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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El trabajo realizado por los Comités de Prevención de la Violencia en siete municipios en donde se implementó el Plan El Salvador Seguro del gobierno anterior, rindió frutos, afirmó Saúl Baños, director de FESPAD, al opinar que los grandes componentes de esta labor ha sido la participación ciudadana y las políticas municipales para aplicar a sus realidades de sus territorios, en la presentación del Estudio “Prevención de violencia y construcción de la Cultura de Paz”.
“Nosotros como FESPAD buscamos contribuir un poco al trabajo importante que ustedes hacen como gobiernos municipales, en la prevención de la violencia, que es una necesidad altísima demandada en nuestro país. Los Consejos Municipales de Prevención de al Violencia (CMPV) son anteriores -incluso- a la anterior política del Plan de Seguridad de El Salvador Seguro, es un elemento fundamental y la trasciende hasta el actual Plan de Control Territorial (administración presidente Nayib Bukele), eso demuestra que hay una altísima capacidad de sostenibilidad de los procesos”, argumentó Baños.
FESPAD investigó en los municipios de: Ciudad Delgado, Cojutepeque, Ilopango, Mejicanos, San Martín, San Salvador y Soyapango, las necesidades encontradas de los Comités de Prevención de la Violencia (CMPV), junto a las comunidades que participaron y una propuesta de fortalecimiento de esta iniciativa.
Dina Martínez (Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal de FESPAD) presentó ante los representantes de la CMPV, de los siete municipios y autoridades de la Policía Nacional Civil, un sondeo sobre las estrategias locales por la construcción de la convivencia y la paz. El documento de FESPAD contó con el apoyo de la Unión Europea y Christian Aid.
En cuanto a los resultados generales de los siete municipios, Dina Martínez afirmó, que de acuerdo a la información recolectada en los territorios de cada municipio en temas de: Seguridad, Educación, Empleo, Espacios Públicos, Atención a las Familias y Atención a Víctimas, destaca con el “reto más fuerte” la seguridad.
“Este es un desafío para las autoridades. La mayoría coincidió con una reducción de homicidios hasta en un 30 %, no obstante, los delitos como las extorsiones, lesiones, violaciones y robos, han incrementado. En donde las desapariciones de personas, son para las comunidades delitos que no tienen seguimiento desde las autoridades (policiales) y el control de parte de las pandillas esta presente en algunas comunidades, lo que afecta sus vidas, ya sea en el ámbito de salud, educación, empleo, recreación y otras”, afirmó.
La educación es un tema sensible en estos siete municipios, en donde según datos del estudio, los centros escolares han visto disminuido entre un 5 % a 10 %, en los que destaca San Salvador y Soyapango, que registran un 9 % de deserción escolar.
“En las consultas a los representantes de instituciones y del liderazgo social, manifestaron la necesidad de mayor seguridad en la periferia de los centros de estudio, debido a casos de violencia y otros delitos que se comenten. Y dentro de los centros de estudio se manifiestan casos de acoso por pares y maestros; embarazos precoces y otras situaciones de violencia”, explicó.
Sobre el tema del empleo, Martínez señaló que se constituye en otro “gran desafío”, entre los gobiernos municipales y los CMPV, que gestionan ferias de trabajo así como alimentar las bolsas de empleo, pasantías laborales y programas de emprendedurismo (autoempleo).
“El desafío es mayor, si se toma en consideración que la mayoría de estas acciones suceden en los cascos urbanos de los territorios, lo que no siempre es una opción para la juventud, por demarcaciones que hacen las pandillas en los territorios”, sostuvo.
Los espacios públicos, que se presentó como una petición constante en las consultas comunitarias, Martínez consideró que deben ser atendidas, ya sea en la rehabilitación de los espacios públicos y su seguridad, porque actualmente son percibidos como lugares inseguros y al no ser atendidos, se pierden por ocupación de negocios, vecinos o pandillas.
Y en la atención a familias y víctimas, Dina Martínez señaló que en la primera, este es uno de los componentes que más afectan a las comunidades, por el “clima de inseguridad”, y no dejar el ingreso de os servicios de las instituciones lo que afecta a grandes sectores poblacionales.
“En particular afecta a los grupos más vulnerables como niñas, niños y jóvenes. La poca organización comunitaria incide en estas condiciones, ya que, en la mayoría de las comunidades de alto riesgo delincuencial, son solo los directivos comunales, quienes canalizan el apoyo, pero si la organización es deficiente, pues se pierde el trabajo institucional”, afirmó.
En referencia a la atención a víctimas, agregó: “En todos los municipios los CMPV han creado su propia ruta de atención, ante la escasez de un protocolo estandarizado de la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), que es un desafío enorme, debido a que no todos os operadores conocen la ruta institucional”, indicó.
Para Dina Martínez, en las recomendaciones que surgen, luego del estudio y consulta a los CMPV de estos municipios, es la atención inmediata a través de “acciones de prevención de violencia, así como la represión del delito con nuevas formas que permitan tener un alcance positivo”.
Asimismo, a la actual administración del presidente Nayib Bukele, recomendó diversas acciones enfocadas en atender temas puntuales como la niñez, adolescencia y juventud. Y no solo centrar la ejecución de su Plan Control Territorial, de forma represiva.
