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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Con la finalidad de contribuir a la rehabilitación integral de miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), los diputados de la Asamblea Legislativa avalaron durante la sesión plenaria de este jueves, una transferencia de recursos al presupuesto del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA) por un monto de $666 mil 666.
Los recursos provenientes del presupuesto vigente, servirán para la adquisición de materia prima requerida para la fabricación de prótesis y órtesis, compra de equipo de terapia física, activo fijo y financiamiento de gastos administrativos.
En el transcurso de la sesión de trabajo, el pleno legislativo también aprobó otra reforma a la Ley del Presupuesto vigente, esta vez para transferir recursos por $240,000 en favor de la Procuraduría General de la República (PGR) con los cuales la institución honrará obligaciones de funcionamiento para el final del año.
“La Procuraduría General es la única institución que en forma tangible y verificable le devuelve el dinero al pueblo que se le asigna en el presupuesto, y lo devuelve en cuotas de alimentación y los dineros que procura en función de las madres y niños abandonados; nos sentimos no solo comprometidos, sino en función de que estas instituciones continúen operando”, dijo Rodolfo Parker, diputado del PDC.
Los legisladores aprobaron con 61 votos a favor la transferencia de recursos para la PGR, institución a la que reconocieron imponer demandas de asistencia y obligaciones con el fin de adaptarla a los tiempos modernos, sin dotarla de los fondos necesarios para tal labor.
Más tarde, el Congreso salvadoreño también autorizó una reasignación de fondos por $250,918 destinada al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual se utilizará en el apoyo a migrantes retornados y sus familias por medio de programas ejecutados por el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (COMIGRANTE).
En otro orden, el pleno legislativo prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2022 la Restricción de Exportaciones de Desperdicios y Desechos Ferrosos y No Ferrosos, emitida el 31 de octubre de 2007, que vencían a finales de este año; a juicio de los legisladores, estas disposiciones sirven para disuadir el hurto de cobre en cables telefónicos y de energía eléctrica en el país.
