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Luis Armando González
La complejidad de la situación actual del país plantea desafíos a los distintos actores nacionales, y no solo a aquellos que son decisivos en la toma de decisiones institucionales o económicas, sino a los que influyen en la configuración de los valores, actitudes y conductas de las personas. Las iglesias, en toda su variedad y su distinto peso social, son agentes configuradores de valores y normas, creencias y opciones, que influyen en los comportamientos ciudadanos del más variado signo: desde las relaciones de pareja y la sexualidad, pasando por decisiones económicas, hasta llegar a la participación ciudadana comunitaria y política. Creencias o increencia aparte, la mirada de las ciencias sociales no puede dejar de reconocer, en una sociedad como la nuestra, el influjo cultural de las religiones promovidas desde las distintas instituciones cristianas católicas y protestantes, con influjos de otras corrientes de creencias –por ejemplo, judías y musulmanas— de menor peso, pero también presentes. Tampoco se puede dejar de reconocer el papel decisivo que tuvo el cristianismo crítico –emancipador y liberador— en la fragua de actitudes y comportamientos que, en las décadas de los años setenta y ochenta, del siglo XX, impulsaron a grupos significativos de la sociedad salvadoreña hacia la rebeldía, la lucha por la justicia y el sacrificio. Una parte importante de la institucionalidad católica fue el soporte de los procesos que desembocaron en comportamientos individuales y colectivos de compromiso con el bien común. Se cultivaron dinámicas de educación política y de organización popular que crearon conciencia cívica y ansias de conocer y realizar cambios en un país con demasiadas injusticias y desigualdades. Monseñor Luis Chávez y González abrió las puertas de la Iglesia a los problemas sociales; monseñor Oscar Romero llevó a la Iglesia a la calle, a la plaza, a los pueblos, a los cantones y caseríos; monseñor Arturo Rivera Damas hizo de la Iglesia un espacio para el debate para la paz en el marco de la guerra civil. La guerra terminó, problemas importantes fueron atendidos y superados; otros, como las desigualdades estructurales, siguieron vigentes. El espíritu de compromiso del cristianismo católico fue mermando, por distintas razones. Los procesos de formación política y cívica dejaron de ser una prioridad, al igual que el fomento de una participación ciudadana, crítica y coherente. Quizás se estimó que otros harían el trabajo. Pues bien, ese trabajo no fue realizado por nadie más, y la crisis actual del país ha encontrado a una sociedad inmovilizada en lo organizativo y limitada en las capacidades de análisis por parte de sus integrantes. ¿Tienen algo que aportar las iglesias –y no solo la Iglesia católica— a la sociedad en la educación cívica y el compromiso participativo? Si es así, ¿cuáles pueden ser las rutas a seguir? Estas son las preguntas sobre las que reflexionan los integrantes del grupo de análisis que, con varios colegas, hemos integrado en el marco de la situación actual del país.
Oscar Arnulfo González Márquez (comunicador e investigador social): Las iglesias son agentes articuladores en el espacio socio-político. Aunque se debe reforzar la laicidad, no se debe pasar por alto la importancia que tienen las iglesias en la configuración del sistema social y político. No se trata de que abanderen proyectos político-partidistas o que se utilice la religión con fines políticos. Se trata de que, como actores sociales, las iglesias contribuyan a transformar a la sociedad, para que esta sea más justa y equitativa. En este sentido, deben volverse espacios que fomenten la discusión y la participación, y que, posteriormente, apoyen demandas de la sociedad civil que se opongan a las desigualdades. Es decir, se trata de posicionarse como un agente crítico y autocrítico. En este periodo –con riesgo de rebrotes de coronavirus— deben seguir promoviendo las medidas de protección contra el mismo y, durante sus actividades (misas, cultos, etc.), también tomar las precauciones adecuadas. Por otra parte, además, por supuesto, de impulsar una espiritualidad más humana, ante las necesidades de sus respectivas comunidades de fieles, tienen que coordinar acciones para solventarlas –o al menos disminuirlas— y también promover el trabajo en conjunto. Esto último implica hacer partícipes a los miembros de su congregación para que también actúen a favor de su comunidad y del país en su conjunto, más allá de que esto tenga un beneficio directo para ellos o para personas que forman parte de su grupo. Asimismo, deben sumarse a luchas sociales, como la que busca la aprobación de una Ley de Agua o la de una pensión digna.
Lucio Reyes (defensor de derechos humanos): Las diferentes iglesias de inspiración cristiana tienen como fuente común de su fe, la Santa Biblia; en ella se encuentra una línea trasversal, tanto en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, la defensa de los derechos de pobre frente a los abusos del poderoso. Los distintos profetas del Antiguo Testamento así lo manifiestan en sus diferentes escritos, el mismo Jesucristo enseñó a sus discípulos a ponerse en defensa del débil y del pobre, víctima de los abusos de los poderosos. Esta opción fundamental de la fe cristiana ha sido retomada por los Padres de la Iglesia y los diferentes líderes cristianos en el siglo XX, como monseñor Romero, Leónidas Proaño, Martín Luther King, entre otros. Sin embargo, en este nuevo siglo, la mayoría de los nuevos líderes de las iglesias cristianas no está comprometida en sus opciones pastorales con la defensa de los derechos humanos de los sectores en condición de vulnerabilidad.
