Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Mirna Jiménez
Diario Co Latino
Para el exjefe de Estado, ailment cialis sale Mauricio Funes, sovaldi sale los grandes empresarios no se preocupan por aportar soluciones al problema de la delincuencia y violencia, ambulance porque no les afecta a ellos, sino a la población más pobre del país.
“Las élites empresariales no sufren este tipo de delincuencia, ya que pueden protegerse recurriendo a la vigilancia privada o viviendo en condominios o barrios residenciales, mientras la delincuencia no les afecte directamente los planes deben ser financiados por los pobres y sectores medios y medios bajos”, cuestionó Funes.
Es la única explicación que, a juicio del exmandatario, se le puede dar a la propuesta de ARENA de aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 13% al 15% porque quieren que el pueblo pobre cargue con el financiamiento porque ellos están tranquilos.
Diferente fue el caso de Colombia donde el problema de violencia se daba en las capas altas y los empresarios eran víctimas de secuestro y de las bombas que ponían los principales cárteles de la drogas en ciudades importantes. Debido a ello, la élite económica colombiana aceptó la implementación de un impuesto por la seguridad que fue financiado por la gran empresa.
“Mientras la delincuencia provocada por las pandillas siga concentrada en los barrios populares, donde predomina la marginación y la exclusión, las zonas pobres, difícilmente habrá conciencia en ARENA y en la ANEP que la contribución principal debe de venir del sector privado”, cuestionó Funes.
De acuerdo al exmandatario, mientras no exista un presupuesto extraordinario para enfrentar el problema de la inseguridad, no se pueden ejecutar planes sustentables que lleven a resolver completamente la violencia generalizada en El Salvador.
Funes argumentó que solo en la parte represiva se necesita un presupuesto mucho mayor y que no son solo $15 millones como los aprobados para entregar bonificaciones a los policías, sino que se trata de varios cientos de millones para cubrir de manera permanente necesidades como el incremento salarial para los policías, capacitación, renovación de equipo y transporte, adquisición de tecnología, construcción de penales, contratación de nuevos custodios para centros penales.
“Mientras la Asamblea Legislativa, mientras la derecha en El Salvador no ponga en agenda el tema del financiamiento extraordinario para la seguridad pública, ningún plan propuesto será posible ejecutarlo en el corto plazo”, consideró Funes.
El expresidente explicó la contradicción del partido ARENA que no dio sus votos para la emisión de $900 millones en bonos, los que incluyen una parte destinada a la seguridad y tampoco ha acompañado las votaciones para nuevos préstamos para combatir la violencia con la justificación que no tiene clara los destinos de ese dinero, pero sí está constantemente cuestionando al Ejecutivo por los niveles de criminalidad en el país.
“Se resisten a discutir el tema de financiamiento extraordinario para seguridad, basta con escuchar las posiciones de diputados de ARENA como del General Mauricio Vargas, Beto (Alberto) Romero, el presidente del mismo COENA (Jorge Velado), como de Luis Cardenal y Jorge Daboub; para todos ellos el problema no es de falta de recursos”, cuestionó Funes.
El exmandatario se mostró en contra de la propuesta de subir dos puntos al IVA, planteada por el diputado arenero, Juan Valiente, y dijo que en su lugar mejor se debería activar nuevamente el impuesto al patrimonio, aplicado de acuerdo a los bienes de cada persona y el cual fue derogado durante la administración de Alfredo Cristiani(1989-1994), primer presidente de ARENA.
“En lo particular no estoy de acuerdo con esa propuesta porque carga el presupuesto extraordinario de la PNC a los más pobres. Esa posición (de subir el IVA) tiene un claro sentido de clase”, afirmó Funes.
El exgobernante también criticó las pretensiones del partido de derecha de buscar un diálogo bilateral con el Gobierno y el FMLN para abordar el tema de la seguridad pública, excluyendo a otras fuerzas políticas que representan a importantes sectores de la población como son GANA, Concertación Nacional (PCN) y la Democracia Cristiana (PDC), que obtuvieron importantes caudales de votos que les han permitido gozar de representación en la Asamblea Legislativa.
“Cuando ARENA privilegia el diálogo con el Gobierno y su dirigencia deja a un lado a otros actores políticos y sociales, es como que buscara una especie de cogobierno” solo por el hecho de haber obtenido un 49% de votos en la segunda vuelta de las elecciones, cuestionó el exmandatario, quien agregó que eso no le otorga ningún poder sobre el Ejecutivo al partido de derecha, sino más bien responsabilidad ante la población, como principal partido de oposición.
Funes afirmó que ARENA insiste en su estrategia de desestabilización y que las críticas contra el presidente Salvador Sánchez Cerén por viajar a Cuba a un tratamiento médico durante la semana de los ataques de pandillas al transporte público, solo han querido sembrar la idea entre la población, de que al mandatario no le interesa el país.
El expresidente denunció que con esa campaña mediática, donde el partido de derecha “juega con la salud” del presidente, ARENA pretende “poner en duda las facultades del mandatario y generar una especie de malestar entre la población”, con propósitos peligrosos. Con esos antecedentes, “los llamados al diálogo son del diente al labio”, insistió.
Demandas en su contra
Por otro lado, el exjefe de Estado aseguró que le han confirmado fuentes de todo crédito que el grupo de procesados en el caso CEL/Enel y liberados de cargos mediante un subterfugio legal, van a presentar la próxima semana acusaciones de difamación en su contra por haber denunciado la maniobra que se confabuló para vender el subsuelo del país a una empresa extranjera.
“Lo cierto es que si esa denuncia no se hace pública durante mi Gobierno, el Estado no hubiera recuperado recursos estratégicos para el país”, dijo Funes, en relación al proceso por medio del cual El Salvador recuperó el control de la geotermia, luego que en anteriores gobiernos se le entregó a una empresa italiana sin que la Asamblea Legislativa diera el aval.
“En el transcurso de la próxima semana y en las semanas que vienen, los implicados en el caso CEL/Enel, sobreseidos por un tribunal de sentencia, van a presentar una serie de demandas en mi contra acusándome del delito de difamación y calumnia, hoy tengo plena certeza de que esas demandas vienen”, dijo el exmandatario.
Funes dijo que los acusados del caso se han estado reuniendo con algunos diputados de ARENA y con algunos sectores del gran capital en la casa de un conocido “gran empresario”. Estos buscan implementar, afirmó el expresidente, acciones no solamente de naturaleza judicial en su contra sino también “acciones de naturaleza política” con el fin de entorpecer la labor de este Gobierno.
Las demandas serían tanto a nivel local bajo el delito de “denuncia calumniosa” como también en los Estados Unidos, ya que dos de los procesados en el caso tienen ciudadanía estadounidense, ahondó el expresidente.
Funes dijo que no hay problema que los ciudadanos recurran a la justicia pero lo que no se vale es que recurran a la venganza o desquite político por las denuncias hechas por él en contra de las maniobras que afectaban la soberanía del país.
“A través de este espacio denuncio esta vendeta política patrocinada por la derecha oligárquica en un intento de frenar las denuncias de actos de corrupción cometidos por administraciones del partido ARENA”, dijo Funes.
Funes dijo que no se puede permitir que en el país acaben con la denuncia pública aquellos sectores que defienden intereses oligárquicos y acusó a sectores del gran capital de controlar el poder judicial para mantenerse en la impunidad.
“Les exhorto a que construyamos un frente común contra la corrupción y la impunidad para que no se siga utilizando el control que estos sectores tienen del sector justicia en nuestro país y la influencia dominante que tienen en buena parte de los medios de comunicación para perseguir política y judicialmente a quienes denunciamos la corrupción gubernamental promovida por intereses privados”, expresó Funes.
