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ADESES, agosto 2017
El pasado 14 de agosto el bloque de partidos de derecha presentó una propuesta de reforma del sistema previsional, la cual, dicen, es un consenso de todas las propuestas que se han presentado, sin embargo, al ver el contenido de esta, se pueden reconocer los planteamientos de ASAFONDOS y la ICP, con el agravante que ahora se expone con más engaños a la clase trabajadora, como ha sido el sistema privatizado de pensiones desde su origen.
Como hemos discutido en artículos anteriores, es necesario reconocer que el actual problema de la insolvencia del Estado para poder sostener un sistema de pensiones (inviable financieramente), es la estructura sobre la que se erige la política fiscal, la cual está preñada de contradicciones que la llevan al borde de la insostenibilidad cada año. El mecanismo utilizado para ir sorteando estos desbalances ha sido el incremento de la deuda pública. Es importante identificar entonces que el origen de esta situación se encuentra en la recomposición neoliberal del Estado salvadoreño desde 1989.
Se privatizaron empresas públicas, se creó un marco regulatorio cada vez más permisivo con los grandes capitales con amplias exenciones fiscales y se cargó impositivamente más a los hogares. Como resultado de estas reformas, el esquema tributario actual se sostiene a partir de la tributación de los hogares para subsidiar a las empresas acogidas bajo el marco de incentivos fiscales.
De este modo, los hogares tributan el 26% de sus ingresos para un gasto fiscal (lo que el Estado deja de percibir por las exenciones) estimado de 870 millones de dólares en 2012. A esto hay que sumar el monto de evasión y elusión que es alrededor de los 2.5 mil millones de dólares.
Sin dudas, un esquema que deteriora la capacidad de compra de los hogares. Sin embargo, tal como funciona el capitalismo, si existe una oportunidad para ampliar su órbita de acumulación, será aprovechada; precisamente eso fue lo ocurrido con el sistema previsional.
Las pensiones no son más que un salario diferido que se devenga al final de la vida laboral de la persona, se puede decir, entonces, que las pensiones son parte del valor de la fuerza de trabajo, y la lucha sobre la definición de un determinado sistema de pensiones, es parte de la lucha social sobre la determinación del valor de esa fuerza.
Tenemos un sistema de pensiones que fue utilizado para ampliar la órbita de acumulación del capital y despojar a la clase trabajadora de parte del valor de su fuerza de trabajo, el salario diferido pasa a manos privadas y, por tanto, una porción del valor de dicha fuerza, además de la explotación del plusvalor, se vuelve ahora un fondo de acumulación de rentabilidad, pero, sobre todo, un fondo de apalancamiento para la especulación financiera y encubrir la insostenibilidad del sistema de pensiones en la medida que este absorbe valores del Estado, lo cuales son para mantener a flote el mismo sistema y así garantizar las rentabilidades mayores al 50% anual, promedio, que disfruta el capital transnacional que conforma el capital social de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones).
Se privatizan los fondos de pensiones y generan un problema fiscal que se viene arrastrando con un sistema previsional social y financieramente insostenible para la clase trabajadora y el Estado. No obstante, el monto de las utilidades obtenidas en el período 2000-2014 les permitió a las AFP recuperar el capital social invertido 8.8 veces, lo cual equivale a una rentabilidad anual promedio de 59%, indicador que no se repite en ninguna otra actividad económica.
“La privatización de las pensiones que se realizó en 1997, con la aparición de las AFP, no resolvió el tema previsional, lejos de ello, lo condujo a un diferimiento de la crisis, trasladando hacia adelante en el tiempo el estallido de la crisis fiscal. Desde muy temprano, la privatización mostró su inviabilidad, se le ha realizado una serie de modificaciones, al menos cuatro, cuya finalidad fue prolongar la agonía y nunca fueron realizadas con el propósito de corregir sus deficiencias de origen” (UCA, 2016) .
La privatización de las pensiones ha supuesto una fuerte presión sobre el endeudamiento, la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) ha pasado de 9,332.52 millones de dólares en 2009 a US$ 12,619.6 millones en 2016, un aumento del 35%, pero que le permite estabilizarse alrededor del 46% del PIB. Sin embargo, la deuda del Sistema Público Financiero, donde están incluidas las pensiones, ha incrementado un 61%, pasando de US$ 1,634.1 millones en 2009 a US$ 4,725.76 millones en 2016, que implica un aumento del peso de esta deuda de 7.9% a 17.6% del PIB.
Según cálculos propios, tomando datos de las instituciones públicas (Ministerio de Hacienda y Superintendencia de Pensiones), la deuda previsional del Estado al año 2016 totalizaba US$ 24,664 millones, lo que hace que la dimensión real de la deuda del SPNF sume, en el año 2016, US$ 42,065 millones, haciendo que la relación del PIB con la deuda del SPNF se dispare al 155%, y muestra la gravedad del problema de la deuda.
Además, el sistema de ahorro privado actual le ha costado a la clase trabajadora un pago a las AFP y compañías de seguros de US$ 1,358.30 millones. Adicional a este costo, el Estado, por su parte, ha hecho desembolsos al sistema privado de ahorro individual por US$ 8,517.00 millones; lo anterior implica que la privatización de las pensiones ha tenido un costo total para la clase trabajadora y el Estado de US$ 9,875.30 millones.
Esto no ha generado ningún resultado positivo a la clase trabajadora, lo cual es comprobable en el hecho concreto de que, del total de 99,736 personas pensionadas por vejez, 53,262 tienen pensiones entre US$ 507.60 y US$ 207.60, siendo 31,377 las que tienen pensiones de apenas US$ 207.60, y lo más grave es que hay 24,842 personas con pensiones por vejez inferiores a ese monto tan bajo. Lo anterior permite concluir que el 78.3% de los pensionados por vejez están entre la pobreza y la miseria, en más, del total de personas afiliadas a las AFP (que totalizaban 1,511,144), se registra que el 78.4% de esa población solo tendrá derecho a pensión mínima.
Es necesario recordar que esto se generó a partir de que se aprobó, en el año 1996 durante el Gobierno de Armando Calderón Sol, la ley SAP (Sistema de Administración de Pensiones), en la que se estableció el traslado, a las empresas privadas, de los fondos de pensiones acumulados en el ISSS de los cotizantes del anterior sistema de pensiones. En esa fecha el Estado se comprometió a pagar una deuda que totalizaba US$ 24,043.97 millones.
En el año 2001 el Gobierno se dio cuenta de la incapacidad financiera con la que contaba para pagar el compromiso anual, ya que los primeros años erosionaron las reservas técnicas del ISSS y era inviable poder hacer esos pagos, por lo que en diciembre del 2001 se aprueba el decreto 664, mediante la forma de pago de los certificados de traspaso, por lo que el Estado se ve obligado a monetizar la deuda de pensiones.
Pero con los bonos que se comenzaron a emitir a partir del año 2002 (que debían ser aprobados por la Asamblea Legislativa y que requerían del aval de la oposición) el partido FMLN comenzó a denunciar el problema del endeudamiento público y a condicionar su incremento, por lo que en septiembre del 2006 se crea el decreto 100, que establece una nueva modalidad de financiamiento de obligaciones previsionales, por medio de la creación del fideicomiso que le da vida a los CIP (FOP).
A partir de este decreto, los valores emitidos para cubrir los traspasos de los fondos de pensiones CIP se vuelven inconstitucionales, dado que estos no llegan para su aprobación a la Asamblea Legislativa, por lo que se ponen en riesgo los fondos de pensiones de la clase trabajadora del país, pues estos valores no cuentan con la garantía del Estado. Podemos ver cómo se vuelve perverso el proceso de endeudamiento previsional, ya que de esta forma se convierte en bonos que pagan altos intereses. Esos bonos los adquieren las AFP y cada vez que el Estado les va a pagar, como no tiene liquidez ni le dan los impuestos para eso, este se endeuda.
Según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, en el 2030, solo la deuda previsional, va a exigir un servicio de la deuda de más de mil millones de dólares al año.
El monto de las transferencias que se han realizado para el pago de las pensiones, y las emisiones que se han realizado de los CIP A y B, han permitido establecer el monto de la deuda previsional, al 2013, de US$ 24,104 millones. Es importante señalar que dicho monto es similar al de la deuda previsional (al valor presente publicado por la Superintendencia de Pensiones), el cual fue de US$ 24,085 millones. Este análisis se basa en una larga investigación del sistema de pensiones desde su privatización y con proyecciones hasta el año 2030, investigación que se encuentran en el libro “Una Pensión para Todos”, de Salvador Arias (ADESES), el cual se hizo en una dinámica de consultas con 63 organizaciones sociales, con predominancia de sindicatos, durante dos años, de ahí nace igualmente la propuesta de ADESES que se presenta más adelante.
Por otra parte la propuesta que presenta el bloque de partidos de derecha implica un aumento de la tasa de cotización, del 13% al 15%, tal como la propuesta de la ICP, con un peso del 7.25% a cargo del trabajador y 7.75% al empleador. De esas cotizaciones, el 2% serán para las comisiones de las AFP y 2% para la creación de la Cuenta de Garantía Solidaria, a cargo del empleador. El 7.25% de aporte del trabajador se suma a la cuenta individual y se evidencia el primero de los engaños. Argumenta que la tasa de cotización a la cuenta individual se complementaría con un 3.75% para llegar al 11% (actualmente es el 10.8%), sin embargo, esto sería a partir de 2050. La propuesta asume un aporte patronal a la cuenta individual del 0.75% hasta 2020 con incrementemos escalonados hasta lograr los 3.75% en 2050.
Lo anterior es un calco de la propuesta de la ICP y deja la cotización a la cuenta individual a un 8%, que tendría como consecuencia pensiones aun más bajas de las que resultan del sistema actual, que son ya pensiones de hambre.
Otro de los elementos que se presentan como ventajosos es la creación de la Cuenta de Garantía Solidaria, también administrada por las AFP, una cuenta que tendría que pagar pensiones de longevidad, pensiones de vejez en segunda etapa, los certificados de traspaso y de traspaso complementario, pensiones mínimas, por sobrevivencia, beneficios económicos permanentes y cotizaciones al régimen de seguridad social del ISSS; sin embargo, no dicen que la forma en la que se financia disminuiría la pensión que se percibiría a futuro y representaría, de facto, un impuesto a las pensiones que ya se reciben. Aducen, los miembros de la derecha política, que la propuesta incluye un beneficio de pensiones de longevidad, para contar con pensiones vitalicias. Sin embargo, esto solamente busca legitimar la disminución de las pensiones, ya que este beneficio solo lo tendrían quienes tienen más de 20 años jubilados, esto es, que tengan 80 años las mujeres y 85 los hombres. Pero, con esperanza de vida inferior a los 80 años, este supuesto beneficio no implica reales aportes a la población. Un constante reclamo de la derecha es el bajo rendimiento que generan las pensiones invertidas en CIP del Estado, y frente a eso proponen un esquema multifondos, que da la capacidad de invertir hasta el 45% de los fondos de pensiones de los aportes de la clase trabajadora hasta 35 años en instrumentos de renta variable, y abre la puerta a inversiones en el mercado financiero internacional, incluso de derivados. Pero es necesario recordarles a estos representantes de la burguesía oligárquica que el rendimiento que pagan los CIP por ley fue fijado a la tasa de referencia internacional LIBOR más una renta fija, esto significaba cerca del 7% en ese momento. Para el momento de la crisis financiera internacional, la tasa LIBOR cayó a 0.25% y, por tanto, el rendimiento de las pensiones. EL BAJO RENDIMIENTO DE LAS PENSIONES ES UN PROBLEMA CREADO POR EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL al que ahora le quieren apostar.
En la propuesta se crearían dos comités de seguimiento al sistema previsional, el Comité de Riesgo y el Comité Actuarial, ambos con representación empresarial, en la que la propuesta asigna su elección a la gremial empresarial más representativa, es decir, que buscan que la ANEP sea decisora en temas previsionales.
Mantienen también la posibilidad de utilizar un anticipo de saldo de la cuenta previsional de hasta el 25%. Para comenzar, esto implica dejarle a las AFP una capacidad de entidad bancaria y dar otra forma de sacar ganancias de la clase trabajadora. Pero además, si se hace uso de este mecanismo las personas tendrían que diferir su jubilación hasta 5 años más, dependiendo del monto del adelanto que falte reintegrar.
En definitiva, la propuesta presentada por el bloque de partidos de derecha es solamente un disfraz de la propuesta de ASAFONDOS, con la intención política de opacar la participación de esta gremial, pero que termina favoreciendo a la única parte que se han beneficiado del esquema privatizado de pensiones, las AFP.
La propuesta desde ADESES, como fue presentada en “Una Pensiones para Todos”, se manifiesta como un proceso, considerando en primer lugar a la persona humana, como lo establece el artículo 1 de la Constitución de la República. Por consiguiente, se trata de recuperar la solidaridad, introducir la universalidad y rescatar las finanzas públicas, quitándole al Estado la insostenible carga financiera que implica el modelo actual. Por supuesto, siendo respetuosos de los derechos adquiridos por las AFP y de quienes decidan libremente seguir siendo miembros de esas entidades, totalmente a su riesgo personal y sin ninguna garantía de última instancia si las AFP quiebran, o les dan unos rendimientos bajos, o pierden sus pensiones por shocks financieros.
La pertenencia a uno u otro sistema de pensiones debe ser totalmente voluntaria y libre, por consiguiente, las personas que así lo decidan podrán cotizar en el sistema público y si quieren seguir ahorrando, a su propio riesgo, en las AFP lo pueden hacer libremente. Este ahorro no tiene ninguna relación con la obligación que la Constitución impone al Estado sobre las pensiones, en cuanto a que este es un servicio social, un servicio público de carácter obligatorio.
El actual sistema de ahorro para pensiones, que en realidad se convertirá en un Sistema de Ahorro para la Vejez con las reformas que proponemos adelante, continuaría operando para quienes quieran seguir o afiliarse a esta opción, esto como un servicio privado, como una mercancía, no como un servicio social. Será necesario hacer una campaña clara de los beneficios y riesgos, tanto del Sistema de Ahorro para la Vejez, como del sistema de capitalización colectiva.
Proponemos un sistema de capitalización colectiva porque es viable y tiene la ventaja de dar mejores prestaciones a la clase trabajadora. Es necesario crear la institucionalidad necesaria para que una sola entidad del Estado asuma la obligación de administrar las cotizaciones para pensiones de los trabajadores públicos y privados, que libremente lo deseen, volviendo al sistema de capitalización colectiva y de pensión definida; este sistema de pensiones debería tener las siguientes características:
a) Debe ser administrado a partir de la constitución de un fondo independiente, a cargo de la nueva entidad, el cual se nutra de las cotizaciones y los ingresos que generen las inversiones de los recursos del fondo.
b) Esta nueva institucionalidad debe estar fundamentada en la solidaridad, por consiguiente, la base sobre la cual debe calcularse la cotización no debe tener límite respecto del monto del salario.
c) El derecho a tener una pensión se fundamenta en el tiempo cotizado y debe haber un mínimo de años cotizado para optar a una pensión, sin condición de la edad; esto es importante porque contribuye a diferenciar los riesgos laborales a que están sometidos los trabajadores, por ejemplo, si se pone como mínimo tener una edad de 60 años, un trabajador de la construcción está en desventaja con una persona con formación académica (en laboratorio clínico, por ejemplo), porque el primero entra al mercado laboral a muy temprana edad, y si se le pone como condición que tenga 60 años para tener derecho a la pensión, seguramente no podrá gozar de ella o si la logra obtener será por muy poco tiempo, porque el desgaste físico de su trabajo ha sido intenso, en cambio, la persona con mayor formación, entra más tarde al mercado laboral, y como su trabajo no requiere de gran desgaste físico, podrá gozar de su pensión a mayor edad que el obrero de la construcción. Por otra parte, acumular 60 años de edad cotizando en el mercado de trabajo de la construcción es muy poco probable, dado que a los 35 o 40 años de edad el trabajador generalmente ya no es contratado; esto es igual en el sector servicio y en el sector industrial en general.
d) El monto de la pensión debe estar basado en un promedio de los últimos salarios devengados por el futuro pensionado, en relación con el tiempo cotizado, porque el salario es la mejor medida del nivel de vida de una persona y ese nivel de vida es precisamente lo que hay que garantizarle al trabajador; pero también deben regularse en el sentido de poner límites a las pensiones en aquellos casos en que el asalariado tiene la capacidad de decidir o de influenciar el monto de su salario, para evitar pensiones excesivas.
e) Cuando un trabajador decida trasladarse del sistema de capitalización colectiva al sistema de ahorro para pensiones, no tendrá derecho a reclamar sus cotizaciones; tampoco el sistema de capitalización colectiva le exigirá cotizaciones cuando un trabajador decida trasladarse del sistema de ahorro para pensiones al sistema de capitalización colectiva, pero no contará el tiempo cotizado en el sistema de ahorro para pensiones para optar a una pensión.
f) La ley debe dar los criterios básicos que regulen el tipo de instrumentos y los tipos de emisores que pueden ser adquiridos con las cotizaciones de la clase trabajadora, asegurando una rentabilidad adecuada y un riesgo moderado.
g) El sistema de capitalización colectiva debe ajustar cada año la pensión mínima por la inflación anual registrada en El Salvador, en el mismo evento en que se aprueba el Presupuesto General de la Nación.
h) El sistema de ahorro para pensiones, que se convertirá en un sistema de ahorro para la vejez, ya cuenta con la institucionalidad necesaria y suficiente para operar, por consiguiente, de lo que se trata es de introducirle algunas reformas, como aplicar los conceptos fundamentales de contabilidad a las AFP respecto a lo devengado de las comisiones. Ya no se puede tolerar que las AFP contabilicen las comisiones sobre la base de efectivo.
El concepto de lo devengado dice: “Los ingresos se reconocen hasta que se han devengado y los costos cuando se ha incurrido en ellos”, por lo tanto, deben diferir las comisiones que no han devengado; además, eliminar las responsabilidades patrimoniales que tiene el Estado. Las pensiones para el retiro son un derecho que se ha adquirido a través de la lucha de la clase trabajadora, para asegurar una vida digna cuando estas personas terminan su vida laboral. No son una mercancía para que las AFP hagan sus negocios, mucho menos, para alimentar una perversa lógica de especulación financiera.
