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Ricardo Olmos Guevara
Economista
Los derechos de propiedad forman parte de las instituciones formales que contribuyen al desempeño económico de las economías exitosas en el mundo. Se definen tales derechos como aquellos que los individuos se apropian sobre los resultados de su trabajo y sobre los bienes y servicios que poseen, siendo respaldados por las normas legales, las formas organizacionales de una sociedad, de cumplimiento obligatorio y que son establecidos por las normas de conducta dentro de un marco institucional.
Douglass North, Premio Nobel de Economía en el año 1993 en el marco de la Nueva Economía Institucional, NEI, indicó que las sociedades protectoras de esos derechos contribuyen a que las decisiones de los agentes económicos se realizarán con mayor nivel de certidumbre y con beneficios económicos favorables. En El Salvador, un caso concreto en donde se observa la defensa y garantía del precepto constitucional en materia de seguridad jurídica, referido a la defensa de los derechos de propiedad, se verifica con la dinamización del crédito hipotecario cuyo destino es la inversión en la adquisición de vivienda.
Este tipo de mercado se refiere básicamente a la oportunidad de generar préstamos y crédito garantizado con primera hipoteca sobre bienes inmuebles, rol que ha venido siendo desarrollado por las instituciones financieras y que sirven como intermediarias del dinero depositado por los agentes que gozan de excedente de liquidez y que son intermediados por el sistema financiero hacia las familias prestatarias que realizan inversiones, para lo cual la banca usualmente genera los mecanismos de las primeras hipotecas.
Y en efecto, en el mundo occidental particularmente, a lo largo de los años se ha creado un poderoso mecanismo para extender el financiamiento a las familias que solicitan crédito a partir de las hipotecas generadas, siendo el sistema financiero el que proporciona esas oportunidades para asegurar un bien duradero a las familias. En El Salvador, a nivel nacional, el sector público a través del Centro Nacional de Registros, CNR, registra un promedio de 37 mil propiedades cada año con aproximadamente dos mil millones de dólares garantizados, que representan el 8 por ciento del PIB, entregando ese valor público que favorece a los usuarios, dinamizando la actividad económica que realiza el sector privado. Este mercado formal de la vivienda es desarrollado por instituciones que tienen las facultades legales, y ofrecen la seguridad que al final de las amortizaciones realizadas por las familias, estas tendrán pleno derecho legal sobre el inmueble respectivo.
La inversión en bienes duraderos como lo realizan las familias y empresas proporciona nuevas oportunidades de inversión, particularmente la inmobiliaria, pues puede convertirse fácilmente en respaldo para nuevas gestiones financieras con tal de ampliar las operaciones de trabajo empresariales en el país.
La ampliación del crédito para la adquisición de vivienda nueva y usada es un fenómeno que permite que los hogares realicen inversiones en bienes duraderos. Los resultados para el ejercicio del año 2017 generados por los catorce bancos del sistema financiero posibilitaron 2.4 miles de millones (20.6 %) del total de crédito otorgado, que ascendió a los USD$ 11 mil millones de la cartera de préstamos realizado por el sistema bancario del país.
Los mercados, si son bien orientados y complementados por el sector público con regulaciones pertinentes y necesarias, generan valores intangibles de provecho ciudadano. En ese sentido, las iniciativas que vayan en dirección a la protección de lo que es público y/o privado generan sinergias positivas para beneficio nacional. Los ilícitos que se cometen por bajos o elevados niveles de corrupción drenan la oportunidad de resguardar los derechos de propiedad, generan incertidumbre y reducen las oportunidades de generar mayor riqueza y estabilidad social.
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