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José M. Tojeira
A raíz de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía y con la detención y posterior puesta en libertad de algunos autores materiales del crimen de los jesuitas una serie de personas han hablado de la necesidad de perdonar. Lo triste es que varios, incluidos algunos representantes del partido en el gobierno han mencionado el tema del perdón de un modo, cuando menos, confuso y poco claro. En la mentalidad de algunos se mezcla indebidamente el perdón cristiano de los pecados y el perdón legal de los delitos. Dos cosas diferentes y que merece la pena explicar. Otros insisten en que la justicia abre heridas y que por tanto es mejor perdonar y olvidar. Y no faltan quienes creen que el perdón de las víctimas se consigue dando regalos o donaciones económicas a los que han sufrido graves violaciones de sus derechos.
Sobre el perdón cristiano hay que decir que es una exigencia clave para todo el que crea de verdad en la doctrina y vida de Jesucristo. El perdón cristiano debe darse desde el primer momento, aunque cueste. De entrada ese perdón consiste en no querer para el ofensor ningún mal. Y mucho menos el mismo mal que él ocasionó. Un cristiano debe rezar por quienes le persiguen u ofenden. Pero todo ello no significa que el perdón sea ajeno a la verdad y a la justicia. Perdonar no es cerrar los ojos, olvidar o volverse indiferente ante el mal realizado. Al contrario, es comprometerse a no seguir la senda o el ejemplo del malhechor. Si el que comete el delito mata, el cristiano no cree en el ojo por ojo y diente por diente. Porque ese estilo coloca a la víctima al mismo nivel del verdugo. Si el asesino recurre a la brutalidad de matar, el cristiano no se puede identificar con él buscando matarle, ilegal o legalmente donde haya pena de muerte. Pero evidentemente debe exigir justicia. La justicia no está reñida con el perdón. Al contrario es un elemento fundamental, como la verdad, para evitar la repetición del crimen y para el bien de la comunidad. Y precisamente porque la justicia es para el bien de la comunidad, no se deja en manos del ofendido, sino en manos de instituciones estatales sometidas a reglas. El ofendido si es cristiano debe perdonar. Pero la justicia debe actuar.
Y es que si todo dependiera del perdón personal sobraría la justicia. Los asesinos podrían seguir matando, confiados en el perdón de las personas. Y muchos serían obligados a perdonar por miedo, o se verían obligados a la legítima defensa, identificándose, en cierta manera con el asesino al verse obligado a recurrir a la fuerza bruta. El el caso jesuitas hay que señalar, y eso aparece en los periódicos de la época, que desde el primer momento sus compañeros dijeron que perdonaban a los asesinos. Era el perdón cristiano. Y por eso en la rueda de prensa del mismo día que se asesinó a los jesuitas dijeron “queremos justicia y no venganza”. Eso era importante decirlo en un tiempo de guerra civil donde algunos grupos podían sentirse empujados a la venganza. Máxime cuando el propio Estado en vez de investigar a los sospechosos evidentes, que eran militares, se dedicaba a echarle la culpa durante dos meses a los miembros de la guerrilla. Posteriormente, ya condenados dos de los nueve acusados por el delito, y como símbolo del deseo de reconciliación, los jesuitas pidieron el indulto para ellos en carta a la Asamblea Legislativa. La respuesta de diputados de ARENA fue diversa. Unos dijeron que sólo los afectados o los salvadoreños podían pedir indulto, y que por tanto los jesuitas no podían por ser extranjeros. Como si los jesuitas no hubiéramos sido afectados por el crimen. Y otros dijeron que la petición de indulto era un “show”, porque en la petición de indulto se insistía en que se siguiera la investigación de los autores intelectuales del asesinato. Simultáneamente se envió una carta al presidente Cristiani invitándole a unirse a la solicitud de indulto contra los dos condenados.
Hoy se sigue insistiendo en que los jesuitas perdonen, sin que los victimarios pidan perdón y sin que colaboren con la verdad. Pero es evidente que a quienes eso dicen no les interesa el perdón cristiano sino única y fundamentalmente el perdón legal. Porque no es lo mismo perdón cristiano que perdón legal. Si hoy alguien dijera a los que sufren asesinatos que perdonen legalmente a los asesinos sería posible incluso que se le acusara de apología del terrorismo. El perdón legal le compete al Estado y no a los individuos afectados. Y ya la sala de lo Constitucional ha invitado a recorrer el camino de la justicia transicional que han seguido de hecho otros países después de las guerras civiles. Los mismos jesuitas han insistido en una justicia transicional como camino de reconciliación más efectivo, al buscar en ella, simultáneamente, verdad, justicia, reparación para las víctimas y medidas de perdón de las penas temporales (cárcel). Poca gente, lamentablemente, ha impulsado el camino de la justicia transicional, siendo como es el camino más indicado para lograr una reconciliación duradera. El mundo del derecho y del pensamiento jurídico, así como los legisladores, tienen aquí un importante desafío, que no sólo contribuirá al bien del país, sino al mejoramiento de la profesión del abogado.
Cuando los abogados presentan además a los victimarios como víctimas, y a las víctimas como victimarios que odian y no quieren perdonar, están traicionando su propia profesión. Están mintiendo. Y que un abogado mienta es definitivamente una traición al pensamiento jurídico y a la práctica profesional. Si además animan a los parientes de los victimarios a pedir que las víctimas perdonen, siguen mintiendo. Porque saben de sobra que a quien le toca perdonar es al Estado. Y saben que el tipo de perdón que llamamos amnistía ha sido declarado inconstitucional. Trasladar las funciones estatales a las víctimas es un claro acto de irresponsabilidad legal y por supuesto de falta de ética profesional. Lamentablemente los colegios de abogados, en su mayoría, ni tienen normas de ética profesional ni capacidad de impedir el ejercicio profesional por faltas a la ética. Aunque hay abogados probos, honrados y profesionales, no hay duda también que existe en la profesión un buen porcentaje de lo que podríamos llamar abogados sanguijuela, o lo que en otros tiempos y en otros países llamaban abogansters del dólar. Personas que lamentablemente se acaban con cierta frecuencia instalando en las estructuras legislativas o judiciales del Estado. Pensar las cosas, buscar justicia, no oponerse a la verdad, son necesidades para todos y especialmente para el mundo del derecho, en tantos aspectos tan corrompido, como nos lo están mostrando situaciones recientes de todo tipo. Corrupción que va desde el, prevaricato, el fraude judicial y falsedad ideológica (mentira consciente), hasta frases como las de la jueza Lucila que decía que algunos salvadoreños sólo se podrán rehabilitar en la tumba. Con seguridad la jueza Lucila desconoce el artículo 27 de la Constitución que da a los centros penales la tarea de “readaptación” del delincuente para así lograr “la prevención de los delitos”.
