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Por Alfons Luna
Londres/AFP
La Cámara de los Comunes votó a favor de la ruptura con la Unión Europea, salvando el primer gran obstáculo que se le presentaba al gobierno británico para materializar el divorcio.
El proyecto de ley que permite al gobierno de Theresa May notificar oficialmente la salida de la UE y empezar dos años de negociaciones recibió el voto a favor de 494 diputados y en contra de 122.
Tras esta segunda votación en los Comunes, el borrador tendrá todavía que superar dos votos en la Cámara de los Lores, cuyos miembros, al ser no electos, podrían ignorar «la voluntad del pueblo» y enmendar el texto, pero a riesgo de incrementar los llamamientos a abolir la cámara.
Si la ley completa su recorrido sin problemas y en los plazos previstos, May podría acudir a la cumbre europea de Bruselas del 9 de marzo a invocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, puerta de salida de la UE.
Siete meses después de la inesperada victoria del Brexit en el referéndum, el voto de los Comunes será otra puñalada a la última esperanza de quienes no se resignaban al resultado: que los tribunales o el Parlamento frenaran la ruptura.
Una de las figuras de la campaña a favor del Brexit, Nigel Farage, exlíder del partido antieuropeo y antinmigración UKIP, se congratuló: «nunca soñé que vería a los Comunes votando abrumadamente a favor de abandonar la UE».
En cambio, el diputado demoliberal Nick Clegg lamentó que «el gobierno haya tomado la decisión política de buscar un Brexit duro y destructivo, y el hecho de que la ley se haya aprobado sin enmiendas les da un cheque en blanco».
Los diputados le arrancaron una concesión al gobierno a cambio de no entorpecer «la voluntad popular»: poder votar el borrador del acuerdo de ruptura con la Unión Europea.
De todos modos, el gobierno precisó que un rechazo del Parlamento no impediría la salida de la UE. Así, las opciones del Parlamento serían aceptar lo que negocie May o abandonar la UE sin acuerdo.
Los antieuropeos, como ‘yihadistas’
La idea del gobierno era acabar con la posibilidad de una rebelión en sus filas conservadoras de unos diputados proeuropeos cada vez más descontentos con el nivel de escrutinio de las negociaciones que May está dispuesta a tolerar.
Uno de ellos, la diputada Claire Perry, tildó de «yihadistas» a los antieuropeos: «a veces siento que estoy sentada con colegas que son como yihadistas apoyando un Brexit duro» cuando dicen cosas como «‘¡no hay Brexit lo suficientemente duro! ¡Fuera, europeos diabólicos, no queremos que mancilléis nuestras puertas otra vez!'».
Más problemas para contener una rebelión está teniendo el Partido Laborista, primero de la oposición, cuyo líder, Jeremy Corbyn, apoyado por la militancia pero siempre cuestionado por sus diputados, tuvo problemas para hacer acatar su orden de votar a favor de la ruptura y 51 diputados le desobedecieron.
A ellos se le sumaron los diputados nacionalistas escoceses y el más pequeño Partido Liberal Demócrata. Pero la suma de todos no pudo vencer a la mayoría absoluta de diputados conservadores (329 de 650).
May descarta un segundo referéndum en Escocia
El otro frente abierto por el Brexit es Escocia. En el plebiscito sobre la UE, la región del norte votó a favor de seguir en Europa, y ahora los independentistas esgrimen ese deseo europeísta para reclamar otro referéndum sobre eventual segregación.
El martes, en un gesto simbólico, el Parlamento escocés aprobó una moción con mayoría abrumadora rechazando el Brexit.
Sin embargo, May expresó este miércoles su oposición a un segundo referéndum de independencia, coincidiendo con un sondeo que constataba un aumento del apoyo a la secesión del 45,5% al 49% en tan solo un mes.
«No creemos que deba haber un segundo referéndum» tras el de 2014, dijo May a la prensa al término de la sesión de control semanal de la primera ministra en el Parlamento.
«Hubo un referéndum, fue claro, concluyente, legal, y ambas partes acordaron respetar los resultados», recordó la primera ministra.
Según el diario escocés The Courier, que citó fuentes bajo anonimato, Londres asume que la jefa del gobierno regional escocés, Nicola Sturgeon, convocará un segundo plebiscito para agosto de 2018 y está preparando una respuesta.
