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Por Fredis Pereira
Máster en Administración y Gerencia Pública
Los cónclaves de improductividad de la Universidad de El Salvador (UES) son la máxima expresión del gobierno disfuncional universitario, que se sintetiza en el Consejo Superior Universitaria (CSU) y la Asamblea General Universitaria (AGU), que opera bajo la siniestra preferencia por las ilegalidades y el desprecio de la dignidad humana, donde el clientelismo político y la promoción del atraso institucional son los estándares que se expanden.
La AGU es la responsable del desorden y la obsolescencia normativa en la UES. Aunque la Asamblea Legislativa aprobó leyes como la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley de Mejora Regulatoria, y la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas, que son de obligatorio cumplimiento para asegurar la constante actualización institucional, a fin de responder a las necesidades del pueblo, en la UES todavía no se cumplen a cabalidad, al grado que se mantiene en el atraso asuntos relevantes y se continúa tratando de aplicar normas obsoletas del siglo pasado, como es el caso del Reglamento del Fondo Universitario de Protección (FUP).
La AGU es el centro del clientelismo político en la UES. Este sistema funciona para mantener el atraso, marcado por las elecciones turbias, contrarias a los principios de máxima participación y transparencia.
Este sistema de clientelismo político permite que, pasadas las elecciones turbias, miembros de la AGU sean premiados con contratos o nombramientos en procesos poco transparentes y contrarios a los principios que establece la convención de las naciones unidas contra la corrupción. Así se gastan los recursos públicos para producir resultados adversos a los intereses del pueblo.
El CSU es el máximo responsable del descontrol administrativo en la UES. Aunque la Asamblea Legislativa mediante la Ley Orgánica, le encomendó el deber de dirigir y administrar la universidad, en la práctica descuidan este deber. Los funcionarios que integran este organismo del gobierno disfuncional universitario son capaces de denegar peticiones sin siquiera leer las peticiones, aprobar gastos con fondos públicos sin deliberar sobre la racionalidad del gasto, aprobar misiones oficiales sin considerar la pertinencia institucional, retrasar procedimientos por años sin ningún provecho; y tienen una gran disposición de ratificar contrataciones sin el mínimo esmero de comprobar que se cumpla la normativa universitaria, a pesar de que diversos informes alertan sobre nombramientos y contratos irregulares en la UES.
Los esfuerzos del CSU de dirigir los entorpecen distanciándose de la administración racional y ética. Esta torpeza se muestra en relación con la aprobación de políticas y manuales administrativos. En cuanto a los manuales administrativos es común que retrase la aprobación para debilitar el control interno, y cuando los aprueba no verifica su cumplimiento. En relación con las políticas también muestra torpeza por incumplimiento de la ley, por ejemplo, los lineamientos estandarizados para la adecuada administración y contrato del personal de la Universidad de El Salvador han sido declarados reservados, en contravención a lo regulado en el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que establece que ese tipo de información se debe poner a disposición del público de manera oficiosa. ¿Quién detendrá la improductividad de estos cónclaves del gobierno disfuncional universitario?
