmontó en la víspera electoral de 1994, argumentando los empresarios que no debía contaminarse el Foro, con la campaña política, primera en la que participó el FMLN.
Es importante señalar que en el marco de las elecciones, el año de 1993 fue un periodo en que las fuerzas de las organizaciones de ultraderecha trataron de crear terror con el asesinato de varios miembros del FMLN (Cdte. Carmelo del ERP, Cdte. Manuel Hernández PRTC, Cdte. Venancio Salvatierra PRTC, asesinato de tres miembros de las FPL en un restaurante, atentados contra Nidia Díaz, etc.).
Algunos maliciosamente opinan que los acuerdos no trajeron nada al país; la verdad es que los acuerdos abrieron la posibilidad de una democracia con beneficios populares, tal como los gobiernos del FMLN, algo que jamás había sucedido en nuestro país. Son después de los acontecimientos de la Independencia y formación del Estado en 1841, los acontecimientos más trascendentes en nuestra historia. Debemos hacer que las nuevas generaciones conozcan la historia. Loor a los héroes y mártires que hicieron posible esta democracia.
