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Transparencia Activa
La Fiscalía General de la República (FGR) aún no ha resuelto casos emblemáticos de presunta corrupción como el del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleo en Sectores Productivos Estratégicos (FECEPE) otorgado en la gestión 2006-2009, mind el último gobierno del partido ARENA.
Este fue un fondo para fortalecer a las empresas supervisado y autorizado por un comité en el que la ex vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, en coordinación con otros funcionarios, autorizaban sus desembolsos. El FECEPE pasaría de $500,000 a $4.5 millones, pero luego creció a $38.7 millones.
Según una auditoría del Banco Central de Reserva, el dinero que originalmente era para la generación de empleos fue en parte otorgado a algunas empresas que lo dedicaron a otros rubros. Según ese documento, los fondos se les habrían otorgado discrecionalmente.
Otro caso de presunta corrupción fue el manejo de los recursos para el proyecto denominado INFOCENTROS. En 1999 se creó el fondo especial del dinero proveniente de la privatización de ANTEL, cuyo objetivo era desarrollar un instrumento autosostenible de acceso masivo a nuevas herramientas de comunicación e información.
En el mismo año se crea la asociación INFOCENTROS para administrar ese proyecto y en 2002 se le otorga un préstamo de $10 millones que fue condonado. En 2010 se venció el contrato del proyecto, fecha en la cual se tuvo que haber pagado el crédito y donde únicamente funcionaban nueve centros comunales de información.
Otro caso en poder de la Fiscalía es el de indicios de entrega irregular de la Hacienda Mátala, que consiste en la entrega de 245 manzanas por un valor de $569,476.95 por parte del ISTA a una cooperativa.
El inmueble no fue pagado y posteriormente la cooperativa se disolvió. Seguidamente se constituyó otra asociación con las mismas personas para que la hacienda se les adjudicara de forma irregular. A la fecha no han pagado la deuda y la cooperativa es manejada exclusivamente por el alcalde de Concepción de Ataco.
En otro caso, en 2009 se presentó un aviso a la Fiscalía General sobre indicios de irregularidades por parte del exalcalde San Salvador y actual diputado de ARENA, Norman Quijano, que se valió de recursos de ANDA para la construcción de un pozo en un terreno propiedad de su hija, en el año 2000. Este caso no fue judicializado.
Otra investigación que espera en la Fiscalía, es el escrito que se interpuso el 17 de julio de 2012 sobre la venta de la Hacienda El Espino mediante adjudicaciones judiciales con base a préstamos ficticios y prestanombres pertenecientes a la Asociación Cooperativa El Espino.
En octubre de 2011, se presentó otro aviso relacionado a la apropiación de un terreno propiedad del Estado, por parte de la empresa Aval Card (Banco Cuscatlán), situado sobre la carretera al aeropuerto internacional.
El 2 de enero de 2014, la Fiscalía inició el proceso contra el expresidente Francisco Flores por apropiarse presuntamente de $10 millones donados por Taiwán. Aunque el juzgado Séptimo de Instrucción recomendó investigar a supuestos “destinatarios”, la FGR ha mencionado que el proceso podría extenderse a más implicados.
Según lo confirmó recientemente el fiscal General, Douglas Meléndez, está en proceso la investigación sobre la llamada “tregua entre pandillas” para verificar si exfuncionarios de gobierno cometieron irregularidades. Meléndez asumió su cargo a inicio de enero de este año y en sus primeros discursos prometió actuar con transparencia y apegado al pueblo.
