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Si El Salvador no hubiese entrado en una dificultuosa pero necesaria ruta democrática, después de la firma del Acuerdo de Paz, en 1992, hechos desestabilizadores como los provocados por las resoluciones de la Sala de lo Constitucional en los últimos años, ya hubiesen incendiado a este país.
El haber modificado la estructura orgánica de la Asamblea Legislativa, al haber eliminado a los diputados suplentes, con una simple resolución de inconstitucionalidad, es de lo más grave, sin desmeritar los efectos perniciosos de las otras resoluciones, como estrangular económicamente al Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén.
Y es que la Sala, mediante cuatro magistrados propietarios y un suplente, admitieron el miércoles una demanda de inconstitucionalidad en contra del recargo del 13% a la energía eléctrica; declaró inconstitucional el decreto legislativo que autorizaba al ejecutivo vender 900 millones de dólares en bonos, y de paso, sin que se lo pidieran en la demanda, declaró inconstitucional a los diputados suplentes del periodo 2012-2015.
Y para rematar declara inconstitucional la ley de amnistía no solo en lo referente a la demanda, lo cual hubiese sido apegado a las peticiones de inconstitucionalidad, sino que prácticamente decide qué casos son los que deben judicializarse. Esto último si es peligroso y sospechoso.
Lo más grave del combo de la Sala, sin lugar a dudas, es el haber eliminado de un plumazo a los diputados suplentes, con lo cual, la Sala viola la Constitución, al cercenar al Primer Órgano del Estado, y violentó el voto ciudadano, pues, cuando participó en el proceso electoral no solo votó por el propietario, sino también por el suplente.
De hecho, en el Tribunal Supremo Electoral no se puede inscribir al propietario si no lleva su suplente.
Además, la modificación de un órgano del Estado no es competencia de cuatro miembros de la Sala de lo Constitucional, sino de todo un pueblo.
Otro aspecto de graves consecuencias del accionar de los miembros de la Sala de lo Constitucional es su sistemático empeño por ahogar financieramente el órgano Ejecutivo, cuando le impide la obtención de fondos para hacerle frente a las necesidades del Estado.
Esta intención y práctica perversa de la Sala viene desde 2009, con el primer Gobierno del FMLN. Da la impresión, que los 9 años de los magistrados de la Sala tiene como objetivo contribuir en el ahogamiento económico de los dos Gobiernos del FMLN.
Lo más reciente, como hemos expuesto arriba, ha sido declarar inconstitucional el decreto que dio vida a la creación de 900 millones de dólares en bonos. Con este dinero el Gobierno le iba a ser frente al déficit fiscal, e invertir en la salud, seguridad y en otros aspectos de carácter social.
Además, el haber admitido una demanda contra el decreto ejecutivo que autorizaba un recargo al kilovatio hora, en un centavo, para invertirlo en generación de más energía limpia.
La situación, entonces, es crítica, y solo la racionalidad y el compromiso democrático de quienes están al frente de los dos órganos afectados por las resoluciones de la Sala, se explica que en este país, las cosas no se exacerben como seguramente anhelan algunos, dada la desestabilización que se promueve desde la Sala de lo Constitucional.
