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Redacción Nacionales
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La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa recibió a los titulares de Hacienda y Economía, Alejandro Zelaya, y María Luisa Hayem, respectivamente, para abordar la iniciativa del Gobierno en aprobar la Ley de Creación del Fideicomiso para la implementación del Bitcoin en El Salvador. Este lunes en la comisión, la ministra Hayem dijo que el uso del bitcoin “es opcional”, sin embargo, segundos después, afirmó que los agentes económicos “como la Ley Bitcoin lo manda, deberán de aceptar bitcoin, pero el Gobierno pone a disposición la billetera electrónica (Chivo Wallet), para que los comercios y empresas que no estén interesados en recibir bitcoin puedan recibir dólares con solo hacer un clic en la app”, expuso.
En otras palabras, los comercios estarán obligadas a descargar la app del Gobierno para recibir el bitcoin de las personas que están interesadas en pagar, y a través de la convertibilidad, pueden aceptarlos en dólares; sin embargo; para tener los dólares en físico, la persona que recibió en bitcoin y aceptó en dólares tiene que acercarse a un cajero bitcoin que ha impuesto el Gobierno para realizar la transacción, y así tener los billetes.
Las autoridades afirmaron que el anteproyecto tiene por objeto la constitución y regulación del funcionamiento del Fideicomiso Bitcoin. Según agregaron, el fideicomiso respaldará financieramente las alternativas que el Estado provea, sin perjuicio de iniciativas privadas, que permitan al usuario llevar a cabo la convertibilidad automática e instantánea del bitcoin a dólar, en el caso que así lo desee el usuario.
La Ministra de Economía explicó que se creará un Consejo de Administración para la dirección y supervisión de las actividades del fideicomiso que estará conformado por un director presidente propietario designado por Hacienda, un director propietario designado por Economía, un director propietario designado por el Secretario de Comercio e Inversiones. Cada director propietario tendrá un suplente. Y el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), en su calidad de fiduciario, designará un representante que participará con voz, pero sin voto en las reuniones del Consejo de Administración.
Para el fideicomiso se estaría destinando $150 millones para la convertibilidad de la criptomoneda a dólares; además, siempre en el tema del bitcoin, se estarían destinando $23.3 millones para la implementación de la ley que contiene el bitcoin como moneda de curso legal y $30 millones para financiar el bono o incentivo a otorgar a través de la billetera electrónica (Chivo Wallet) promovida por el Ejecutivo. Los montos anteriores, saldrían de los $500 millones que Hacienda quiere introducir al presupuesto 2021.
Esos fondos que Hacienda quiere introducir al presupuesto, estarían disponibles debido a un reintegro que harán con fondos obtenidos a través de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que inicialmente estaba aprobado y destinado para la recuperación de las empresas afectadas por la pandemia de la COVID-19.
Explicaron que el Fideicomiso Económico de las Empresas Salvadoreñas (Firempresa) fue fondeado con los recursos del Fondo General de la Nación, por lo que se genera una disponibilidad de $600 millones; justo ese monto era el préstamo del BCIE para FIREMPRESA.
Diputados de la Comisión de Hacienda aprueban que Hacienda audite a las 262 alcaldías
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto recibió a los titulares del Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya y Jerson Posada, para discutir la creación de un decreto transitorio y excepcional para que Hacienda realice un examen especial a la ejecución de los recursos transferidos a las alcaldías según el decreto legislativo 608, emitido en marzo 2020. Los diputados emitieron dictamen favorable
Dicho expediente está relacionado a las auditorías de las municipalidades. El año pasado se entregaron fondos a las alcaldías por un monto de $191 millones para atender la pandemia por COVID-19 y desastres naturales. “Estamos buscando realizar un examen especial con enfoque jurisdiccional y, posteriormente, notificar a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Corte de Cuentas de la República sobre los hallazgos. Estamos solicitando esto porque se han perdido millones de dólares”, expuso el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
“Estamos solicitando hacer este examen, a través de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental para darle respuesta al pueblo salvadoreño y decirle qué hicieron los alcaldes con el dinero que se les entregó durante la pandemia”, agregó Zelaya.
Zelaya detalló que aproximadamente se tardarían tres meses en auditar a las alcaldías; pero solicitaron un año de vigencia para el decreto. El tiempo por el cual pidió el año, es que, si no pueden contratar a los 300 auditores y se enlistan menos, el tiempo de ejecución se tardará más.
Con esto, Zelaya espera que la CCR determine las responsabilidades patrimoniales. Y recalcó que no están usurpando ninguna facultad que no les compete, “esto será transitorio”, mencionó.
“Vamos a presentar toda la información y documentos necesarios. Además, trazaremos una hoja de ruta para que las autoridades realicen su trabajo. Vamos a determinar las responsabilidades pertinentes para que la historia no se repita”, enfatizó el encargado de las finanzas públicas.
Ambos dictámenes se prevén que pasen este al pleno legislativo.
