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En un estudio hecho por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) señala que de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la República, en los últimos seis años se han acumulado 20,000 denuncias sobre personas desaparecidas. Además, destaca que “Entre 2019 a 2020, las cifras de personas desaparecidas superan a las personas asesinadas”. De acuerdo con este estudio, entonces, la desaparición de personas es una realidad, y lejos de disminuir a partir de los impactos de los planes de seguridad, estas han aumentado. Algo, entonces, está ocurriendo y no se le quiere poner la atención debida, lo que implicaría, como lo señala una de las hipótesis del Estudio, es que las desapariciones son producto de la falta de respuesta del Estado.
Hace más de una semana, cuando se conoció de la destitución de Rogelio Rivas como ministro de Justicia y Seguridad, y se nombraba a Gustavo Villatoro, por las primeras declaraciones de este, se le daría un énfasis a este flagelo. Villatoro dijo que, junto con la Fiscalía General de la República, y los altos mandos de la Policía Nacional Civil, abordarían el tema para definir planes que permitan investigar los hechos, y, por supuesto, el combate de este flagelo. No obstante, en una entrevista televisiva el pasado miércoles, dio un paso atrás en sus discursos, y retomó el discurso de su antecesor, al manifestar que los casos de desapariciones han disminuido como el delito del homicidio (este, por cierto, dijo que en el último año ha habido 19 por cada cien mil habitantes).
Lo más grave de las declaraciones del nuevo ministro de Justicia es decir que el tema de las desapariciones está siendo retomado por personas o entidades que “critican el gobierno”. Esto significa que en los nuevos planes de la seguridad pública no se le pondrá un acento especial al tema de los desaparecidos.
A menudo, en Diario Co Latino hemos contribuido, al igual que otros medios de comunicación, en las publicaciones de personas que solicitan difundir la información de un desaparecido. Tanto la Fiscalía como la PNC se basan en un protocolo de búsqueda de un desaparecido, 72 horas después de ocurrido el hecho, esto, por supuesto, es una angustia para los familiares del desaparecido y, por qué no, una tortura.
Las autoridades deberían modificar esa tortura, de tal forma que en el momento en que un familiar pone la denuncia de la desaparición de su familiar activen las alertas para que inicie la búsqueda, pues 72 horas después una persona ya podría estar muerta y enterrada en algún cementerio clandestino. Si la búsqueda iniciara de forma inmediata, sobre todo, tratándose de jóvenes, seguramente se podría evitar la muerte del joven o la joven o su desaparición definitiva.
“En la Policía (PNC) nos dijeron que debíamos esperar 72 horas para una denuncia formal y montar su búsqueda. Insistí que era un menor de edad para que me ayudaran. Luego fuimos a la Fiscalía (FGR), nos dijeron que introducirían los datos a un programa especial para la búsqueda de desaparecidos y nada. Es muy difícil esta situación, pero guardamos la esperanza de su encuentro”, manifestó una angustiada madre, al relatar su caso cuyo hijo, después de esas 72 horas, han sumado tres años del desaparecimiento.
De acuerdo con el estudio de la FESPAD, los responsables de las desapariciones son mayoritariamente las pandillas o maras, que controlan amplios territorios en el país, por lo que debe ser un plan específico para buscar a las víctimas y para prevenir el delito.
Pero en las desapariciones, según el estudio, también están involucradas las autoridades, es decir, la policía y el ejército, esto lo pone una preocupación mayor, pues, si hoy que los casos seguramente son excepcionales, y sino hay una preocupación real y pública de la autoridad para combatir a los responsables, el tema se le saldrá de las manos al Gobierno. Nos parece que el estudio debe ser retomado por las autoridades, pues allí, además, hay recomendaciones que deben valorarse sobremanera.
