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Los crímenes de odio deberán ser investigados y sancionados es la recomendación que hizo el Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador, ante las recientes muertes, en forma violenta, de miembros de la población de Gais, lesbianas, Bisexuales, Transexuales, Transgenero e Intersexuales (LGTBI).
El llamado es para las autoridades encargadas de investigar estos crímenes como la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), ya que se debe sancionar a los autores.
“Es preocupante la forma como han sido asesinados, sobre todo porque se ha demostrado que hay un alto grado de transfobia”, cita el comunicado donde la ONU da su posición al respecto.
Anahí Miranda Rivas, Jade Camila Díaz, Victoria Pineda y Óscar Cañenguez, son las últimas víctimas de este odio y por quienes la ONU muestra su preocupación y pide que se haga una investigación pertinente para dar con los culpables. Ya que estos crímenes de odio se han ejecutado en las últimas semanas.
Además, de expresar sus condolencias y solidaridad con las familias de las víctimas, sus seres queridos y activistas para la defensa de derechos humanos.
Según las estadísticas y datos de la Policía entre 2014 y 2018, unas 40 personas LGBTI fueron asesinadas. Mientras que para el 2019 ya se registran 8 asesinatos de miembros de la población LGBTI.
Y en el 2017 el Estado salvadoreño compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportando que solo el 11% de los 109 casos de homicidio contra personas LGBTI investigados a esa fecha habían sido llevados a juicio.
Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, recomendó a los Estados miembros de la ONU que legislen contra los delitos motivados por prejuicios como la transfobia que es un agravante en la imposición de la pena.
Está acción la retomó el Estado salvadoreño en el 2015 incorporando en los artículos 129 y 155 del Código Penal de El Salvador.
Madrigal-Borloz exhortó a tomar todas las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia y discriminación por motivos de identidad de género, independientemente de quién los cometa y en la esfera de acción en la que se produzcan, así como ofrecer reparación a las víctimas de tales actos.
Además, todos los sectores de la sociedad deberán promover el respeto a la vida, la integridad física y mental, y en general a defender los derechos humanos de las personas sin importar su orientación de género o identidad sexual.
El colectivo Alejandría y otras organizaciones defensoras de derechos de las personas LGBTI se declararon en alerta ante la situación que está enfrentando este sector poblacional, ya que alegan el riesgo que representa ser LGBTI en esta sociedad que está vulnerando sus derechos e integridad física. Desde el 2010 se registran más de 600 personas asesinadas.
